El abogado José Aliste, investigado en el llamado caso Caranjuez, aseguró que el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, reclamó a uno de sus clientes información sobre la supuesta financiación chavista de Podemos.
Así lo declaró Aliste el pasado octubre ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. A preguntas del abogado de Podemos —el partido está personado en la causa como acusación popular—, el imputado declaró que su cliente Javier Ochoa Alvarado, ex viceministro de Energía venezolano, le preguntó si tenía contactos en la Policía.
Alvarado poseía documentos sobre supuestas corruptelas en Venezuela que quería aportar a las autoridades españolas, "por si eran de interés". Entre ellas, información relativa a contratos amañados en la petrolera estatal PDVSA y sobre las inversiones de jerarcas chavistas en España. Aliste declaró que el ex DAO Pino recibió a ambos en su despacho, "de uniforme".
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En aquella reunión también habrían estado presentes el comisario Bonifacio Díaz Sevillano y el comisario jefe de la UDEF José María Catalán. Y durante aquella cita, Eugenio Pino y Díaz Sevillano habrían solicitado a Alvarado datos sobre la financiación de Podemos.
"[En aquella reunión, Alvarado] dijo: 'No tengo, [pero] puedo conseguirle datos sobre la financiación del partido', que aún no era un partido", relató Aliste en su declaración ante la juez. "Fueron alrededor de mil documentos los que entregó", concretó.
Juan Carlos Monedero.
"Unos días después, el señor Alvarado consiguió una nota de cuenta firmada por el presidente [Hugo] Chávez, por el ministro de Economía [venezolano Rafael] Isea y por tres personas que estaban en una fundación que podía ser el germen de Podemos: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge", relató José Aliste.
El letrado aludió a la Fundación CEPS, a la que estuvieron vinculados los tres políticos que actuaron como fundadores e ideólogos del partido de extrema izquierda.
Aquella nota "decía que se financiara con 32 millones de dólares a [los fundadores de] Podemos para (...) la creación de un partido político que fuese más proclive a los intereses bolivarianos". Dicho documento acabó publicado en prensa. Y el inspector de Policía José Ángel Fuentes Gago se reunió en 2016 en EEUU con Rafael Isea para confirmar la veracidad de este documento.
"Me consta que era auténtico", añadió Aliste ante la juez. "Me consta que era una fotocopia, me parece que fueron a tomarle una declaración al exministro Isea a Nueva York, donde declaró que ese punto de cuenta existía y que él lo había firmado en nombre del Gobierno de Venezuela, que Chávez había firmado y esa era su firma y que los cuatro millones y pico de la primera partida lo había ejecutado a través de un organismo".
Durante el interrogatorio, la juez instructora Cristina Díaz interrumpió al abogado de Podemos cuando intentaba profundizar en esta cuestión, recordando que los supuestos delitos investigados en esta causa "no tienen nada que ver" con el partido político.
Lo que la juez sí investiga en el caso Caranjuez es la existencia de una red, de la que Aliste habría formado parte, dedicada, supuestamente, extorsionar a ex altos cargos chavistas residentes en España, a quienes prometía protección policial y frenar las causas judiciales en su contra a cambio de grandes cantidades de dinero.
La magistrada también indaga en una posible trama de blanqueo de capitales, que permitió a los exministros chavistas trasladar a España parte de la fortuna que ocultaban en varios paraísos fiscales.
Jerarcas chavistas
El pasado octubre, ante el juez, José Aliste ratificó, "salvo un par de salvedades", su declaración ante la Policía, que efectuó tras ser detenido el 23 de febrero de 2022.
Tanto en una ocasión como en otra, el letrado aseguró que un policía —que está actualmente imputado— le manifestó que unos "clientes especiales" necesitaban un letrado en España "a tiempo completo".
En una reunión celebrada en un lujoso hotel de Madrid, Aliste conoció a Martín Rodil, el lobista venezolano que sería el cabecilla de esta supuesta trama, y al exmilitar israelí Alberto Galán, apodado Avi, que actuaba como el contacto del anterior en España.
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En un primer momento, Aliste asesoró legalmente al venezolano Nervis Villalobos (viceministro de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez), quien tenía intención de establecerse en España.
Según manifestó ante la juez, los miembros de la red le habrían comunicado que sobre este último pesaba una alerta del Servicio contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac). Aliste reconoció que se desempeñó en "múltiples asuntos" para el exviceministro chavista, por los que recibió de la supuesta trama 400.000 euros.
Posteriormente, fue cuando Aliste ejerció de abogado para Javier Ochoa Alvarado. Tras éste, hizo lo propio con otro jerarca venezolano, el exjefe de los servicios secretos de Venezuela Carlos Aguilera. Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado que cite a declarar como testigo a Nervis Villalobos. Tanto Ochoa como Aguilera ya figuran en la causa como perjudicados.
Ante la juez del caso, Aliste también recordó cómo pronto se fracturó su relación con Avi. "Él no quería que yo tratase directamente con los clientes, él quería controlar, quería saber...", manifestó acerca del exmilitar israelí.
"Nos estas jodiendo el negocio"
En su declaración, recordó que, mientras asesoraba a Villalobos, tras varias consultas a registros y archivos, constató que la situación legal de su cliente en España no era tan delicada. "Ahí empezamos a discrepar", sostuvo Aliste sobre su relación con Avi. "Terminamos disgustados", resumió.
"Yo no pertenezco a ninguna banda organizada, ni a ningún grupo mafioso, ni me dedico a blanquear nada", insistió. "Me contrataron como abogado, cumplí con mi misión y, sobre otras guerras, puedo ser testigo de referencia", añadió.
En su declaración como detenido ante la Policía, el pasado febrero, Aliste, además, explicitó que "mantuvo un conflicto con Alberto Galán Fereres", quien le manifestó que "les estaba jodiendo el negocio".
Otro encontronazo entre Avi y Aliste —según sostiene el acta de declaración de este último— vino provocado después de que el abogado "captase como fuente para los servicios españoles a Rafael Reiter", el exjefe de seguridad de la petrolera venezolana PDVSA.
"[El exmilitar israelí] Galán Fereres estimaba que esta persona era un objetivo para los judíos, debido a que había facilitado la documentación y provisión de armas a miembros de [el grupo terrorista proiraní] Hezbollah", añade el acta de declaración de Aliste ante la Policía.
Eugenio Pino
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el exviceministro venezolano Javier Ochoa Alvarado ya ha solicitado a la juez del caso Caranjuez que cite como testigo o como investigado a Eugenio Pino, considerado uno de los miembros de la policía patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy.
En un escrito, Alvarado insistía en que los documentos que había entregado al ex DAO sobre la corrupción de la petrolera PDVSA, "sorprendentemente" acabaron en poder de la Fiscalía de Estados Unidos y fueron aportados por ésta a la causa de extradición que se sigue en su contra.
Según la declaración judicial de José Aliste, Alberto Galán (Avi) desconocía estas reuniones entre Alvarado y Eugenio Pino.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional.
Asimismo, tal y como publicó este periódico, otro de los perjudicados en este caso, el exjefe de los servicios secretos de Venezuela Carlos Aguilera, declaró que Avi le solicitó datos sobre Podemos y sobre uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero.