El apoyo al indulto de José Antonio Griñán por parte de la vocal del Consejo General del Poder Judicial Pilar Sepúlveda ha motivado un comunicado de rechazo por parte de siete consejeros del órgano de gobierno de los jueces, que consideran que su compañera compromete la imagen de "necesaria neutralidad" que debe tener la institución.
Pilar Sepúlveda, vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, ha firmado el escrito en el que unas 4.000 personas -entre ellas políticos del PP, IU y PSOE y los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero- piden la concesión del indulto a Griñán, condenado a seis años de cárcel por delitos de malversación de fondos y prevaricación por el caso de los ERE.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia, conocida el pasado miércoles, que el expresidente de la Junta de Andalucía no se limitó a utilizar "un criterio ilegal de presupuestación" de las ayudas de los ERE sino que, además, permitió la disposición de esos fondos públicos "sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado".
Las irregularidades cometidas fueron "tan graves y contumaces que excluyen la satisfacción de intereses públicos", ha dicho el alto tribunal, que reprocha a los gestores de los ERE haber utilizado los fondos (un total de 679,4 millones de euros) "como si fueran propios" y "según intereses políticos".
Sepúlveda es sevillana, al igual que Griñán, y tiene fuertes relaciones personales con políticos socialistas. Abogada de profesión, es una de los siete vocales 'privilegiados' del CGPJ, ya que forma parte de la Comisión Permanente y tiene, por ello, dedicación exclusiva al órgano de gobierno del Poder Judicial.
Su respaldo al indulto de Griñán ha soliviantado a los consejeros propuestos por el PP Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías y María Ángeles Carmona.
Los siete han hecho público un comunicado en el que señalan que "aun tratándose de una posición personal y particular [de Sepúlveda] que no refleja la posición del CGPJ, es lo cierto que la imagen de necesaria neutralidad que debe tener este órgano constitucional queda seriamente comprometida ante la opinión pública, y podría entenderse como una intromisión en las competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo que ha de emitir un preceptivo informe y, en su caso, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, llamada a una hipotética revisión del indulto".
A su juicio, la firma de la petición de la medida de gracia "entraña un plus respecto de lo que podría ser una manifestación personal, una opinión sobre la oportunidad o conveniencia de otorgar el indulto".
"La adhesión mediante la firma del escrito dirigido al presidente del Gobierno de España supone un papel activo y relevante, con una difusión aumentada por el carácter de autoridad del gobierno judicial, que colisiona con los referidos deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo General del Poder Judicial", argumentan.
Por ello, hacen público su "total desacuerdo con la participación de la firmante de la petición de indulto y la aparente intromisión que ello puede suponer en asuntos que penden ante los tribunales".
Sepúlveda ha participado en la decisión sobre los nombramientos de tres de los cinco magistrados de la Sala Penal que tienen que informar sobre el indulto a Griñán: Susana Polo, a la que votó y que es firmante de un voto discrepante de la condena del expolítico socialista por malversación, y Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
[Todo lo que Griñán hará para ganar tiempo y dilatar la cárcel tras la sentencia del 'caso ERE']