La Fiscalía Anticorrupción se opone al archivo de la investigación del caso Púnica para la exconsejera de Educación madrileña Lucía Figar, quien ostentó este cargo con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. Figar dimitió en 2015, tras ser imputada en esta causa.
El Ministerio Público también se opone a la exoneración de Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y Justicia; así como la del exviceconsejero Manuel Pérez, el que fuera director de Prensa de la Consejería de Educación Pablo Balbín; el empleado de comunicación Luis Sánchez y la empresaria María Luisa de Madariaga.
A mediados del pasado octubre, el juez instructor de esta causa, Manuel García-Castellón, exoneró a los exconsejeros Figar y Victoria y a otras 70 personas. No obstante, sí propuso mandar a juicio a, entre otros, el exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados.
Ahora, en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior al magistrado, Anticorrupción solicita volver a imputar a Figar, Victoria, Pérez, Balbín y Madariaga.
Por contra, los fiscales del caso no recurren la decisión del juez de librar a Aguirre del banquillo. Al final de la instrucción, la propia Fiscalía se opuso a acusar a la expresidenta madrileña, al no ver suficientes indicios en su contra.
Lo mismo sucedió con quien fuera sucesor de la dirigente al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien el magistrado sobreseyó provisionalmente la causa.
Archivos
En un largo auto de 257 páginas, dictado el pasado 14 de octubre, el juez García-Castellón propuso sentar en el banquillo a un total de ocho personas y a dos empresas por esta pieza del caso Púnica, que indagó en la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid y en los trabajos de reputación online que disfrutaron dirigentes de la formación.
Precisamente, sobre Salvador Victoria, la Fiscalía considera que debe que ser procesado porque "existen indicios razonables para afirmar que fue conocedor, beneficiario, impulsor y solucionador" de la trama y subraya sus llamadas con Alejandro de Pedro, el supuesto conseguidor de la Púnica.
Al abordar la situación de Figar, Pérez, Balbín y Sánchez —todos ellos estuvieron vinculados a la Consejería de Educación—, Anticorrupción destaca que el juez abrió una pieza separada (la número 10) para investigar los hechos vinculados a este departamento concreto. No obstante, la que Manuel García-Castellón dio por cerrada el pasado octubre fue la número 9.
"Pronunciarse en la presente pieza separada número 9 de unos hechos que son objeto de investigación en la pieza separada número 10 infringe todas las garantías procesales", reprochan los fiscales.
Esperanza Aguirre
En su auto de mediados de octubre, el juez sí exoneró a quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. "Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada".
Esperanza Aguirre e Ignacio González, en una imagen de 2012.
"Lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los [hechos investigados]", concluyó García-Castellón, quien recordó que los supuestos delitos electorales vinculados a las campañas autonómicas de 2007 y 2011 habrían, además, prescrito.
El sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era el político Francisco Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una caja B en el PP regional.
Contratos
El magistrado sí reconocía en su auto que, desde abril de 2012 hasta su dimisión, Esperanza Aguirre se benefició de los servicios de reputación digital y posicionamiento online prestados por las empresas del experto informático Alejandro de Pedro, uno de los imputados que García-Castellón propone juzgar.
"No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", razona el auto.
La expresidenta del PP madrileño fue citada a declarar como investigada en Púnica debido a un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba a ciertos servicios de reputación online que habrían sido prestados sin que existiese un contrato firmado entre la compañía y el Partido Popular o la Comunidad de Madrid.
Además de Figar y Salvador, también se libraron del banquillo en Púnica, entre otros, el constructor David Marjaliza, el exministro y fundador de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, también empresario y yerno del anterior, además de consejero delegado del Grupo Villar Mir.