El PSOE critica que el juez exonere en 'Púnica' a un 75% de imputados: "No son rebajas, parecen saldos"

El Partido Socialista, personado en el caso como acusación popular, califica esta decisión judicial en los siguientes términos: "No parecen rebajas, parecen saldos, directamente, con perdón y dicho en estrictos términos de defensa de la legalidad vigente".

"Anunciamos, desde ya, que no podemos aquietarnos a tamaña reducción que consideramos injustificada desde un punto estrictamente legal", reza un escrito de la defensa del PSOE dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que acaba de finalizar la investigación de esta pieza.

[El juez de 'Púnica' archiva la causa para Aguirre e Ignacio González y propone juzgar a Granados]

En el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el PSOE ya anuncia que recurrirá este auto, en el que el juez Manuel García-Castellón limita, finalmente, la trama Púnica a únicamente a 10 investigados. De ellos, dos son empresas.

Y cuestiona "la transformación en procedimiento abreviado, por unos hechos muy resumidos respecto a los que se investigaban", para esta decena de personas (ocho físicas y dos jurídicas). Entre las primeras se encuentra el exconsejero madrileño Francisco Granados, quien, salvo sorpresa, se sentará en el banquillo de los acusados.

Asimismo, la abogada del PSOE solicita al magistrado que amplíe el plazo para presentar recursos en contra de dicha resolución, que tiene más de 250 páginas. "Y dado que [los sobreseimientos] ascienden al número de 74, van a requerir, sólo para su estudio, más de los tres días acordados por el Juzgado", argumenta la letrada, que califica de "estrecho" este margen. Por ello, pide elevar el plazo a 20 días.

El Partido Socialista también considera "no ajustado a Derecho" —y, por tanto, motivo para recurrir— que el juez se niegue citar al Partido Popular a nivel nacional en esta causa.

"Los hechos objeto de la presente pieza separada no guardan relación con aquél [el PP nacional], sino, en su caso, con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses [el PP de Madrid], radicado en el ámbito de la comunidad autónoma", argumentó el juez.

'Púnica'

Este viernes, García-Castellón ha decidido archivar el caso Púnica, en el que ha investigado desde 2014 la supuesta existencia de una caja B en el PP regional, para la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y para quien fuese su sucesor en el cargo, Ignacio González.

No obstante, el magistrado sí ha propuesto mandar a juicio al exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados. El juez propone juzgarle, en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, "por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias".

El sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda Moleskine con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una contabilidad paralela en el PP regional.

El magistrado sí reconoce que, desde abril de 2012 hasta su dimisión, Esperanza Aguirre se benefició de los servicios de reputación digital y posicionamiento online prestados por las empresas del experto informático Alejandro de Pedro, el considerado conseguidor de la trama Púnica y uno de los imputados que García-Castellón propone mandar a juicio.

"No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", razona el auto.

El fiscal tampoco vio pruebas suficientes que le permitiesen acusar en esta pieza a Esperanza Aguirre. Por ello, el pasado julio, Anticorrupción pidió exonerarla, al igual que hizo con Ignacio González.

La expresidenta del PP madrileño fue citada a declarar como investigada en Púnica debido a un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba a ciertos servicios de reputación online que habrían sido prestados sin que existiese un contrato firmado entre la compañía y el Partido Popular o la Comunidad de Madrid.

Además de Aguirre y González, salvo sorpresa, también se libran del banquillo el constructor David Marjaliza, la exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid Lucía Figar, el consejero de Sanidad Juan José Güemes, el exministro y fundador de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, también empresario y yerno del anterior, además de consejero delegado del Grupo Villar Mir.

Y, aparte de Granados y De Pedro, a quienes el juez sí propone juzgar son los siguientes: el exconsejero madrileño Borja Sarasola, el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el exdirector de sistema de la empresa Indra Diego Mora y el otrora secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, cesado en 2019 por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los anteriores se suman a la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, además de a José Martínez, exrresponsable de Informática de la Comunidad de Madrid, y a las empresas EICO Reputación Management, mercantil propiedad de De Pedro, y Madiva Editorial y Publicidad, también vinculada al informático.

Acerca de Gallego, el juez subraya que la investigación ha aportado "pruebas directas e indicios" de que era "perfecta conocedora" de que los servicios de reputación online prestados por las empresas de Alejandro de Pedro se efectuaban "sin contratación formal" y que los pagos se encubrían mediante varias artimañas.