El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha concluido el sumario instruido contra varios miembros de un supuesto grupo violento integrado en los denominados Comités de Defensa de la República (CDR). Todos ellos ya están procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista.
En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado considera, como ya hiciera hace algo más de un año, que varios de los miembros de este equipo, denominado ERT (Equipo de Respuesta Táctica) se dedicaron a la fabricación de explosivos.
El 14 de septiembre de 2021, García-Castellón ya procesó a los trece investigados por la Operación Judas, que fue comandada por la Guardia Civil en 2019, en vísperas de conocerse la sentencia que condenó a los líderes del procés catalán.
Uno de los miembros del ERT, en el 'laboratorio' de explosivos.
A nueve de los detenidos, el juez les imputó, además, los delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos para fines terroristas. La causa fue archivada para uno de los investigados por razones médicas, por lo que el procedimiento continúa ahora únicamente respecto a doce personas.
Sólo por el delito de pertenencia a organización terrorista, los procesados se enfrentan a penas que van desde los 6 años hasta los 12 de cárcel. Por el de tenencia, depósito o fabricación de explosivos de carácter terrorista, a condenas de 8 a 15 años.
"Acciones violentas"
En el auto de procesamiento, el juez explicaba que este grupo conformaba, dentro de los CDR, un núcleo radicalizado, compuesto por individuos procedentes de diferentes Comités en Defensa de la República. Y puntualizó que la misión principal de este equipo era llevar a cabo "acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados".
El nexo de unión de todos ellos serían sus aspiraciones de alcanzar la independencia de Cataluña y su disposición a emplear, si fuese necesario, métodos violentos a tal fin.
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"Una vez practicadas las diligencias que se han reputado necesarias y útiles para el esclarecimiento de los hechos, considerando este magistrado que los hechos objeto de instrucción son constitutivos de delito castigado en abstracto en el Código Penal con pena superior a los nueve años de prisión, procede dictar auto de conclusión del sumario, al constatar que la instrucción sumarial ha visto cumplida su finalidad identificando a los responsables del hecho, calificando el delito y asegurando las personas y bienes que deban responder del mismo", reza el auto del juez fechado este jueves, contra el que no puede interponerse ningún recurso.
Asalto al Parlament
El Servicio de Información de la Guardia Civil elaboró un informe, en el que se basó García-Castellón para acordar el procesamiento, que definía al ERT como "una organización con finalidad terrorista", de "carácter clandestino y estable", cuyo objetivo sería "llevar a cabo acciones violentas" e, incluso, "atentados contra objetivos previamente seleccionados".
Utilizaban, para ello, "sustancias incendiarias fabricadas en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".
Según el documento, todos los ya procesados cumplían "una labor fundamental en la planificación del asalto, ocupación y defensa del Parlament de Cataluña". Allí pretendían, entre otras cosas, encerrarse con el expresidente catalán Quim Torra como respuesta a la previsible sentencia condenatoria contra los cabecillas del procés.
La creación de esta célula estuvo motivada, según concluyó García-Castellón, por la necesidad de contar, dentro de la estructura de los CDR, con un grupo secreto integrado por individuos "entregados a la causa", a los que realizar los encargos más delicados.
Una de las últimas diligencias practicadas por el juez en esta causa fue tomar declaración a varios guardias civiles que participaron en la Operación Judas. Una vez García-Castellón ya había procesado a los investigados, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior al Juzgado, estimó la petición de una de las defensas, que consideraba necesario interrogar a los agentes, ya que sus pesquisas, finalmente, han mandado a juicio a los investigados.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL el pasado junio, durante los interrogatorios, los guardias civiles desvincularon al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Operación Judas y confirmaron que habían comenzado a investigar a los miembros del ERT, con aval de la Audiencia Nacional, porque había "indicios de terrorismo" contra ellos.
Como acusación popular, en esta causa, figura la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, defendida por Fuster-Fabra Abogados.