Un informe sobre la Justicia denuncia las "críticas constantes de los políticos a las sentencias"

Las más de 90 páginas del documento, elaborado por la Fundación Hay Derecho, citan los reproches de miembros del Ejecutivo a sentencias como las que condenaron al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, a la exdiputada Isa Serra y a la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra.

También menciona las palabras del entonces vicepresidente del Ejecutivo y secretario general del partido izquierdista, Pablo Iglesias, a las resoluciones europeas sobre el procés, que el político tachó de "humillación" para España. El informe también alude a las críticas de ciertos sectores independentistas a la Justicia a lo largo de la causa judicial contra Laura Borràs.

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Al conocerse la condena a Serra, Iglesias tuiteó: "Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".

Por su parte, la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien sustituyó en el cargo, precisamente, a Iglesias, hizo lo propio con la condena a Alberto Rodríguez por propinar una patada a un policía en una manifestación en 2014.

En Twitter, la ministra escribió: "Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño".

Hay Derecho destaca que comentarios como éstos "ponen de relieve una tendencia política creciente a la deslegitimación de los integrantes del Poder Judicial", además de cuestionar su imparcialidad e independencia "cuando sus resoluciones no son favorables a un determinado partido político o a sus dirigentes". 

Serra, tal y como recuerda el informe, llegó a deslizar que el Supremo había cometido prevaricación. Y fue, precisamente, el Alto Tribunal el que rechazó la querella que la acusaba de un delito de calumnias por estas mismas insinuaciones.

Los magistrados reconocieron que la ministra ejerció su libertad de expresión, aunque su tuit no fuese "la mejor muestra de responsabilidad institucional" y resultase "ofensivo" e "injustificado".

El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, tuvo que emitir un comunicado en el que manifestaba que, más allá del "legítimo derecho a la crítica" de sentencias judiciales, comentarios como ésos arrojaban una sospecha "inaceptable" contra magistrados y tribunales.

En el dosier, cuya elaboración ha sido dirigida por Elisa de la Nuez, Fernando Jiménez Sánchez y Germán M. Teruel Lozano, también se mencionan las alusiones al lawfare (guerra judicial) que esgrimieron ciertas voces afines a Oltra y Borràs cuando ambas políticas estaban inmersas en procedimientos judiciales, atribuyendo "intenciones políticas a los tribunales".

Y ambas siguen en ellos. Recientemente, el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha prorrogado seis meses más la instrucción en la que se encuentra imputada la exvicepresidenta valenciana y en la que se investiga si ocultó los abusos sexuales cometidos contra una menor, tutelada por la Generalitat, por quien fuese marido de la también exconsellera.

Por su parte, la expresidenta del Parlament catalán Laura Borràs se sentará en el banquillo de los acusados por falsedad y prevaricación.

"La deslegitimación de un Poder del Estado por parte de los integrantes de otro contribuye al desprestigio y deterioro del propio Estado de Derecho y del principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones entre ambos y vulnera la separación de poderes", reza el dosier.

Asimismo, subraya lo "paradójico" que resulta que, desde diversos ámbitos políticos, se censure el "supuesto carácter conservador" de una gran parte de los miembros de la judicatura, mientras que no se realizan sobre otros altos funcionarios, como los abogados del Estado o los diplomáticos.

Y recuerda que no se debe "confundir" la adscripción mayoritaria de los jueces a determinadas asociaciones judiciales "con un mayor sesgo conservador" ni vincularla a una hipotética falta de imparcialidad en su labor.

Asimismo, el informe reprocha la falta de medios de la Justicia, las puertas giratorias entre el poder político y el judicial y "la problemática de los indultos; en particular, los otorgados por razones políticas".