Carlos Luis Aguilera, el exjefe de los servicios secretos de Venezuela, declaró ante la juez encargada del caso Caranjuez que la red investigada le solicitó información sobre Podemos y sobre uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero.
Así lo manifestó Aguilera el pasado día 6 de octubre, cuando fue citado como testigo —compareció por videoconferencia porque aún reside en su país— por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.
El vídeo de su interrogatorio forma parte del sumario del caso, al que EL ESPAÑOL ha tenido acceso. En esta causa se investiga a la red que, presuntamente, extorsionó a ex altos cargos del chavismo, a los que habría ofrecido protección en España a cambio de dinero y de datos sobre la corrupción en Venezuela o sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.
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El caso Caranjuez se inició con las denuncias de Aguilera y de otro expolítico chavista, el antiguo viceministro de Energía Javier Ochoa Alvarado. A preguntas del abogado de este último, el que fuera jefe de los servicios secretos de Venezuela manifestó que Avi —el sobrenombre del exmilitar israelí Alberto Galán, investigado en la causa— le solicitó "si podía conseguir información sobre Podemos".
Según lo que manifestó ante la juez, Aguilera les respondió que, al haber abandonado el Gobierno de Hugo Chávez en 2002, cuando el partido aún no había sido creado, no tenía datos al respecto.
Juan Carlos Monedero.
"Aunque sí pregunté a una persona que (...) fue director en los servicios de Inteligencia (...) y me manifestó que él tampoco tenía (...) ningún tipo de información ni nada contra Podemos", indicó el pasado 6 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, antes de reconocer que también le preguntaron, específicamente, por Monedero. "Al señor Monedero yo no le conocía", añadió.
Extorsión
"Vamos a evitar la apertura de procesos judiciales, consiguiendo la liquidación y el cierre de todos los procesos de investigación y, con ello, eliminar el peligro posible de acciones penales y administrativas que hubieran podido surgir".
Durante su interrogatorio, Carlos Aguilera leyó el anterior extracto. Según dijo, formaba parte de las conclusiones de un informe que esta red le habría entregado, ofreciéndole sus servicios de protección en España.
A ella, además de Avi, pertenecería el lobista venezolano Martín Rodil, que encabezaría la misma y reside en Estados Unidos. De acuerdo con la declaración de Aguilera, se reunió con ambos, en 2015, en el madrileño hotel Villamagna. Allí, el exmilitar israelí le habría presentado al abogado José Aliste.
Declaración de Carlos Luis Aguilera, exjefe de los servicios secretos de Venezuela
"Ellos me dieron un informe [que] hablaba sobre que ellos iban a evitar cualquier proceso legal hacia mi persona y darle solución a cualquier situación desde el punto de vista legal", manifestó Aguilera por videoconferencia. La juez encargada del caso Caranjuez le indicó inmediatamente que debía aportar dicho documento al Juzgado.
Por aquellos servicios, el exjefe del espionaje chavista habría pagado 400.000 euros. Avi le habría enviado una primera factura, bajo el concepto de "consultoría e implementación". Por un problema bancario, tuvo que ser girada una segunda factura, que, según Aguilera, "decía otra cosa".
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Según relató el testigo, finalmente, en 2018, rompe la relación con esta red. "Yo quise presionar. No me dan solución a nada de lo que yo necesito en España, yo no tenía ningún problema (...) y dije: 'Voy a tener que buscar otra solución'. Y en ese momento se acabó la relación con todos ellos", aseguró a la juez.
Asimismo, apuntó que, cuando se negó a seguir vinculado a "este grupo", aparecieron, "como medida de presión", noticias contra él en un periódico digital.
Para finalizar el interrogatorio, la juez hizo una última pregunta. "¿Podemos resumir su declaración, como usted dijo ante la Policía, que esta trama se dedicaba a generar problemas para, posteriormente, ofrecerse a solucionarlos cobrando por ello?", cuestionó la magistrada. "Sí, señoría. Lo afirmo y me ratifico", zanjó Aguilera.
La red
Al explicar su relación con esta red y su funcionamiento, el exjefe de los servicios secretos de Venezuela apuntó a Martín Rodil como "la cabeza" de la misma. Según dijo, Avi ejerció de intermediario del anterior a la hora de "prestar estos servicios" en España, pero con el exmilitar israelí "nunca hubo amenazas ni maltrato; todo lo contrario".
A su vez, el abogado Aliste habría prestado asesoría legal al ex alto cargo venezolano. Éste negó en el Juzgado que cualquiera de los ofrecimientos del letrado excedieran nunca la legalidad y "nunca" se sintió coaccionado por él.
El testigo sí reconoció, no obstante, que la red le presentó a Aliste como alguien que "tenía acceso a muchos organismos de seguridad" y que le podía "dar una alerta temprana" sobre "cualquier tipo de acción legal" en su contra.
"Martín Rodil me presentó a Avi como la persona que iba a motorizar todas estas acciones dentro de España, la persona de contacto que me presentó al resto del grupo", manifestó Aguilera el pasado 6 de octubre. Asimismo, aseguró que esta red le puso en contacto con un agente que le podría ayudar a solucionar cualquier "problema policial".
Contactos en la Policía
"Tratando de ser justos, desde el principio, yo sentí una extorsión (...) cuando hablé con Martín Rodil, porque me hablaron de dar solución a mi problema y el coste iban a ser dos millones de euros, que iban a facturar de alguna manera", indicó Aguilera ante la juez.
A preguntas del fiscal, Aguilera aseguró que algunos miembros de la red "manifestaban que tenían dentro de la organización policial y judicial en España a muchas personas con las que podían hablar" y "alardeaban" de prestar sus servicios a otros ex altos cargos venezolanos, como Nervis Villalobos.
También dijo que esta red le presentó a dos personas "que, supuestamente, pertenecían al CNI [Centro Nacional de Inteligencia]" y que "necesitaban información sobre la situación de Venezuela". Aguilera, según su versión, "en una conversación informal", apenas pudo facilitarles datos.
Asimismo, el testigo manifestó en el juzgado que Martín Rodil llegó a confesarle que la fiscal estadounidense Sarah Edwards también era un "aliado". Como imputados en esta causa figuran en torno a una decena de personas —algún policía o exagente—, a las que la juez tomó recientemente declaración.
Eugenio Pino y Sarah Edwards
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el otro de los denunciantes de este caso, el exviceministro de Energía de Venezuela, Javier Ochoa Alvarado, ya ha solicitado a la juez que cite, como testigo o como imputado, a dos personas.
Una de ellas es, precisamente, la fiscal Edwards, residente en Washington DC. En un escrito adelantado por este periódico, Ochoa Alvarado pide que la estadounidense aclare ante la Justicia española si recibió documentación por parte de esta supuesta trama delictiva.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional.
Javier Ochoa Alvarado manifestó que mantuvo una reunión con el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Y que le entregó cientos de documentos relativos a corruptelas en Venezuela. Según su versión, dichos papeles acabaron en manos de la Fiscalía de EEUU y se usaron en contra de Alvarado en una causa por extradición que se sigue en la Audiencia Nacional.
Las autoridades norteamericanas solicitan a la Justicia española que entregue al ex viceministro venezolano, nacionalizado español, para ser juzgado allí por presunta corrupción.
Asimismo, en el escrito avanzado por EL ESPAÑOL, la defensa de Ochoa Alvarado solicitó a la juez del caso Caranjuez que también cite, como testigo o como imputado, al exDAO de Policía Eugenio Pino.
"Era en el momento en que empezaron a cometerse los hechos que son objeto de la presente instrucción (año 2015), director adjunto operativo de la Policía Nacional y, por tanto, máximo superior jerárquico de algunos de los investigados. Por ello, consideramos absolutamente imprescindible que preste declaración", argumentó la defensa del exviceministro de Energía venezolano.