El PSOE recurre para que se juzgue a Aguirre por la 'Púnica': "Se desprecia el trabajo de la UCO"

El PSOE, personado como acusación popular en el caso Púnica, insiste: Esperanza Aguirre debería ser juzgada por la presunta caja B del PP madrileño.

Así consta en el recurso interpuesto por el Partido Socialista contra la decisión del juez de librar del banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

A lo largo de sus 112 páginas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la defensa de los socialistas subraya que "reducir" a seis las personas a las que el instructor propone juzgar "supone tirar por tierra el ingente trabajo" desarrollado tanto por la Fiscalía como por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Precisamente, la expresidenta del PP madrileño fue citada a declarar como investigada en Púnica debido a un atestado de la UCO que señalaba que ciertos servicios de reputación online a favor de Esperanza Aguirre habrían sido prestados sin que existiese un contrato firmado entre la compañía y el Partido Popular o la Comunidad de Madrid.

"No explica el auto recurrido que (...) los claros indicios delictivos que motivaron la imputación hayan desaparecido o se hayan atenuado. Y no lo hace porque nada en la instrucción posterior desmiente o contradice dichos indicios; al contrario, los acrecienta", destaca el PSOE en su recurso.

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El juez instructor del caso Púnica, en la resolución con la que finaliza su investigación, explica que "no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que [Esperanza Aguirre] era conocedora de los [hechos investigados]". Manuel García-Castellón, además, recordó que los supuestos delitos electorales vinculados a las campañas autonómicas de 2007 y 2011 habrían prescrito.

En su recurso, el PSOE cuestiona ambos extremos. "Resulta evidente que de lo instruido hasta la fecha estamos ante un plan concertado, desde la llegada a la presidencia de la señora Aguirre en 2003, y la necesidad de proceder al pago de los gastos electorales extraordinarios en los que se había incurrido (...) para ir sufragando los sucesivos actos, ya fuesen electorales o no".

Por todo ello, los socialistas consideran "difícil sostener que Esperanza Aguirre no sabía qué se tramaba bajo su mandato". Y "lo mismo cabe decir" respecto de quien fuera su sucesor en el cargo, Ignacio González, también exonerado por el juez García-Castellón. "Su posición, preeminencia e influencia hacen necesaria su participación en los hechos", replica el PSOE.

"No se comprende, por mucho alto cargo político que uno ostente, que siendo destinatario de trabajos de reputación, no se conociese la forma de pago de los mismos", indica el recurso, que señala que tanto Aguirre como González debían ser "perfectamente conocedores de las noticias que se publican y era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejorase".

Esperanza Aguirre e Ignacio González, en una imagen de 2012. Europa Press

"Es irracional sostener lo contrario", critican, en alusión a uno de los motivos que esgrime el juez para exonerar a ambos. "Toda la publicidad se aprobaba y controlaba desde la Presidencia", añaden.

Sobre la prescripción de parte de los hechos —otro de las razones en las que se apoya el auto de García-Castellón—, el PSOE se "sorprende" de que ninguno de los jueces por cuyas manos ha pasado el caso Púnica "hubieren detectado desde el primer momento que la causa no tenía sentido, pues se había llegado tarde y todo estaba prescrito".

Considera, a su vez, que es prematuro pronunciarse en este momento procesal sobre la prescripción, que debe "apreciarse caso por caso" y valorando si se trata de delitos conexos a otros, lo que altera los plazos de interrupción.

Además, considera que el juez se "excede sus competencias al decidir sobre el destino de gran parte de los investigados", archivando la causa para ellos por prescripción, "cuando debería haber sido decidido en [la fase de] juicio oral por un tribunal competente".

Y, tal y como avanzó EL ESPAÑOL hace escasos días, los socialistas insisten al juez en la necesidad de citar como investigado al Partido Popular a nivel nacional. García-Castellón lo denegó. Y, ahora, los socialistas se apoyan en la sentencia sobre la pieza Época 1 de la trama Gürtel para volver a solicitar que el PP sea citado en esta causa: como partícipe a título lucrativo por los hechos hasta 2010, cuando fue reformada la Ley de Financiación de Partidos, y como persona jurídica investigada por los posteriores, hasta 2014.

Asimismo, el PSOE se opone al sobreseimiento provisional decretado por el juez para, entre otros, la exdiputada regional del PP Lucía Figar. Basa su petición en un informe de la Fiscalía Anticorrupción que "ofrece pruebas del conocimiento" de ésta sobre "la forma de pago" con la que se efectuaron los servicios de reputación online al informático Alejandro de Pedro, el considerado conseguidor de la Púnica.