El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha solicitado una condena de 41 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y para su número dos, Francisco Martínez, por el supuesto espionaje orquestado contra él entre 2012 y 2015 para arrebatarle documentación sensible que podía perjudicar al partido.
Reclama, además, una indemnización de al menos 400.000 euros y señala al Estado como responsable civil subsidiario. Solicita también que la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, testifique en el juicio.
Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo, el cantante del grupo Taburete —todos ellos, perjudicados en la pieza del denominado caso Kitchen—, presentaron este martes su escrito de acusación por esta supuesta operación parapolicial investigada en la Audiencia Nacional como una de las ramas del caso Villarejo.
Asimismo, el PSOE, personado como acusación popular en esta causa, ha solicitado este miércoles un total de 47 años de prisión para Fernández Díaz por diversos delitos; entre ellos, organización criminal, obstrucción a la Justicia, malversación o cohecho.
En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los socialistas también piden que el PP responda, como partícipe a título lucrativo, hasta devolver "un importe total equivalente" a los fondos reservados que sufragaron este espionaje.
Y solicitan que sean citados como testigos, entre otros, Cospedal, su marido (Ignacio López del Hierro), el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro Juan Ignacio Zoido o el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.
El 'falso cura' de Kitchen
En el escrito de los Bárcenas, la familia acusa al exministro, al exsecretario de Estado y a buena parte de la cúpula policial de entonces de un delito de asociación ilícita y les considera cooperadores necesarios del asalto que sufrieron en su vivienda en 2014.
En aquel año, Enrique Olivares, fallecido el pasado enero, se hizo pasar por un sacerdote y retuvo, revólver en mano, a la familia del exsenador, bajo amenazas. Pidió a los Bárcenas, a los que ató con bridas, que le entregasen un pendrive con documentos que podrían afectar "al Gobierno de la nación". El hijo del expolítico se enfrentó a él por la fuerza. Olivares, por estos hechos, fue condenado a 22 años de prisión.
El escrito de acusación de Luis Bárcenas también solicita 41 años de cárcel para algunos de los mandos policiales a los que el juez Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar. Y, entre ellos, figuran el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera; el inspector Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal en Castilla-La Mancha; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y los inspectores Bonifacio Díez Sevillano y José Ángel Fuentes Gago.
Fernández Díaz y Cospedal, en una imagen de archivo.
Todos ellos se suman a los excomisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Para Sergio Ríos, el que fue chófer de la familia y que habría sido captado como confidente policial para esta trama, Bárcenas pide 33 años de cárcel y le acusa de haber actuado con la agravante de abuso de confianza.
"Operación parapolicial"
Según el escrito de acusación, los once acusados "orquestaron una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información" que Luis Bárcenas, su mujer y su hijo "tuvieran en su poder que pudiese afectar al Partido Popular" y que se pudiese utilizar contra la formación en el caso Gürtel; en aquellas fechas, en plena investigación en un Juzgado de la Audiencia Nacional. Precisamente, Bárcenas se encuentra en prisión por las condenas en las que derivó aquel caso de corrupción.
Bárcenas acusa a quien fuese su compañero de partido Jorge Fernández Díaz, entonces "máximo responsable político" del Ministerio del Interior durante el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy, de ordenar a su mano derecha, el secretario de Estado Francisco Martínez, el despliegue de "una operación encaminada a la obtención de información y documentación" que tuviese él o su familia.
Tras ello, sus planes habrían sido los de sustraerla "de forma ilícita" y que no llegasen a manos de juez del caso Gürtel, que era, en aquellas fechas, Pablo Ruz.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional.
Martínez, siempre según la versión de Bárcenas, fue quien "asumió la coordinación de la operación ilícita" por orden del exministro. Y, a su vez, habría encargado su planificación al exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino.
Asimismo, el escrito sostiene que los comisarios Villarejo y García Castaño tuvieron como misión la de "ganarse la confianza y lograr la colaboración activa" del chófer de la familia, Sergio Ríos, a cambio de 2.000 euros al mes provenientes de los fondos reservados y bajo la promesa de obtener una plaza en la Policía.
Para ello, también "se valieron" del inspector Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, señala el escrito, que añade que en los años en los que se desplegó Kitchen la ex secretaria general del PP y su marido se reunieron en varias ocasiones con Villarejo, que "les iba informando de la marcha de la operación parapolicial".
Según Bárcenas, Fernández Díaz "estaba al tanto de todos los movimientos del operativo", que consistió en vigilancias, seguimientos e incluso el clonado de teléfonos, y que culminó, dice, con la localización, incautación y posible destrucción de la documentación que se buscaba.