Procesan a dos exconsejeros del PSOE andaluz por las ayudas millonarias a Delphi

Una nueva pieza de la macrocausa de los cursos de formación de la Junta de Andalucía finaliza la instrucción. Ocho años después de que la jueza Mercedes Alaya iniciara su investigación de manera paralela a la causa de los ERE, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha procesado a los exconsejeros de Empleo de la Junta, Manuel Recio y Antonio Fernández, ya condenado por el caso ERE e investigado en otras piezas.

En esta ocasión, lo hace por las subvenciones de 33 millones de euros "arbitrariamente" concedidas al entramado de sociedades de otro exconsejero, el de Hacienda Ángel Ojeda, ya fallecido, para los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi. Una fábrica de piezas automovilísticas ubicada en la Bahía de Cádiz, que anunció su cierre en 2007.

El magistrado  José Ignacio Vilaplana considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos.

En un auto difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además de los citados exconsejeros están investigados un hijo de Ángel Ojeda y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por éste. Asimismo, el instructor dirige el procedimiento, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, contra una quincena de entidades.

Tras el cierre de la fábrica y teniendo en cuenta la situación laboral de la Bahía de Cádiz, la Junta anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados y conseguir su recolocación en empresas de zona. Para ello, una vez producido el despido, estos trabajadores de la factoría fueron incluidos en el denominado 'Dispositivo de tratamiento singular', en cuyo desarrollo el juez destaca tres etapas.

Simulación de contratación laboral

En este sentido, los hechos investigados en esta causa estarían encuadrados en la segunda etapa, desarrollada desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011. En la misma una serie de empresas y entidades impartió formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso "simulando una contratación laboral".

El coste de la formación y de la contratación -salarios y cotizaciones a la Seguridad Social- se financió a través de subvenciones directas, que supuestamente concedieron sin control los dos citados exconsejeros. Todo ello, sin realizar "ningún estudio ni análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo".

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El instructor afirma que los exconsejeros de Empleo investigados asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad.

Excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de extrabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace.

"Un sistema irregular"

Para ello, según mantiene el juez, pusieron en marcha "un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias", que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de extrabajadores de Delphi.

Y por otro, a mantener las percepciones de los extrabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo. Lo primero se hizo supuestamente con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda.