Las juristas que avisaron a Irene Montero de la ley del 'sí es sí': "Dijimos que no iban a ser casos aislados"

Durante la tramitación de la norma, organizaciones como Femes, Themis o la Alianza contra el Borrado de Mujeres ya avisaron al departamento que encabeza Irene Montero de que la ley, de aprobarse, abriría la puerta a reducir los castigos a los condenados por delitos sexuales.

Y así ha ocurrido. Y no una ni dos ocasiones, sino un goteo de reducciones de penas, que ha llegado, incluso, a adelantar la puesta en libertad de varios reos.

"Antes de la entrada en vigor de la ley, nosotras ya entendimos que no iban a ser casos aislados", comenta Pino de la Nuez Ruiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Y así se lo advertimos", recuerda en conversación con EL ESPAÑOL.

Para De la Nuez, el aluvión de reducciones de penas supone, además, una "revictimización" de las denunciantes de abuso o de agresión sexual. Dos tipos penales que la nueva ley, precisamente, funde en uno solo, alterando el número de años de cárcel que, hasta ahora, el Código Penal contemplaba, de forma diferenciada, para estos dos delitos.

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"En la práctica, casi con total seguridad, la reforma va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales, lo que hace suponer que no se proporciona la importancia debida al bien jurídico protegido, que no es otro que el de la libertad sexual de las personas", advertía ya el texto de alegaciones presentado a la ley por parte de las miembros de Themis. Y así ha acabado sucediendo. Exactamente como lo avisaban las juristas de esta organización.

"Este Ministerio de Igualdad no ha escuchado a las asociaciones de mujeres en general, ha sido su proceder todo este tiempo y tampoco en esto nos hicieron caso", se queja Altamira Gonzalo, socia de Themis y vicepresidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas (Femes), que también criticó las deficiencias jurídicas del texto.

"Las consecuencias de la ley son, por un lado, a futuro, condenas menores, en determinados casos, en comparación con la ley anterior", señala Gonzalo. "Y, por otro, que los condenados en firme por delitos sexuales a quienes las nuevas normas les sean favorables tengan derecho a que se le revise y reduzca la pena", explica, antes de instar a "tomar buena nota" de esta "deficiencia legislativa" de cara a aprobar la Ley Trans.

"Clara atenuación"

Uno de los principios rectores del Derecho Penal es la retroactividad de las leyes penales cuando sean más beneficiosas para el reo. Es decir, que los jueces puedan rebajar las condenas si un cambio legislativo es más favorable para el acusado. La Ley del sólo sí es sí carece de una disposición transitoria que evite la revisión de penas que, con la nueva legislación, puedan ser rebajadas. "Si nada dice lo contrario, esto [la ley más beneficiosa para el reo] se tiene que aplicar", recuerda Pino.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que rebaja la pena para un acusado, recuerda que, en la nueva legislación impulsada por Irene Montero, "la pena con la que se sanciona el delito [de agresión sexual] ha sufrido una clara atenuación, pasando de una pena privativa de libertad de 6 a 12 años a otra de 4 a 12 años".

El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ya advirtió de efectos como éste en la nueva ley. "Y ahora, estamos esperando una instrucción, una circular, que unifique la doctrina, que aclare si [la nueva legislación] debe afectar a los casos con sentencia firme, a los que están enjuiciándose...", recuerda De la Nuez. Mientras tanto, el goteo de reducciones de penas no cesa. Y fuentes jurídicas avanzan que seguirá en los próximos días.

"El cambio de paradigma de esta ley, que unifica los delitos de agresión y de abuso en uno solo, hay que hacerlo con precisión y rigor jurídico", se queja la presidenta de Themis, que considera su crítica "compatible" con la necesidad de que la Justicia, aún sí, "tenga en cuenta la perspectiva de género" en su labor.

Ya el CGPJ alertó de una posible merma en los derechos de las víctimas si dos delitos que hasta ahora aparecían diferenciados —distinguidos según el empleo o no de violencia o intimidación— se fusionaban en un único tipo.

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"[La ley] es un error garrafal", critica Blanca Estrella, de la asociación Clara Campoamor. "Siento vergüenza ajena de que mi Gobierno, un Gobierno de izquierdas, trabaje para violadores", comenta. "No saben cómo las víctimas lo están pasando desde ayer y no lo puedes solucionar porque no se ha pensado en ellas", se queja. "Quiero un Gobierno que piense en las víctimas", zanja.

"Es una ley torticera, y ya llevamos tiempo avisando de ello", critica Paula Fraga, jurista, integrante de la Alianza contra el Borrado de Mujeres y colaboradora en la sección de Opinión de EL ESPAÑOL.

Ante las críticas, desde Podemos y desde el Ministerio de Igualdad, lejos de hacer autocrítica, se han limitado a arremeter, de nuevo, contra el Poder Judicial, al que acusan de aplicar "de forma defectuosa" la ley.

"No se nos hizo caso entonces, ahora está pasando lo que ya advertimos y [desde el Ministerio de Igualdad] dicen que es que los que aplican mal la ley son los jueces. Pues no; lo que pasa es que ahora hay un instrumento jurídico para rebajar las penas por delitos sexuales", reprocha Fraga.

La jurista recuerda que la nueva ley no evitó que se aplicase con carácter retroactivo y que el Código Penal, en su artículo 2.2, contempla la retroactividad cuando beneficia al reo. "Es de primero de Derecho", subraya.

"Es increíble que los juristas asesores de la ministra no hayan reparado en eso", cuestiona. "O será que no les importa que se aplique esta nueva ley, que ampara y beneficia a agresores sexuales", critica.

En su opinión, Igualdad "se ha dejado guiar por tesis antipunitivistas que no son más que filfa jurídica". "Un Ministerio que dijo que venía a luchar por las mujeres las ha acabado desprotegiendo", denuncia Fraga en conversación con este periódico, antes de pedir la dimisión de Irene Montero.