La Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene al frente desde este jueves a una presidenta en funciones, Rosa Virolés, que se suma a un presidente del alto tribunal en funciones, Francisco Marín; a un vicepresidente en funciones, Manuel Marchena, y a un presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo.
Las más relevantes instituciones del mundo judicial viven en la precariedad mientras PSOE y PP negocian el reparto del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional, intentando un acuerdo que lleva casi cuatro años de retraso en el caso del CGPJ y cuatro meses en lo que respecta al TC.
La situación del Tribunal Supremo, que acaba de sumar dos bajas más por jubilaciones (lo que significa que tiene ya sin cubrir el 20,5% de su plantilla), no es una consecuencia de la demora en la renovación del CGPJ. Es una ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez la que impide al Consejo en prórroga hacer nombramientos discrecionales desde marzo de 2021.
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Pero, pese a las demandas del expresidente Carlos Lesmes y de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el Ejecutivo está dispuesto a que el CGPJ pueda ejercer sus competencias constitucionales mientras esté en funciones. Y tampoco el Tribunal Constitucional parece dispuesto a hacer su trabajo y resolver los recursos que tiene encima de la mesa desde mayo de 2021, en los que se cuestiona la restricción de las competencias el órgano de gobierno de los jueces.
Las vacantes en el Tribunal Supremo ascienden a un total de 16 y afectan por primera vez a una presidencia de Sala. María Luisa Segoviano, hasta este jueves al frente de la Sala de lo Social, ha cumplido la edad de jubilación forzosa. La pasada semana se jubiló el magistrado de esa misma Sala Ricardo Bodas.
La consecuencia es que la Sala que tiene la última palabra en la garantía jurisdiccional de los derechos laborales tiene en este momento un 40% de efectivos menos.
Y ello en una etapa en la que las medidas relacionadas con la pandemia de la Covid-19, tales como las reducciones o suspensiones de empleo (ERTES y ERES) generalizadas y prorrogadas durante todo el año 2020 y en 2021, han supuesto un incremento muy importante de asuntos ante la Sala.
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La última memoria del Tribunal Supremo alertaba de las consecuencias de no cubrir las vacantes de la Sala en un momento en el que "una legislación compleja y novedosa, la masiva repercusión sobre las clases trabajadoras de las medidas de protección social, el incremento de prestaciones cuya regulación reglamentaria es de nueva implantación y precisa de interpretación judicial en muchos aspectos, la pérdida importante de puestos de trabajo, el incremento de las necesidades sociales a que han de subvenir las medidas de protección son otros tantos factores que están llevando inexorablemente al incremento sustancial de la carga de trabajo y de la pendencia ante la Sala, precisamente cuando más se demanda una pronta interpretación jurisprudencial en muchos aspectos de esas nuevas regulaciones".
La Sala de lo Social tiene una planta de 12 magistrados más la presidencia.
No tiene secciones orgánicas, sino sólo funcionales, y se organizaba hasta en este momento en tres secciones de admisión (compuestas por tres magistrados cada una). Tradicionalmente funcionaba con cuatro secciones de tres magistrados.
Las secciones revisan los informes de admisión o inadmisión de recursos que elaboran los letrados del gabinete del Tribunal Supremo adscritos al área social, por lo que el hecho de que haya una sección menos está ralentizando las decisiones sobre la admisión de asuntos.
Para la fase de enjuiciamiento, tradicionalmente se constituían tres Salas de cinco magistrados, con la inclusión de la presidenta y de otros dos magistrados más que participaban en dos de ellas.
En los últimos meses, debido a las sucesivas bajas, se han podido formar sólo dos Salas de cinco magistrados, incluida la presidenta.
Pero ahora, tras la jubilación de Segoviano y Bodas, se quedan sólo ocho magistrados, por lo que habrá problemas para constituir dos Salas salvo que se duplique la presencia de magistrados por algún tipo de turno.
El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo ha calculado que la falta de magistrados en la Sala de lo Social supondrá a partir de este momento que se dictarán 400 sentencias menos por año en esta jurisdicción.
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