El comisario de Justicia pretende forzar un diálogo entre Gobierno y PP sobre la renovación del CGPJ

El comisario europeo de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, tiene previsto aprovechar su visita a Madrid los días 29 y 30 de septiembre para intentar forzar un diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular. Su objetivo declarado es actuar como una especie de intermediario con el fin de renovar de forma urgente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y proceder de inmediato a una reforma del sistema de elección de sus miembros.

El Ejecutivo comunitario acaba de volver a amonestar a España por el bloqueo persistente en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que está a punto de cumplir 4 años. "Un bloqueo prolongado que afecta al correcto funcionamiento de instituciones esenciales del Estado como el poder judicial es perjudicial para el imperio de la ley en ese Estado y por tanto para el Estado en su conjunto", ha escrito vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, en una carta dirigida al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

"El correcto funcionamiento de todas las instituciones del Estado, que es el único interés de la Comisión, no debe ser parte del debate político ni mucho menos convertirse en rehén de ese debate. Todos los actores, cuando juegan un papel constitucional, deben hacerlo en un espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera, y tener únicamente en mente el interés superior del Estado y de sus ciudadanos", sostiene Jourová.

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Este espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera entre Gobierno y PP es el que Reynders quiere impulsar durante su visita a España. En Madrid, el comisario de Justicia tiene previsto reunirse con los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop, así como con representantes de la oposición y de las asociaciones judiciales y con el propio Lesmes.

"En el CGPJ queremos que se lleven a cabo los nombramientos e igualmente una reforma muy rápidamente. Hablaré tanto con la mayoría como con la oposición con el fin de alcanzar este objetivo de reforma", ha explicado Reynders en declaraciones a un grupo de periodistas.

"Lo que intentamos es organizar una discusión, un diálogo entre las fuerzas políticas, porque la reforma del CGPJ, así como el nombramiento de responsables en los órganos constitucionales necesitan tales mayorías que es necesaria una colaboración entre las principales formaciones políticas del país", insiste el comisario de Justicia.

En este sentido, el papel de la Comisión Europea es doble. En primer lugar, definir los parámetros que debe tener la reforma del CGPJ para ajustarse a los estándares europeos y que aparecen recogidos en el informe sobre la situación del Estado de derecho en España publicado el pasado julio. "Es la idea de que la mayoría de los miembros del Consejo sean jueces elegidos por sus pares, por otros jueces, sin que haya interferencia de políticos, ya sea el Gobierno o el Parlamento", apunta Reynders.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario pretende ejercer de mediador para desbloquear las negociaciones entre el Gobierno y el PP. "Lo que podemos hacer es evidentemente intervenir en el diálogo. No sólo pedir que haya una discusión sino actuar para acercar (posturas), y es lo que yo ya he hecho en el pasado y voy a intentar hacer en esta visita", anuncia el comisario de Justicia.

¿Sancionará la Comisión Europea a España si la renovación del CGPJ no se desbloquea de inmediato? De momento, Reynders no tiene previsto lanzar ningún procedimiento de infracción ni tampoco activar el artículo 7 del Tratado por riesgos sistémicos al Estado de derecho en España. "No contemplamos ningún paso que no sea las recomendaciones que figuran en nuestro informe y el intento de impulsar un diálogo entre las fuerzas políticas", ha señalado.

"Hay que distinguir la situación que tenemos en otros Estados miembros (en referencia a Polonia y Hungría), donde hemos constatado una regresión, la aprobación de normas que a nuestros ojos suponen un paso atrás, un deterioro de la situación. En estos casos podemos utilizar otras fórmulas, como por ejemplo los procedimientos de infracción, como hemos hecho con el régimen disciplinario de los jueces en Polonia", alega el comisario de Justicia.

"En el caso de España, como en otros países, lo que intentamos hacer es mejorar una situación existente, así que no es lo mismo. No estamos reprochando una legislación que se acaba de aprobar y va en una mala dirección. Decimos simplemente que las normas que existen desde hace mucho tiempo no son conformes a los estándares europeos. A ello se añade un segundo problema, que es la necesidad de nombrar a los miembros (del CGPJ) y, si es posible, hacerlo respetando los principios europeos, asociando adecuadamente a los jueces", ha apuntado Reynders.

España no es el único país con problemas con su Consejo del Poder Judicial. En Luxemburgo se acaba de revisar la Constitución para cambiar la composición del órgano de gobierno de los jueces. Y también Italia lo ha reformado como parte de los hitos exigidos en su plan de recuperación, y elegirá este mismo mes a sus miembros, según recuerda el comisario de Justicia.

"Si la situación dura mucho tiempo, si constatamos que la situación no mejora, evidentemente que habrá que reflexionar sobre otros mecanismos", avisa no obstante Reynders sobre el caso de España.

El comisario de Justicia aprovechará también su visita a Madrid para pedir información sobre las investigaciones sobre el uso del software de espionaje Pegasus. "En la lógica del Estado de derecho, cuando se utilizan herramientas de seguridad nacional, lo que queremos verificar es que se hace de forma proporcionada, necesaria y respetando la legalidad. A menudo, el respeto de la legalidad pasa por la autorización de un juez. Sabemos que hay investigaciones en curso y que se han dado algunos pasos en España. Voy a pedir que se me explique cuál es exactamente la situación ahora", ha relatado.