Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud —el organismo autónomo del consistorio de la capital encargado de la gestión de las políticas municipales sobre salud pública—, detectó un aval "no válido" entre la documentación que acompañaba a las mascarillas vendidas por Luis Medina y Alberto Luceño.
Este viernes, Prieto ha acudido a declarar como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, en el cual su titular, el juez Adolfo Carretero, investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de la capital en esta compraventa.
Fuentes presentes en el interrogatorio confirman a EL ESPAÑOL que Antonio Prieto ha manifestado que, al recibir la documentación que acompañaba a los productos, el organismo detectó que parte de los avales estaban escritos en chino, sin traducir, y otro de los papeles era un supuesto certificado atribuido a la empresa italiana Ente Certificazione Macchine (ECM).
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Se trata del mismo aval que este periódico desveló que era inválido para productos sanitarios. También existía una alerta del Ministerio de Trabajo que avisaba sobre los mismos documentos.
Prieto en ningún caso desaconsejó usar las mascarillas —él mismo las usó, sin problema alguno—, ya que, como ha recordado en el Juzgado, las competencias de Madrid Salud se limitaban, únicamente, a analizar la documentación que acompañaba a las mascarillas. Según su testimonio, también desconocía que quienes habían suministrado los productos al consistorio eran el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina.
Tal y como consta en el sumario de la causa, el gerente de Madrid Salud mantuvo conversaciones por e-mail con la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, la funcionaria encargada de las compras sanitarias en el Ayuntamiento al inicio de la pandemia. Collado, que ya declaró en el caso Mascarillas como testigo, fue quien negoció, por WhatsApp, los términos de los contratos con el empresario Alberto Luceño.
En un correo electrónico, Antonio Prieto manifiesta a Collado lo siguiente: "Se supone que [las mascarillas] son FFP2, pero no aparece los certificados oficiales que lo garanticen y el organismo que emite el certificado es el mismo que ya nos alertó el Ministerio de Trabajo de que sus certificados no son válidos".
No obstante, posteriormente, un informe de la Policía Municipal de Madrid sí avaló las mascarillas. El autor de este dosier mostró su conformidad, ya que en los artículos aparecían las letras KN95 (el estándar equivalente a las europeas FFP2), pese a que parte de la documentación estaba en chino.
Sin embargo, Antonio Prieto sí recomendó no usar parte de los test antiCovid suministrados por Luceño y Medina. Se trata de 125.000 reactivos que, dado su baja sensibilidad, no se utilizaron y fueron retenidos en un almacén municipal.
Asimismo, este viernes, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha denegado al partido Podemos —uno de los personados como acusación popular en el caso Mascarillas— la declaración como investigadas de Elena Collado y de Engracia Hidalgo, concejala delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.
Según consta en un auto, los magistrados no detectan "indicio alguno que permita imputar el delito de prevaricación" a ninguna de ellas.
El informe
El pasado 17 de junio, declaró como testigo el funcionario de Madrid Salud que evaluó varias de las mascarillas. Ante el juez, Mario Tabasco, jefe de Prevención de Riesgos Laborales del organismo, puso en duda la calidad de los cubrebocas.
Aseguró que manipuló uno de ellos y su goma, al estirarla, se rasgó. Sin embargo, admitió que ningún empleado público que los usó se quejó de su calidad. Y, de nuevo, en ningún caso Tabasco se opuso a que se utilizasen.
Alberto Luceño, en una imagen de archivo.
El juez Carretero citó a Tabasco, precisamente, por sus e-mails con Antonio Prieto, ya que fue éste el que le encargó una valoración de la documentación que acompañó el material.
En el juzgado, el jefe de Riesgos Laborales también admitió que parte de la documentación, al estar redactada en chino, no pudo ser analizada en profundidad.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.
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Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.