Puigdemont se acerca al final de su escapada: el día 25 será la vista decisiva sobre su inmunidad

En aquel momento, Puigdemont llevaba apenas siete días fugado en la capital comunitaria. Tras más de 14 horas a disposición judicial, el magistrado de instrucción belga le puso en libertad con medidas cautelares.

Desde entonces, el expresidente catalán ha logrado esquivar su entrega a España, pese a haber sido detenido también en Alemania (12 días) y en Italia (20 horas).

Desde Bélgica, Puigdemont se presentó a las elecciones europeas de mayo de 2019 y fue posteriormente reconocido como eurodiputado gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), aunque nunca ha cumplido el requisito de acatar la Constitución en Madrid.

Cinco años más tarde, el parlamentario de JxCat se acerca al final de su escapada judicial en la UE. Tras beneficiarse incialmente del amparo de la Justicia de Bélgica y Alemania, ha encadenado una serie de fallos del TJUE negativos para sus intereses, que estrechan el cerco sobre él.

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En las próximas semanas y meses, Puigdemont se enfrenta al momento de la verdad en el que se decidirá de forma definitiva si se le entrega a España o se queda de forma permanente en el limbo belga.

Para empezar, la sala sexta ampliada del Tribunal General de la UE ha fijado para el viernes 25 de noviembre la decisiva vista sobre la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán.

En marzo de 2021, la Eurocámara aprobó -por una amplia mayoría de 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones- el suplicatorio contra Puigdemont enviado por el juez del Supremo Pablo Llarena. El dictamen concluye que los hechos de los que se le acusa son muy anteriores a su elección al Parlamento Europeo y no tienen nada que ver con su actividad como eurodiputado.

En la vista del 25 de noviembre, el parlamentario de JxCat pedirá al TJUE que anule esta decisión de la Eurocámara y le restituya su inmunidad. Puigdemont alega que el Supremo no era el tribunal competente para pedir el suplicatorio. También sostiene que el Parlamento Europeo incumplió su obligación de tratar el expediente de forma imparcial y equitativa y no motivó su decisión de manera suficiente y adecuada.

A la espera de la sentencia definitiva sobre este asunto, el Tribunal General -tras varias decisiones contradictorias- decidió devolver temporalmente la inmunidad al expresidente catalán.

En un auto de mayo de 2022 firmado por su vicepresidente, Lars Bay Larsen, el TJUE alega que existe un riesgo cierto de que el expresidente catalán y sus exconsellers fugados en Bélgica sean detenidos y entregados a España antes de que se resuelva este procedimiento.

Además, el vicepresidente sostiene que el "comportamiento" del ponente del suplicatorio contra Puigdemont (el ultra búlgaro Angel Dzhambazki, adscrito al mismo grupo que Vox en la Eurocámara) y del presidente del comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara (Adrián Vázquez, de Ciudadanos) "parecen demostrar a primera vista una toma de posición o un prejuicio personal contrarios a los diputados". Estas son algunas de las cuestiones que deberán dirimirse en la vista y en la sentencia final, que probablemente se demore hasta principios de 2023.

Para una fecha posterior (probablemente en diciembre, aunque aún no está fijada en el calendario) se espera la respuesta definitiva del TJUE a las cuestiones prejudiciales que planteó Llarena sobre la tramitación de la euroorden en Bélgica. El abogado general, Jean Richard de la Tour, ya publicó el pasado 14 de julio su dictamen previo, que tumba los argumentos de Puigdemont y da la razón al juez del Supremo.

De La Tour sostiene que Bélgica no puede denegar la entrega del expresidente catalán basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo (como hizo con el exconseller fugado Lluís Puig), a menos que se demuestren deficiencias sistémicas en el sistema judicial de España. Y en España no existen estos problemas generales en materia de Estado de derecho, tal y como ha dicho la Comisión Europea y reconoce incluso Bélgica, concluye el dictamen.

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"No son unas conclusiones que nos agraden, no son unas conclusiones positivas ni son el reflejo de lo que viene siendo la jurisprudencia del TJUE, pero son las conclusiones con las que tendremos que convivir, siempre a la espera de la sentencia, y, a partir de ahí, seguir luchando como lo hemos hecho en estos cinco años", escribió el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, tras conocer la resolución. El TJUE suele seguir las recomendaciones del abogado general en una amplia mayoría de los casos.

Si la Justicia europea ratifica en su respuesta a Llarena el dictamen del abogado general  y confirma además el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, ello despejaría el camino para que Bélgica tramite la euroorden (ahora paralizada) y entregue finalmente al diputado de JxCat a España. Las decisiones del TJUE son vinculantes para los Estados miembros.

En paralelo, la Junta Electoral Central (JEC) debe dar respuesta en los próximos días al requerimiento de la Eurocámara, que le ha exigido que aclare si el expresidente catalán es realmente eurodiputado. Puigdemont se encuentra en un limbo jurídico puesto que el comité de Asuntos Jurídicos no ha podido validar su acta de parlamentario: La JEC no ha enviado a Bruselas la documentación requerida porque él no ha cumplido el requisito de acatar la Constitución.

En su carta a la Junta Electoral Central, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, apela a otro fallo del TJUE negativo para los intereses de Puigdemont que se publicó el pasado 6 de julio. La sentencia en cuestión declaró "inadmisible" el recurso del expresidente catalán contra la negativa del Parlamento Europeo a reconocerle como eurodiputado al inicio de la actual legislatura. 

El TJUE señala que la Eurocámara no tuvo margen de maniobra puesto que la decisión sobre el expresidente catalán depende de la legislación electoral española, que exigía acatar la Constitución de forma presencial en Madrid. Un veredicto que abre la puerta a que se cuestione si Puigdemont es o no realmente eurodiputado (y tiene o no derecho a la inmunidad).

Todos estos casos conforman el laberinto legal que ha ido tejiendo Puigdemont para librarse de la euroorden, y que ahora podría volverse en su contra. El expresidente catalán ya ha tiene un fallo negativo firme en Bélgica. En abril de 2020, el Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas desestimó la demanda civil que presentó contra el juez Llarena, en la que le acusaba de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

En la sentencia, la Justicia belga se declaró incompetente para resolver esta demanda civil. Alega que todas las declaraciones públicas del juez Llarena sobre el procés se han producido en su condición de juez y por tanto están amparadas por la inmunidad de jurisdicción.