"Te reúno con Inteligencia, buscan datos de Podemos": los 'e-mails' de la red de extorsión a chavistas

La red investigada por, supuestamente, haber extorsionado a ex altos cargos chavistas en España ofreció a uno de ellos reunirse con la "Inteligencia española" para "intercambiar información" sobre los vínculos de Podemos con Venezuela.

La proposición se produjo a través de un correo electrónico, fechado el 4 de junio de 2015. Su destinatario fue Carlos Aguilera, el exjefe del espionaje venezolano. El e-mail aparece firmado por Avi, el sobrenombre utilizado por el exmilitar israelí Alberto Galán Fereres, imputado en esta causa, conocida como caso Caranjuez.

En ella, el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid investiga a una docena de personas por haber, presuntamente, contactado con varios ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, a los que habrían ofrecido protección policial en España a cambio de dinero y de información sobre la corrupción en Venezuela y acerca de las conexiones entre Podemos y el chavismo.

[El exjefe de los espías de Chávez declara que la red de 'Caranjuez' le pidió datos sobre Monedero]

Asimismo, esta red, supuestamente, se ofreció a frenar las causas judiciales que pudieran afectar a sus clientes, así como a gestionarles —y acelerarles— los trámites administrativos para obtener un pasaporte español, con el fin de evitar su extradición a EEUU. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al sumario del caso.

En dicho correo, aportado al Juzgado por Carlos Aguilera, Avi se ofrece a presentarle a un abogado para que le gestione la obtención de la nacionalidad española. También le ofrece una cita con "la unidad de Inteligencia española".

"Esta tarde o mañana por la mañana te reúno con la unidad de Inteligencia española", indica el mensaje. "Para que te conozcan y puedas intercambiar información", prosigue. "Ellos monitorizarán, junto con mi gente, cualquier cosa que venga de VZ [en referencia a Venezuela], Interpol y la situación en los Juzgados de Madrid respecto a tu caso", añade.

"Son buenos amigos, puedes hablar en confianza con ellos. Verás que su información es muy limitada. Les interesa, sobre todo, temas de política española relacionada con VZ, personas de enlace con Podemos, etc. Puedes mantener una vía de comunicación con ellos; eso, como tú quieras", ofrece el e-mail.

Extorsión

Carlos Aguilera aportó este documento a la juez que instruye la causa. El pasado 6 de octubre, declaró por videoconferencia. Lo hizo desde Venezuela, donde todavía reside.

Al mencionar este correo electrónico durante su testifical, la magistrada le insistió sobre la importancia de aportarlo a la causa, junto a otros documentos.

Juan Carlos Monedero.

En aquel interrogatorio, tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, el exjefe de los servicios secretos chavistas declaró que esta red le solicitó información sobre Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. Aguilera, que abandonó el Gobierno de Hugo Chávez en 2002, no pudo facilitar datos relevantes.

Además de este correo, Aguilera aportó al Juzgado una factura, por valor de 400.000 euros, que esta red le hizo llegar para cobrar sus servicios. El concepto que figura es: "Consultoría en implementación". Está fechada el 5 de mayo de 2015 y la emite una sociedad panameña.

El propio Aguilera aludió a esta factura durante su declaración como testigo y aseguró que, por un problema bancario, no pudo abonarla, por lo que la red le remitió una segunda, con un concepto distinto.

Dos personas del CNI

Asimismo, el exjefe de los servicios de Inteligencia del Gobierno de Hugo Chávez aseguró el pasado octubre que esta red le presentó a dos personas "que, supuestamente, pertenecían al CNI [Centro Nacional de Inteligencia]" y que "necesitaban información sobre la situación de Venezuela". Aguilera, según su versión, mantuvo con ellos una "conversación informal", en la que apenas pudo facilitarles datos.

En todo momento, como cabecilla de esta supuesta trama, el testigo señaló a Martín Rodil, un lobista venezolano residente en Estados Unidos, que actuaba como colaborador de la agencia norteamericana antidroga, la DEA. El principal contacto en España de esta red sería el exmilitar israelí Alberto Galán, Avi.

Aguilera también manifestó haber recibido asesoramiento del abogado José Aliste. No obstante, aseguró a la instructora del caso Caranjuez que ninguno de los ofrecimientos de este letrado rebasó la legalidad. Y que "nunca" se sintió coaccionado por él.

El testigo sí reconoció que la red le presentó a Aliste como alguien que "tenía acceso a muchos organismos de seguridad" y que le podía "dar una alerta temprana" sobre "cualquier tipo de acción legal" en su contra.

A preguntas del fiscal, Aguilera aseguró que algunos miembros de este grupo "manifestaban que tenían dentro de la organización policial y judicial en España a muchas personas con las que podían hablar" y "alardeaban" de prestar sus servicios a otros ex altos cargos venezolanos, como el exviceministro de Energía Nervis Villalobos.

Asimismo, el testigo manifestó en el Juzgado que Martín Rodil llegó a confesarle que la fiscal estadounidense Sarah Edwards también era un "aliado" de este grupo. Como imputados en esta causa figuran en torno a una docena de personas —alguno, policía o exagente—, a las que la juez tomó recientemente declaración.

Edwards y Pino

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el otro de los denunciantes de este caso, el exviceministro de Electricidad de Venezuela, Javier Ochoa Alvarado, ya ha solicitado a la juez que cite, como testigo o como imputado, a dos personas más.

Una de ellas es, precisamente, la fiscal Edwards, residente en Washington DC. En un escrito adelantado por este periódico, Ochoa Alvarado pide que la estadounidense aclare ante la Justicia española si recibió documentación de manos de algún miembro de esta supuesta trama delictiva.

Javier Ochoa Alvarado también manifestó que, en 2015, se reunió con el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Y que entregó a éste cientos de documentos relativos a corruptelas en Venezuela. Según su versión, dichos papeles acabaron en manos de la Fiscalía de EEUU y se usaron en contra del propio Alvarado para reclamar que sea extraditado a aquel país.

Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional. Europa Press

Las autoridades norteamericanas solicitan a la Justicia española que entregue al exviceministro venezolano, nacionalizado español, para ser juzgado allí por presunta corrupción.

Asimismo, en el escrito avanzado por EL ESPAÑOL, la defensa de Ochoa Alvarado solicitó a la juez del caso Caranjuez que también cite, como testigo o como imputado, al exDAO de Policía Eugenio Pino.

"Era, en el momento en que empezaron a cometerse los hechos que son objeto de la presente instrucción (año 2015), director adjunto operativo de la Policía Nacional y, por tanto, máximo superior jerárquico de algunos de los investigados. Por ello, consideramos absolutamente imprescindible que preste declaración", argumentó la defensa del exviceministro venezolano en su escrito dirigido a la juez.