Las cuatro asociaciones judiciales han expresado en las últimas horas su rechazo a los ataques proferidos por Irene Montero y otros cargos de Igualdad y del partido de Unidas Podemos con ocasión del proceso de revisión de condenas por delitos contra la libertad sexual como consecuencia de la llamada 'ley del sí es sí'.

La norma ha reducido determinadas penas a agresores y abusadores sexuales, lo que está generando un aluvión de revisiones a la baja de las condenas en aplicación de la Constitución y del Código Penal, que obligan a aplicar la ley más favorable al reo.

La Asociación Profesional de la Magistratura, de representación mayoritaria en la carrera judicial, ha expresado su "más enérgico rechazo" a las descalificaciones de Montero y sus altos cargos. 

"En un Estado de Derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales, aunque sería recomendable que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional", opina la APM. Esta asociación contaba con 1.340 miembros de un total de 2.911 jueces afiliados a asociaciones a fecha de septiembre de 2021. El total de jueces es de 5.400.

Para la asociación mayoritaria, la acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, "además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho".

"Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y, de igual modo, con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal. Y ese compromiso comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada", añade en un comunicado hecho público este jueves.

Acudir a "descalificaciones generalizadas" con fundamento en "pretendidos" prejuicios y estereotipos, "en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta. Sobre todo, teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los Juzgados y Tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual", afirma la Asociación Profesional de la Magistratura.

Resalta que las declaraciones de Irene Montero contra los miembros de la Judicatura no son aisladas, sino que "se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia". Por ello, "exigimos su inmediata dimisión".

FV: Que asuma la responsabilidad

La Asociación Judicial de Francisco de Vitoria, la segunda más representativa (846 afiliados en septiembre de 2021) también considera que Montero debe marcharse.

"A la vista de las declaraciones realizadas por las responsables políticas del Ministerio de Igualdad, en particular la ministra Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, la AJFV exige que la ministra asuma, con su dimisión, la responsabilidad política que le incumbe por trasladar, desde el Gobierno de la Nación, el mensaje de que 'jueces machistas', deliberadamente, están beneficiando a personas condenadas por la comisión de delitos contra la libertad sexual, atribuyendo una aplicación torticera de la Ley en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la carrera judicial", afirma en un comunicado.

La asociación progresista, también en contra

Desde Jueces y Juezas para la Democracia, que fue la primera en reaccionar con un comunicado emitido ayer miércoles, se consideran "muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones que desde el Ministerio de Igualdad se han llevado a cabo a propósito de la revisión de algunas condenas por delitos contra la libertad sexual". 

JpD, con 441 afiliados en septiembre de 221, explica que "la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa ley orgánica".

"Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces y juezas tachando sus decisiones como 'justicia machista' o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley", afirma la asociación judicial progresista.

Esas manifestaciones, "además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover", sostiene.

FJI: "Injusto y pueril"

Para el Foro Judicial Independiente (339 afiliados en septiembre de 2021), las declaraciones de Montero, de Victoria Rosell y de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, son una reacción "injusta y pueril" que "rechazamos frontalmente".

A su parecer, desde el Ministerio de Igualdad "debería asumirse la responsabilidad de quien, conociendo el riesgo que existía de que se produjeran rebajas de condena, no hizo el más mínimo esfuerzo por rectificar los posibles efectos no queridos de un proyecto legislativo elaborado de manera defectuosa". Recuerda, a este respecto, que durante la tramitación parlamentaria de la ley, diversas instituciones y organismos -entre ellos el Consejo General del Poder Judicial- advirtieron de que algunos tipos penales verían reducidas sus penas y que ello podría conllevar en algunos casos la revisión de condenas ya firmes.

"En lugar de asumir su responsabilidad", añade, "se ha cargado de forma injusta y generalizada contra quienes debemos aplicar la ley elaborada por el Parlamento. [Irene Montero] ha dicho que no cumplimos la ley quienes, diariamente y en muchas ocasiones sin los medios adecuados para ello, no hacemos otra cosa que trabajar para, precisamente, combatir la violencia machista".

"Dada la gravedad de las acusaciones vertidas y el infantilismo de tratar de proyectar a otros la responsabilidad por actos propios, entendemos que la ministra de Igualdad debería presentar su dimisión para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad".

Los fiscales: una ley mala

Por su parte, la Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera,  ha hecho público un comunicado en el que considera "inaceptables" las manifestaciones de Montero y expresa "su más enérgica repulsa". 

"El legislador debe asumir la falta de técnica legislativa y de rigor jurídico en su reforma y no culpar a quienes exclusivamente nos limitamos a dar debido cumplimiento a esa ley", afirma.

También considera "de extrema gravedad" en un Estado democrático de Derecho en el que "deben prevalecer" el respeto institucional y la separación de poderes que se produzca un "ataque injustificado al Poder Judicial por parte de quienes ostentan cargos públicos en el Gobierno u otras instituciones con el único fin de crear confusión en la ciudadanía"

"Reconocer el error legislativo cometido sería un acto de responsabilidad política y madurez democrática de la que carecen", concluye.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, por su parte, ha rechazado"las invectivas de un sector del Gobierno directamente contra jueces y fiscales, no desautorizadas desde la Jefatura del mismo".

La APIF "reconoce –naturalmente- el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, pero dicha crítica formulada desde miembros del Gobierno de la nación con referencias a 'convicciones machistas' de los magistrados son absolutamente injustificadas".

Crítica al fiscal general

Para esta organización, esos insultos se producen "para desviar la atención sobre la propia falta de competencia, y creemos que deberían suponer la dimisión o el cese de sus responsables".

"Es necesario legislar correctamente, y hay que evaluar los efectos de las normas que se aprueban en relación con los objetivos que se pretenden. Ello es más importante cuando se modifica el Código Penal", señala, recordando que el principio de retroactividad de la ley penal favorable es una salvaguardia fundamental en un Estado de Derecho "y creemos que cualquier legislador penal debería conocerlo".

La APIF "lamenta la falta de reacción del fiscal general ante esas críticas inmoderadas contra magistrados que se limitan a revisar por imperativo constitucional y legal las penas impuestas por delitos contra la libertad sexual. Con ese silencio, el fiscal general no cumple su misión constitucional de velar por la independencia de los Tribunales y se sitúa –una vez más- como fiscal general del Gobierno en vez de un auténtico fiscal general del Estado".