El Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla ha abierto juicio oral contra los acusados del mayor brote de listeria de España. El juzgado también ha pedido a cinco de estos acusados y al Ayuntamiento que abonen de forma solidaria una fianza superior a cinco millones de euros.
En agosto de 2019 la citada empresa, con sede en el Polígono El Pino de Sevilla, contaminó a más de 200 personas: cuatro de ellas murieron y hubo siete abortos tras el consumo principalmente de carne mechada de nombre La Mechá.
En concreto, los acusados son los dueños de la empresa, un arquitecto técnico autor de la declaración responsable de la misma y la inspectora veterinaria municipal. Entre los primeros se encuentran el propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente, Sandro José Marín Rodríguez, y su padre y administrador de hecho, José Antonio Marín Ponce.
También su madre, Encarnación Rodríguez Jiménez, como responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa y su hermano, Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario.
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En concreto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el auto la magistrada abre juicio oral contra los responsables de la empresa y la veterinaria por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave.
La instructora, que apunta a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, declara responsable civil subsidiario de estos delitos al Ayuntamiento de Sevilla.
De igual modo, la juez abre juicio oral contra el padre y el hijo y contra el arquitecto por un delito de falsedad en documento oficial. También contra todos los responsables de Magrudis por un delito leve de defraudación del fluido eléctrico.
Hace un mes la Fiscalía pidió para los principales acusados del brote de listeria hasta 11 años y medio de prisión.
Imposición de fianzas
En el auto, la magistrada requiere a todos los acusados y al Ayuntamiento de Sevilla que presten, en el plazo de un día, una fianza solidaria que supera los cinco millones de euros para resarcir a las víctimas y sufragar la indemnización a la Junta de Andalucía y al propio Ayuntamiento de Sevilla. Al arquitecto, en concreto, le reclama 1.440 euros como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérsele.
Y todo ello, según explica la juez, "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele". También con el apercibimiento de que, de no prestar las distintas fianzas establecidas en el auto, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.