El 'caso Biosca' sobrevive a Biosca: cientos de afectados buscan cómo recuperar 800 millones

El que fuera el principal imputado por este supuesto fraude de 800 millones de euros apareció muerto el pasado martes en Estepona (Málaga). Las fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL apuntan al suicidio como la principal hipótesis de su investigación. Biosca se habría arrojado desde el balcón del quinto piso de un exclusivo hotel de la ciudad.

Un juzgado de la ciudad malagueña analiza ahora el suceso y las circunstancias que la rodearon. Según ha podido saber este periódico, un atestado de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Estepona confirma que el cuerpo es el de Biosca. El informe ya ha sido enviado al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, encargado de investigar esta supuesta estafa piramidal.

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¿Y qué pasa ahora? Tal y como recoge el Código Penal, el fallecimiento del investigado extingue toda responsabilidad penal. Pero la civil —las posibles indemnizaciones a las víctimas— deberían asumirlas sus herederos. Precisamente, el hijo de Biosca, también está imputado en este caso.

En la habitación en la que se hospedaba Biosca, la Policía no ha encontrado ninguna nota de suicidio, según confirman las mismas fuentes. Los agentes continúan investigando si hubo testigos presenciales de la muerte, aún sin éxito. Y analizando las cámaras de videovigilancia cercanas a la zona. Tampoco han encontrado signos de violencia.

"Javier Biosca siempre nos decía que su intención era pagar y que iba a hacerlo, pero luego no pagaba, porque tenía otros asuntos que atender antes", recuerda Emilia Zaballos, la abogada de cientos de supuestas víctimas de la estafa.

La letrada, que encabeza la Asociación de Afectados por las Inversiones en Criptomonedas, fue una de las primeras en conocer la muerte del cripto-bróker. Uno de sus clientes, residente en la Costa del Sol, le informó de lo que entonces sólo era un rumor a través de un chat de WhatsApp. Zaballos telefoneó a los abogados de Biosca, que le confirmaron el fallecimiento.

Fachada de la Audiencia Nacional. Efe

Inmediatamente, la Asociación presentó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional solicitando paralizar la incineración o el entierro del cadáver hasta que se aclaren las causas de la muerte.

Aunque el documento aludía a un posible suicidio, la letrada, ahora, en conversación con EL ESPAÑOL, duda de esta posibilidad. "No creo que sea un suicidio; es tan extraño, Javier nunca estaba solo, tenía personal de seguridad...", expone. Como también subrayaba su escrito, la abogada recuerda que, una vez fue puesto en libertad, Biosca habría sufrido amenazas por parte de grupos criminales que invirtieron en sus negocios de criptomonedas.

Al mencionar a Biosca, Zaballos aún habla en presente. "Es manipulable...", comenta. "Era, era manipulable", se corrige rápidamente.

Con Biosca muerto, un posible pacto extrajudicial con Paloma Gallardo, su mujer, también imputada, y su hijo Sergio sigue en el aire. Como siempre lo estuvo con el cripto-bróker, ya que nunca llegó a concretarse.

La Asociación cifra la supuesta estafa en 818 millones de euros. El pasado mes de diciembre, cuando aún seguía en la cárcel, Biosca se ofreció a devolver 530 millones, que aseguraba que poseía en criptomonedas, a cambio de su libertad, pero la Fiscalía se opuso. Finalmente, tres semanas antes de morir, el imputado aportó a la Audiencia Nacional un millón de euros en efectivo, por lo que el juez le concedió la libertad provisional.

El palacete

Antes de ése, hubo otros intentos de Biosca por salir de prisión, que resultaron fallidos. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el pasado junio, Biosca presentó el Palacio de Pendueles como fianza para tratar de obtener la libertad provisional.

Un plano del palacio. EL ESPAÑOL

El palacio de Pendueles. EL ESPAÑOL

En realidad no lo hizo él, sino un tal Juan Santiago Zuluaga, que aportó una finca ubicada en la localidad asturiana de Pendueles, en el concejo de Llanes. En dicho terreno, se alza, aunque en estado casi ruinoso, un palacete indiano de finales del siglo XIX.

De acuerdo con el informe pericial aportado por Zuluaga al Juzgado Central de Instrucción número 1, el valor de la finca, calificada como suelo urbano, era de 2.473.213 euros netos. El arquitecto que lo elaboró indicaba que el inmueble está únicamente "deteriorado por el uso".

Tras recibir un informe de los peritos de la Audiencia Nacional, que tasaba las propiedades en un millón de euros menos, el juez Abascal rechazó el palacete como fianza y obligó a Biosca a aportar dinero en efectivo. La Asociación de Afectados lo había cifrado en algo más de 400.000€.

El Palacio de Pendueles fue terminado de construir a finales del siglo XIX. Es una muestra de la arquitectura indiana del norte de España.

Según consta en una fe notarial fechada en 1994, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el inmueble y la finca, de 6.826 metros cuadrados, fueron vendidos ese año a Juan Santiago Zuluaga por 20 millones de pesetas.

Como vendedores, figuran, entre otros, Asunción Latorre Montalvo y sus hijos. Éstos últimos se deshicieron de ambos bienes, que eran parte de la herencia de su padre, José Jiménez Mendoza, marqués de Santa Rita, fallecido en 1992.

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Otra porción de la finca perteneció a las tres hijas de Fernanda Mendoza y Dosal, condesa viuda de Santa Engracia. Tras la Guerra Civil, el palacio fue utilizado incluso como hospital de tuberculosos.

Finalmente, fue tres semanas antes de su muerte cuando Biosca, a través de otro fiador, entregó un millón de euros y salió de la cárcel.

No obstante, el Palacio de Pendueles es otro de los flecos que aún quedan en el caso Algorithms, convertido ya, más bien, en el caso Biosca. De la tasación del palacete ha nacido otra causa judicial.

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid investiga a Zuluaga Bilbao y al arquitecto A. O., el que tasó la finca, tras una denuncia de la Asociación de Afectados por la Inversión en Criptomonedas.

La titular de dicho juzgado, la magistrada Carmen Valcarce citó a ambos a declarar el pasado 14 de noviembre, aunque la comparecencia fue suspendida, ya que ninguno de los dos había recibido la notificación de la denuncia, que acusa a A. O. de un posible delito de falso testimonio y al empresario, de "presentar, a sabiendas, a un perito presuntamente mendaz".

Ese mismo día, además, Zaballos y su equipo amplió su denuncia tras tener conocimiento de que otro empresario, Luis Monje, habría sido quien, presuntamente, se habría puesto en contacto con el fiador y el arquitecto para presentar al Juzgado como fianza el palacete de Llanes.