La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial considera "intolerables" los "ataques" a los jueces proferidos por la ministra Irene Montero, cargos del departamento de Igualdad y del partido Unidas Podemos, que han tildado de "fachas con togas" a los miembros de la Judicatura que están revisando las penas por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Se trata de una revision de condenas muy generalizada, ya que, entre otras modificaciones, la 'ley Montero' ha bajado a una pena de prisión de 4 a 10 años el castigo del tipo básico de violación, que antes tenía una sanción de 6 a 12 años de cárcel.
De esta forma, las sentencias en las que los tribunales justificaron la aplicación de la pena mínima vigente están siendo revisadas a la baja.
Principios básicos del Derecho
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha adelantado a este miércoles la respuesta a las descalificaciones de Montero con un comunicado que, en principio, iba a aprobar en la reunión ordinaria prevista para mañana, jueves.
Irene Montero acusa a jueces de no cumplir ley del solo sí es sí por "machismo"
“La aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho Penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’", recuerda el órgano de gobierno de los jueces.
Añade que "las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española".
Recuerda también que en un informe emitido el 25 de febrero de 2021, que fue aprobado por unanimidad, el CGPJ ya advirtió a Igualdad de que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales suponía una reducción del límite máximo de algunas penas.
"La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’", alertaba.
[El PSOE achaca a la ley de Irene Montero el efecto bumerán a favor de los violadores]
El CGPJ también expresa su "más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos".
A su parecer, esas descalificaciones "se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual".
Esos ataques "minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección”, considera.
"Sólida formación"
Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha contestado a las afirmaciones del Ministerio de Igualdad sobre la supuesta falta de formación de los jueces en esa materia.
"Los integrantes de la carrera Judicial tienen una sólida formación en materia de violencia de género y de perspectiva de género, áreas sobre las que reciben una formación específica", sostiene Carmona.
Así se pone de manifiesto, ha indicado, con la "evolución experimentada por la jurisprudencia en todos los órdenes jurisdiccionales durante los últimos años. Ejemplo de ello son, en el orden Penal, numerosas resoluciones en las que la Sala Segunda del Tribunal Supremo incorpora criterios de la perspectiva de género".
La presidenta del Observatorio recuerda que los jueces y juezas españoles se preparan en esta materia tanto en durante la etapa de formación inicial -es decir, cuando estudian la oposición y durante los dos años de formación teórica y práctica que reciben en la Escuela Judicial-, como a lo largo de su carrera profesional.
El Servicio de Formación del CGPJ imparte cursos sobre violencia de género obligatorios para todos aquellos integrantes de la carrera judicial a los que por concurso ordinario les sea adjudicada una plaza en un Juzgado de violencia sobre la mujer, un Juzgado de lo penal especializado o una plaza en una sección especializada de una Audiencia Provincial.
Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces imparte cursos sobre perspectiva de género, que son obligatorios para todos aquellos magistrados y magistradas que quieran examinarse de cualquiera de las especialidades (Mercantil, Contencioso-Administrativo, Social, etc.). Sólo si superan ese curso pueden optar a examinarse de la especialidad.
Este curso está disponible y es voluntario para todos los demás miembros de la carrera judicial.
Desde 2019, año en el que se estableció por ley la obligatoriedad de realizar el curso sobre perspectiva de género para acceder a la especialidad, han recibido esta formación un total de 1.467 jueces y juezas.
En cuanto a los cursos de violencia de género, lo han realizado un total de 307 jueces y juezas.
"Jueces y juezas para la Democracia"
La asociación de Jueces y juezas para la Democracia emitió este miércoles un comunicado en el que consideraba "muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones que desde el Ministerio de Igualdad se han llevado a cabo a propósito de la revisión de algunas condenas por delitos contra la libertad sexual".
Además, añadía que "la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica".
Esta asociación veía que si desde el Ministerio de Igualdad no se había alcanzado "a prever esa consecuencia, no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como "justicia machista" o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover".