Reguant (CUP) aprovecha su juicio para insultar al TS: 'Era imposible obtener justicia en el 'procés''

Eulalia Reguant, diputada de la CUP en el Parlament catalán, ha sostenido este miércoles ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que contestar a las preguntas de los abogados del Vox en el juicio al 'procés' hubiera "menoscabado mi dignidad" y habría supuesto para ella un "perjuicio moral".

En respuesta a su abogado -no ha querido contestar al fiscal-, Reguant ha esgrimido motivos de "conciencia", al amparo del derecho de la libertad ideológica y de expresión, para justificar su conducta durante su comparecencia como testigo en el juicio que se celebró en 2019 contra varios de los responsables del proceso unilateral de independencia de Cataluña.

Fue uno de los momentos de tensión que se produjeron en la vista, ya que tanto Reguant como, antes que ella, el también político de la CUP Antonio Baños se negaron tajantemente a someterse al interrogatorio de los letrados de Vox, personado como acusación popular.

El resultado fue la imposición a cada uno de ellos de una multa de 2.500 euros -que han pagado- y una acusación por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad por la que Reguant ha sido juzgada hoy ante siete magistrados del alto tribunal (todos ellos ajenos a la causa del 'procés'), dada su condición de aforada. El juicio a Baños está previsto para mañana en un Juzgado de lo Penal.

[Los dos ex de la CUP expulsados del juicio al 'procés' por no responder a Vox, multados con 2.500€]

La portavoz de la CUP en el Parlament catalán ha aprovechado su derecho a la última palabra para descalificar al Tribunal Supremo.

Un "juicio político"

Tras afirmar que "en más de una ocasión la defensa de Jordi Cuixart pidió la expulsión de Vox del procedimiento" y que "la respuesta fue siempre una negativa", Reguant ha señalado que "más allá de un ejercicio que se puede entender como individual, con la negativa a contestar las preguntas de la acusación popular de Vox también expresamos la voluntad colectiva de evidenciar y señalar que aceptar la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en el marco del juicio en el Tribunal Supremo ya era una declaración de intenciones por parte del Poder Judicial: era imposible obtener justicia en aquel tribunal y en aquel procedimiento".

Ha añadido que la actuación de Vox como acusación popular ha sido "una herramienta más del Estado para construir un juicio político".

"No se puede entender simplemente como una anomalía judicial: era y es un elemento más del engranaje represivo del Estado que ha provocado que haya más de 4.000 personas represaliadas por defender el derecho a la autodeterminación", ha señalado.

Cuando ya llevaba dos minutos y 50 segundos leyendo el papel que llevaba preparado, Reguant ha sido interrumpida por el presidente del tribunal, Miguel Colmenero, que le ha preguntado "si quiere añadir algo en relación a su responsabilidad penal" ya que "no se trata de que haga aquí un alegato político ni en un sentido ni en otro, eso es ajeno completamente a lo que aquí se está discutiendo".

"Vale. Una última cosa", ha dicho entonces Reguant. "Actuamos en conciencia y defendemos el derecho a hacerlo porque defendemos el derecho a desafiar a la ley y a las autoridades establecidas sobre la base de un sentimiento básico: el fascismo no puede tener cabida en una sociedad que se pretende justa porque, de hecho, el antifascismo es la base de la democracia".

Eulalia Reguant no ha querido apartarse de la vieja máxima de que los acusados, casi siempre, tienden a empeorar las cosas cuando se explayan en el turno de última palabra: justo por "desafiar a la ley y a las autoridades", de lo que se ha jactado, el fiscal Carmelo Quintana pide que sea condenada a cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Esta última pena, de ser impuesta, la obligaría a abandonar el escaño en el Parlament catalán, como ha sucedido en casos similares (por ejemplo, el del expresidente catalán Quim Torra o el del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez).

"Obligada por la ley"

El fiscal descartó que la negativa de Reguant a contestar a una parte personada en un proceso puede ampararse en las libertades invocadas, uno de cuyos límites es "garantizar la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial", de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"No se ponen en cuestión libertades constitucionales, sino haber incumplido
unas normas de obligado cumplimiento en el seno de un procedimiento judicial", ha sostenido el fiscal.

A su parecer, la negativa de Reguant a contestar a una acusación -algo a lo que estaba obligada por la ley, dada su condición de testigo- no sólo "menoscaba la autoridad del tribunal" sino que también "afecta al derecho de las partes hacer uso de los medios de prueba pertinentes".  

El defensor, Daniel Amelang, ha pedido la absolución de su clienta por una cascada de razones. Según ha manifestado, el presidente del juicio del 'procés', Manuel Marchena, "no fue terminante en el mandato" de lo que debía hacer Reguant, tal como exige el delito de desobediencia. Ni tampoco se cumplieron las formalidades legales, ya que "en ningún momento fue advertida de las consecuencias del incumplimiento".

Qué dijo Marchena

En la grabación del juicio se constata que Marchena -tras escuchar el anuncio de Reguant de que no iba a contestar a los abogados de Vox "asumiendo las consecuencias", dijo- le indicó que "el testigo es un ciudadano que está obligado a colaborar con el tribunal. Si no quiere contestar a la acusación popular, ya sabe que tenemos que dejar constancia de su negativa y deducir testimonio al Juzgado de Guardia por las posibles responsabilidades penales en que haya podido incurrir. En ese caso, puede usted marcharse". 

Con posterioridad, el tribunal preguntó por escrito a Reguant si "persistía en su negativa" y le advirtió del presunto delito de desobediencia. Según la defensa, ese requerimiento debió ser notificado de forma personal a Reguant y no a través de su procuradora. 

"Perjuicio moral"

Para el defensor, es de aplicación a este caso el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual ningún testigo puede ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicarle material o moralmente y de una manera directa e importante.

"El principio de autoridad no es ilimitado", ha argumentado. "La dignidad moral de la testigo es un límite claro a la autoridad".

"La acusada", ha explicado, "puso de manifiesto una profunda discrepancia con la acusación popular, a la que calificó de extrema derecha, machista y xenófoba, hasta el punto de que dijo que estaba dispuesta a asumir todas las consecuencias que se puedan derivar. Creía fervientemente que responder podía suponer un menoscabo en su dignidad personal y el presidente del tribunal no podía formular una orden que pudiera causar un perjuicio moral, por lo menos sin profundizar en ello".

El letrado cuestionó la proporcionalidad de la pena que se solicita "dada la escasa entidad de los hechos" y a la vista de "las consecuencias que una condena tendría para la condición de representante pública" que ostenta Reguant.

[El juicio a la diputada de la CUP Reguant por negarse a contestar a Vox se frustra por un error procesal]