La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre (alias Anboto) ha vuelto a negar su participación en un atentado de la banda terrorista cometido con un coche-bomba el 21 de mayo de 1985 en el polideportivo de Vitoria. Finalmente, el ataque fue frustrado por la Policía.
Así se ha pronunciado este lunes la etarra en la Audiencia Nacional, durante el juicio por estos hechos. La Fiscalía solicita para Iparraguirre un total de 488 años de cárcel.
La vista se celebra después de que el Tribunal Supremo ordenase dictar un nuevo fallo, al considerar que la primera sentencia sobre este caso, que absolvió a la etarra, no tuvo en cuenta una prueba de huellas dactilares.
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En su declaración ante un tribunal —uno diferente al que ya la juzgó—, Anboto ha asegurado que en aquel año aún no estaba integrada en ETA y que no lo estuvo hasta 1990.
"No tengo nada ver", ha subrayado. En 1985, según la versión que ha sostenido a preguntas de su abogado, Iparraguirre estaba "escondida". "El GAL estaba ahí", ha recordado la etarra, acerca de los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación, que combatieron a ETA a partir del año 1982 con métodos al margen de la legalidad.
"Más tarde te das cuenta de que no era sólo el GAL, sino una política destinada a que no hubiera refugiados vascos en el sur de Francia", ha manifestado, tras recordar su relación de cercanía con alguna de las víctimas de esta guerra sucia, como Lasa y Zabala.
"Todo pasaba en un círculo muy pequeño, éramos muy pocos y todo pasaba en un círculo muy cercano", ha dicho. En todo caso, ha defendido que no se integró en ETA hasta cinco años después de los hechos que se juzgan.
Un testigo propuesto por la defensa de Anboto, excolaborador de la banda terrorista, ha asegurado al tribunal que no había ninguna mujer integrada en el comando Arava, el que cometió el atentado, pese a que, en una declaración previa, dijo lo contrario. El testigo ha sostenido que la Guardia Civil le obligó, bajo amenaza de "golpes", a declarar "que estaba Marisol [otro de los apodos de Anboto] en ese comando".
Según Iparraguirre, su acercamiento a la banda fue progresivo y, tras aceptar encargos de ETA, como traducciones de textos, no es hasta 1990 cuando se le ofrece formalmente entrar a formar parte de la banda terrorista. El día del atentado, de acuerdo con su versión, estaba "en casa de unos padres de la ikastola [escuela]" en la que Anboto trabajaba, cuidando de los hijos de la pareja.
Nuevo juicio
Este juicio se produce después de que el Supremo ordenase a la Audiencia Nacional volver a redactar un nuevo fallo sobre Anboto, al considerar que el primero, absolutorio, no tuvo en cuenta una prueba de huellas dactilares. Fue la Fiscalía la que recurrió la sentencia, al considerar relevante este elemento que el tribunal obvió.
No es éste el único caso en el que el Alto Tribunal ha tomado una decisión similar. Ya lo hizo a finales del pasado junio con la exoneración —por poco motivada— de los miembros de ETA Fermín y Kubati, por un atentado de 1986.
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Poco después, ordenó repetir el juicio contra Carmen Guisasola, Óscar Abad y José Ramón Martínez, acusados del asesinato en 1990 del policía nacional Ignacio Pérez Álvarez en Galdácano (Vizcaya).
A ojos del Supremo, en la primera sentencia sobre Anboto por estos hechos, los jueces de la Audiencia Nacional descartaron, "con una argumentación no racional", la valoración de una prueba que tenía "un alto valor" para el Ministerio Público. Se trata de un test dactilográfico efectuado en 2019 que sí vinculaba a Iparraguirre con una de las huellas encontradas en el vehículo utilizado para atentar.
Voto particular
No obstante, en un voto particular, Fernando Andreu, uno de los miembros del tribunal que juzgó a Anboto la primera ocasión, discrepó del criterio mayoritario de la Sala, al considerar que la Audiencia Nacional contaba con una prueba "concluyente" y "válida" que podría haber dado por probado que la etarra participó en los hechos.
Por esta causa, Soledad Iparraguire se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados por veinte delitos de asesinato en grado de tentativa, un delito contra agentes de la autoridad y otro de estragos. La banda terrorista colocó el coche con los explosivos frente a las taquillas del polideportivo de Vitoria, pero la Policía lo localizó y pudo desactivar el artefacto, por lo que no hubo muertos.
No es éste el único caso por el que Anboto ha sido juzgada. Al contrario, esta histórica etarra acumula un nutrido historial delictivo. En uno de sus juicios más recientes, la exjefa de ETA aceptó una condena de 70 años de cárcel por el asesinato de dos policías en Vitoria en 1987, pese a que, según su versión, aún no estaba integrada en la banda. Lo hizo, ha dicho este lunes, por el "cansancio" que le ha provocado "tener más de 12 juicios en plena pandemia [de Covid-19]".