La resistencia del PP a que Conde-Pumpido presida el TC, último escollo del pacto institucional

Félix Bolaños y Esteban González Pons, los dos negociadores a los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han encomendado llegar "en serio" a un acuerdo, han logrado superar un importante escollo: los términos en los que el pacto contemplará el futuro cambio (o no) del sistema de elección de los 12 vocales del turno judicial que debe tener el CGPJ.

En ese punto encallaron las conversaciones que el ministro de la Presidencia y el vicesecretario de acción institucional del PP mantuvieron de forma muy reservada los días previos a la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Poder Judicial.

Según las fuentes consultadas, Bolaños y Pons han conseguido encontrar una fórmula lo suficientemente ambivalente como para que la reforma del modo de elección de los vocales judiciales tenga que ser estudiada en el futuro conforme a los distintos modelos de Consejos de la Magistratura existentes en países de nuestro entorno y que responden a los estándares de la Unión Europea, pero sin comprometer en modo alguno su aprobación.

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Los negociadores han retomado el esquema sobre el que PSOE y PP trabajaron en octubre de 2021 y que terminó frustrándose por la desconfianza de Pablo Casado hacia Pedro Sánchez.

Ese esquema se basa en que el próximo órgano de gobierno de los jueces tendrá 10 vocales propuestos por el PSOE (que incluirá en su 'cuota' a Unidas Podemos) y otros 10 propuestos por el PP, que deberá reservar un puesto a un jurista sugerido por el PNV.

Será, así, la Presidencia del CGPJ la que tendrá un papel dirimente mucho más acentuado que en cualquier Consejo anterior.

Tampoco hay problema con las principales medidas para "reforzar la independencia judicial" propuestas el pasado julio por el PP y que permitirán a la formación de Feijóo sostener el relato de que no se trata de 'repartirse' el CGPJ sino de despolitizar la Justicia.

Entre esas medidas hay una de especial trascendencia: todos los nombramientos de cargos judiciales deberán ser adoptados por una mayoría de tres quintos del Consejo, equivalente a 13 votos.

Ello significa que ningún nombramiento podrá salir adelante con los solos votos de un sector del CGPJ más el presidente, sino que será necesario pactar con, al menos, dos vocales del otro sector.

Los nombramientos judiciales son la competencia más relevante del CGPJ y la que más conflictos genera, porque por esa vía se introducen sensibilidades ideológicas en los tribunales, especialmente en el Supremo.

Los bloqueos para acordar nombramientos llevaron en 2013 al PP a introducir la regla de que las decisiones del CGPJ serían tomadas por mayoría simple, salvo en determinados supuestos (elección del presidente y vicepresidente del Consejo o la designación de los dos magistrados del TC que corresponde elegir a la institución).

Se produjo, entonces, una situación calificada de "rodillo" del sector mayoritario -integrado en aquel momento por los vocales propuestos por el PP-, que monopolizó la mayoría de los nombramientos. La regla de la mayoría simple fue eliminada por el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2018.

Desde entonces, los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo requieren la mayoría absoluta, a excepción de los supuestos mencionados con anterioridad o salvo que se trate de nombrar a presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo o presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y de la Audiencia Nacional. En estos casos se exigen tres quintos.

Con la nueva medida que en estos momentos pactan el PSOE y el PP también será precisa una mayoría reforzada equivalente a 13 votos para elegir a los presidentes de las Audiencias Provinciales y a los presidentes de Sala de los TSJ.

Además, se impedirá que los jueces que se hayan pasado a la política puedan volver sin solución de continuidad a la jurisdicción (las famosas puertas giratorias) y que el nombramiento de fiscal general del Estado recaiga en quien acaba de ejercer funciones políticas, como ocurrió en el caso de Dolores Delgado.

Nuevo escollo

Las conversaciones han avanzado a buen ritmo hasta que ha llegado el momento de cerrar la renovación del Tribunal Constitucional.

Este órgano es una absoluta prioridad para Pedro Sánchez, escocido por los revolcones que ha recibido del tribunal de garantías durante los tres últimos años.

El TC ha afeado a Sánchez el abuso de los reales decretos para legislar sobre cuestiones que no reúnen los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad.

Y, sobre todo, ha tumbado toda la arquitectura legal diseñada por Moncloa para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El TC ha declarado inconstitucionales los estados de alarma, fallos que han causado un especial malestar en Sánchez.

El jefe del Gobierno quiere asegurarse que esto no volverá a ocurrir con las leyes más controvertidas de la legislatura, que están o estarán sobre la mesa del TC (la ley Celaá, la eutanasia, la restricción de las competencias del CGPJ o, en el futuro, el aborto y la ley trans).

El PSOE tendrá mayoría en el próximo TC porque ahora deben entrar cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales son de nombramiento directo del Gobierno y otros dos, elegidos por el CGPJ.

Núñez Feijóo ha aceptado que el vuelco de la mayoría del TC es inevitable, pero se resiste a asumir que el nuevo presidente vaya a ser el magistrado Cándido Conde-Pumpido, gallego como él.

Según las fuentes consultadas, el problema se resume en que el líder del PP "no se fía" de alguien que, según las referencias que ha recabado, "hace una utilización instrumental y utilitarista del Derecho" de acuerdo con la coyuntura.

Estas fuentes recuerdan la polémica que se generó en 2006 con unas declaraciones en las que Conde-Pumpido, entonces fiscal general, sostuvo que el Ministerio Público no debía entorpecer las negociaciones para el fin de ETA y que no se podía dejar pasar la ocasión de aplicar la ley con esa finalidad. "El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino", afirmó.

Conde-Pumpido, un jurista de cuya preparación y competencia nadie duda, también se ha mostrado partidario de que los tribunales no se alejen de la realidad social de cada momento. Y eso es justo lo que temen en el PP, que "adapte" las decisiones del TC a lo que le pueda interesar al Gobierno actual.

"Algo relevante tendrán que ofrecer para que Feijóo cambie de idea", indican fuentes de la negociación.

Tanto por la parte socialista como por la popular se considera, no obstante, que el pacto es posible y está más cerca de lo que nunca ha estado.

Las dos partes quieren cerrarlo en los próximos días y, a ser posible, antes de que Núñez Feijóo viaje a Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador en una gira que le tendrá centrado en Latinoamérica entre el 4 y el 11 de noviembre.