El juez del caso Mascarillas, Adolfo Carretero, ha denegado el envío de una solicitud a las autoridades de Malasia para que declare, por videoconferencia y como testigo, el supuesto proveedor San Chin Choon.
La habían solicitado los dos imputados en esta causa, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que consideran que esta diligencia sería "de vital importancia".
En la causa, el juez Carretero investiga la supuesta estafa sufrida en 2020 por el Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de guantes, mascarillas y test contra el Covid, que fueron ofrecidos por Luceño y Medina. Según declararon ambos, estos materiales fueron suministrados por la empresa Leno, encabezada por San Chin Choon.
No obstante, en un auto fechado este jueves y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez recuerda que el malasio —quien "todavía no ha sido identificado oficialmente"— ya se negó a contestar una comisión rogatoria (solicitud de ayuda judicial de un país a otro) enviada a Asia.
Además, España y Malasia no tienen tratados de reciprocidad y las autoridades malasias castigan el delito de estafa con la flagelación.
"Si tanto interés tiene el llamado San Chin Choon en declarar como testigo en el presente procedimiento, podía venir voluntariamente a este Juzgado o hacerlo ante las autoridades malayas sin pedir reciprocidad alguna con España", insiste el juez.
"Este tribunal no puede vulnerar la legalidad internacional ni actuar de forma excepcional con un testigo que se negó a contestar a la comisión rogatoria oficial que se envió a Malasia en un momento y ahora, avanzado el procedimiento y con el posible conocimiento de los detalles, quiere declarar", subraya.
Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d)
Por todo ello, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid deniega el envío de una nueva comisión rogatoria a Malasia para que declare San Chin Choon. Tampoco acepta emplazar a la Embajada de España en Kuala Lumpur para ello.
Todo ello, no obstante, "sin perjuicio de que el llamado San Chin Choon acuda a las autoridades de Malasia para prestar declaración por videoconferencia con su consentimiento, sin reciprocidad de España, y determinando con este Juzgado la fecha de la videoconferencia, que deberá ser preparada por las autoridades malayas, pudiendo pedir el auxilio a la Embajada de España si no disponen de medios tecnológicos", matiza el magistrado.
San Chin Choon
Antes del verano, el Juzgado recibió un e-mail atribuido a Chin Choon que confirmó, punto por punto, la tesis de la defensa de los dos imputados: negó cualquier irregularidad en la venta al consistorio y presentó a ambos investigados como "agentes de venta" exclusivos de Leno.
Pero la Fiscalía sospecha del lenguaje —un spanglish más propio de un hispanohablante— en el que está redactado este correo electrónico. Por ello, solicitó al juez Carretero que averigüe más datos sobre la relación entre Luceño y San Chin Choon. Esto provocó la apertura de una pieza secreta en el caso Mascarillas.
El pasado mes de septiembre, en el marco de esta pieza secreta, la Policía accedió al domicilio y a la sede de una de las empresas propiedad de Alberto Luceño. Los agentes encontraron allí, entre otros objetos, hojas con "impresiones" del CNI y una supuesta placa del Centro Nacional de Inteligencia. El comisionista Luceño alegó que era de juguete, parte de un disfraz.
En el llamado caso Mascarillas, Adolfo Carretero investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en esta venta.
Estafa
A principios del pasado mes de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Además, ambos empresarios entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
La funeraria municipal, que efectuó la compra, pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.
Su labor se habría limitado a ofrecer un catálogo de material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió por parte de un primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Coches de lujo
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero y varios coches deportivos—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal, siempre según la querella de la Fiscalía.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes.
El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.