El juez admite la querella de 1.400 afectados por la estafa "millonaria" del criptocannabis

La Audiencia Nacional acaba de comunicar la admisión a trámite de la querella colectiva por la estafa piramidal y "millonaria" en el llamado caso del cripto-cannabis. En total hay unos 1.400 afectados personados en la causa del presunto fraude que habría sido perpetrado por la plataforma Juicy Fields. 

En un auto emitido este miércoles, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Joaquín Gadea concluye que el caso es de su competencia, y por ello acuerda la práctica de las pertinentes diligencias de investigación.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional entiende que los hechos descritos en la querella inicial que dio lugar a las actuaciones podrían ser constitutivas de un supuesto delito de "estafa continuada, apropiación indebida y organización criminal". Es lo que afirma el magistrado de forma provisional, a expensas de las investigaciones que llevará a cabo la Policía Nacional. 

La querella inicial que dio origen al procedimiento es la que presentó por Emilia Zaballos en representación de la Asociación de Afectados por Inversiones en Cultivos CBD, que representa a casi 1.000 afectados. A su vez, estudian el caso de otras 1.000 posibles víctimas, las cuales le están remitiendo la documentación. "La empresa llevaba años funcionando y generando beneficios a sus inversores, a pesar de que distintos expertos alertaron de que podía tratarse de un fraude piramidal", rezaba la querella.

"Los beneficios económicos oscilaban entre los 68 y los 1.200 euros en función de la planta, con unos rendimientos mensuales de entre el 6% y el 14%", proseguía.

Otra de las asociaciones denunciantes, cuya querella también ha sido admitida, es la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, con 5.000 asociados, que recibe nuevas denuncias cada semana. Este colectivo está representado por el abogado Carlos Aránguez. 

Aránguez ha solicitado la concentración de acusaciones y que se limite a 10 el número de abogados de la acusación particular, pero el magistrado todavía no ha resuelto al respecto.

La querella de Aránguez abogados se dirige también hacia el banco de Chipre e ISXPAY. Esto resulta de especial importancia porque el banco, según las fuentes consultadas, sería plenamente solvente a la hora de indemnizar a los afectados. En opinión de Aránguez este banco debería responder de la estafa como partícipe a título lucrativo, ya que a través de él se movía, presuntamente, parte del dinero de los inversores en los cultivos de cannabis. 

Esta compañía, con sede en Suiza, había urdido una supuesta trama defraudatoria con un claro modus operandi. Permitía a sus clientes invertir hasta 180.000 euros mediante transferencia bancaria o en formato de criptomonedas. La inversión se destinaba, supuestamente, a cultivar plantas de marihuana en diversas partes del mundo, en empresas en teoría autorizadas legalmente para ello.

Al cabo de 108 días supuestamente se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía el dinero invertido con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%. Esa elevada rentabilidad se traducía en presuntos beneficios millonarios para los inversores en el cannabis. En teoría, los cientos de inversores podrían entonces, tal y como explica la querella, retirar el capital obtenido, bien a través de dinero FIAT o en forma de bitcoins.

Decenas de miles

Los afectados veían cómo fluía su dinero, hasta que todo se frenó. Les llegó un correo electrónico con el cual Juicy Fields paralizaba el acuerdo, alegando una huelga de los trabajadores de la firma. A partir de ahí el sistema dejó de funcionar y las cuentas en las que miles de personas habían introducido parte de sus ahorros en busca de rentabilidad desaparecieron. Al igual que su dinero.  

La querella colectiva agrupa ya a miles de afectados, pero la letrada Zaballos estima que la cifra real podría ascender a decenas de miles de personas. 

El caso, según la Audiencia Nacional, colma las exigencias de excepcionalidad que justifican su competencia. Por ello, acuerda oficiar a la unidad policial comisionada para la investigación de estos hechos, pidiendo que identifiquen a los presuntos responsables de los delitos denunciados.

Debido a la magnitud y la "complejidad" de la macrocausa, pide a los agentes que aporten los elementos necesarios que permitan valorar la mecánica con la que Juicy Fields cometía el delito. Sobre todo, les pide que averigüen la trazabilidad del dinero invertido, el destino del mismo y los titulares de las cuentas a las que iba a parar el dinero presuntamente defraudado.

Gadea pide también que se oficie a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que informe sobre el conocimiento que pudiera tener de la actividad de la empresa en cuestión, y si se abrió algún excedente contra ella.