La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición del PSOE de analizar los móviles de Alberto Luceño y Luis Medina, los dos imputados en el llamado caso Mascarillas.
Considera que hacerlo, sin que existen indicios de delito para ordenarlo, sería prospectivo, "no conforme a Derecho". Y critica que esta solicitud se base en "meras suposiciones y conjeturas", en "la sola finalidad de indagar para ver lo que se encuentra".
En el caso Mascarillas, el Juzgado de Instrucción número 47 de la capital investiga la supuesta estafa cometida por ambos y sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test contra el coronavirus en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la Covid-19.
Por intervenir en esta operación comercial, ambos empresarios se llevaron abultadas comisiones. El consistorio pagó, en total, unos once millones de euros.
Ahora, en un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechado el pasado jueves, la Audiencia Provincial de Madrid rechaza la petición del Partido Socialista, que avanzó este diario.
El PSOE, al igual que el Grupo Mixto de consistorio de la capital, que se adhirió a esta solicitud, ejerce la acusación popular en el caso Mascarillas. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la empresa municipal que realizó el encargo del material sanitario se opusieron a ella.
"Consideramos que, a través de las declaraciones de los investigados y de las prestadas por los testigos que fueron citados, cuyas explicaciones resultan coherentes entre sí, y aparecen además corroboradas por la abundante prueba documental relativa a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp intercambiados, se conoce debida y suficientemente el itinerario seguido en el desenvolvimiento de las negociaciones y las personas intervinientes", concluyen los magistrados.
Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d)
"No resulta procedente la intención de sustanciar una investigación de carácter general que no se apoye en el concurso de indicios relevantes sobre una eventual comisión delictiva, sino en la voluntad de su búsqueda, proponiendo exhaustivas investigaciones con intención de hacerlos aflorar, por si concurrieran", sostienen.
"De practicarse tal investigación resultaría de naturaleza prospectiva, pudiendo así adquirir el volumen y alcance que decidan a voluntad las partes acusadoras", añaden.
"Las investigaciones generales y prospectivas no son conformes a Derecho", recuerdan los jueces Eduardo Bermúdez, Pilar Abad y Rosa Esperanza Rebollo. "De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia", reprochan.
"El requerimiento a Luis Medina para que entregue sus dispositivos carece de eficacia por sí mismo, en tanto el derecho a no auto incriminarse presupone que las autoridades logren probar su caso sin recurrir a pruebas obtenidas mediante métodos coercitivos o de presión en contra de la voluntad de la persona acusada", insisten los magistrados, citando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Los móviles
El pasado mes de mayo, el PSOE solicitó al juez que ordenase la entrega de los móviles usados por Luceño y Medina para comunicarse entre ellos, tanto mediante llamadas como por WhatsApp.
También pidió que aportasen el terminal con el que se telefonearon con Elena Collado, la funcionaria del Ayuntamiento encargada de las compras municipalesdurante la pandemia del coronavirus.
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El auto de la Audiencia Provincial también recuerda que Collado "ya aportó las comunicaciones de correo electrónico y de WhatsApp" que mantuvo con Javier Luceño.
Asimismo, el Partido Socialista solicitó que Medina entregase el móvil con el que habló con el primo del actual alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó un contacto en el Ayuntamiento para hacer llegar su oferta de venta de material sanitario.
En un auto fechado el pasado 5 de octubre, el juez instructor del caso, Adolfo Carretero, denegó todas estas diligencias. El magistrado indicó que estas peticiones "ya han sido cumplidas" con el registro policial efectuado días antes en el domicilio de Alberto Luceño y en la sede de una de sus empresas.
Y el PSOE presentó un recurso de apelación contra esa decisión. Lo interpuso ante la instancia superior al Juzgado, la Audiencia Provincial de Madrid.
Carlos Martínez-Almeida, a la salida del Juzgado.
En su recurso, adelantado por EL ESPAÑOL, la abogada del PSOE negaba que sus peticiones constituyesen una investigación prospectiva. Y criticaba que Carretero las denegase "delimitando la investigación a unos delitos concretos en esta fase de instrucción, prejuzgando sobre los hechos".
En respuesta, la Audiencia Provincial de Madrid sí considera que el registro a la vivienda de Luceño y "la aprehensión de los dispositivos informáticos y terminales telefónicos del investigado" pondrá luz sobre "la totalidad de las comunicaciones que éste haya mantenido tanto con Elena Collado como con Luis Medina". Por todo ello, rechaza la petición de los socialistas de analizar los móviles de los dos imputados.
El PSOE insistía en implicar al consistorio de la capital, a pesar de que el magistrado ha insistido en que ningún funcionario municipal está siendo —ni ha sido— investigado.
"No hay que olvidar que el grueso de nuestra petición se refiere a las comunicaciones de los propios investigados, sobre los que hay importantes indicios de delito, y sobre comunicaciones realizadas desde cuentas del Ayuntamiento, entidad pública cuyas comunicaciones no pueden tener el mismo nivel de protección que las de particulares", rezaba el recurso del Partido Socialista.
A juicio de la letrada del PSOE, era necesario "conocer qué dijeron o cómo [Luceño y Medina] pretendían estafar al Ayuntamiento", por si "pudieran derivar otros delitos" o la participación de "otras personas" en los hechos.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos once millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.
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Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.