El independentismo planeó crear una "oficina de control de la información" para beneficiar la imagen del soberanismo, tanto dentro de Cataluña como en el extranjero, y perjudicar la marca España.
Así se desprende de un reciente informe de la Guardia Civil, que reseña la "información de interés" hallada durante el registro, realizado en octubre de 2020, de la sede barcelonesa de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes.
Esta última es una entidad afín al secesionismo y está siendo investigada en el marco del caso Volhov por haber cobrado, supuestamente, dinero público para, de forma irregular, promocionar el independentismo en el extranjero. Todo ello, usando el deporte como pantalla.
En el documento policial, de unas 300 páginas y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los investigadores del Instituto Armado recogen los principales "indicios" hallados en aquel registro.
Entre ellos consta un "proyecto" para conformar una "estructura" que permitiese "realizar un seguimiento exhaustivo" de "toda aquella información que perjudique la imagen de España".
Fragmento del informe de la Guardia Civil.
El independentismo pretendía "concienciar a los ciudadanos de Cataluña, especialmente a aquellos que no se identifiquen con el catalanismo". El personal que trabajara en dicha oficina debía ser "profesional", rechazándose el "voluntariado". Y, ya fuese público o privado, este ente debía contar con "una financiación estable, para garantizar la continuidad hasta que el proceso soberanista esté completado".
"Asimismo, parte de esta información ha de servir para difundir a nivel internacional la visión fallida económica y política del Estado español", indican los agentes del Instituto Armado en su informe, enviado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que instruye el caso Volhov.
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Estas pruebas halladas en la sede de Plataforma carecen de fecha o firma, pero constatan que el soberanismo contemplaba la creación de "dos portales informativos" en Internet para boicotear a España. Uno, dirigido a los catalanes y otro, a las audiencias de países extranjeros.
Según hace constar la Guardia Civil en su informe, el independentismo era consciente de que, para este plan, la colaboración con los "medios de comunicación españolistas" era poco viable, "aunque se prevén acuerdos publicitarios o de otro tipo". "Tampoco es útil que la información se difunda por medios nacionalmente coherentes, porque su público ya está concienciado", explican los agentes en su dosier, remitido al juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Volhov.
Boicot a España
Tal y como desveló EL ESPAÑOL, el plan del independentismo para boicotear a España contó con la activa participación de Eric Hauck, el titular de la embajada de la Generalitat catalana en los Balcanes, con sede en Zagreb. Y tuvo el deporte como uno de sus escenarios principales.
El juez Aguirre investiga si la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes y otras entidades similares recibieron, para esta tarea, fondos públicos de manera irregular.
En su perfil de Twitter, esta entidad apoya fomentar la creación de selecciones deportivas catalanas de cuantas más disciplinas mejor; ya que "llevan Cataluña a todo el mundo". Y reivindica que la región se constituya como un "Estado propio", porque "beneficia al deporte".
El propio embajador Hauck, que había sido gerente de la Plataforma, hizo gestiones para que un partido España-Croacia en 2018 fuese convertido en un altavoz del secesionismo y se perjudicase la imagen internacional de España, tal y como consta en el mismo informe de la Guardia Civil.
Eric Hauck.
La Guardia Civil también investiga la participación de la empresa Stratkom para difundir el mensaje soberanista en Eslovenia. Los agentes sospechan que la contratación de esta compañía pudo ser irregular, al haberse pactado, presuntamente, un precio inferior a los 18.500 euros, evitando así el concurso público.
Subvenciones
Al registrar la sede de Plataforma en octubre de 2020, los investigadores también encontraron "lo que parece ser parte de la documentación referida a una solicitud de subvención" elaborada por la Plataforma ProSeleccions.
El Instituto Armado señala que faltan varias hojas de dicho dosier, pero "parece" que la entidad "habría solicitado una subvención al Ayuntamiento de Barcelona [de] 380.000 euros para la realización de un total de 10 debates en barrios" de la Ciudad Condal. Su presupuesto total sería de 486.000 euros.
En su informe dirigido al juez, los agentes de la Guardia Civil señalan que se desconoce "si el proyecto fue llevado a efecto". No obstante, el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona refleja la concesión de 14.150 euros a la plataforma en 2016. Se trata de una subvención "cuyo objeto coincide con el de esta solicitud". La misma entidad también recibió fondos del Govern autonómico y de organismos adscritos como el Consell Català de l'Esport.
Raül Romeva, en una imagen de archivo.
Otra de las pruebas que los agentes hallaron durante el registro apuntala, precisamente, esta cercanía de Plataforma a la Generalitat. Se trata de una carta fechada ene enero de 2016.
La envía Raül Romeva, que acababa de ser nombrado conseller de Asuntos Exteriores, a Xavier Vinyals, entonces presidente de la entidad deportiva. En la misiva, el político pide "apoyo" a Vinyals en la labor de "explicar a la comunidad internacional, de primera mano, la situación política de Cataluña". En 2019, Romeva fue condenado a 12 años de cárcel por el procés.
Carta de Romeva a Vinyals.
Pero antes, en 2017, coincidiendo con la aprobación de las llamadas leyes de desconexión, aprobadas por el Parlament catalán, la Plataforma ProSeleccions incrementó notablemente las subvenciones que percibió. Crecieron, desde los 295.000 euros habituales, a algo más de 1,3 millones.
Según concluye este último informe de la Guardia Civil, las actividades desarrolladas por esta entidad deportiva, tendentes a internacionalizar el procés y a boicotear la imagen de España, "fueron, en múltiples casos, financiadas a través de las subvenciones recibidas".