La Fiscalía solicita un total de 31 años y medio de cárcel y multas que suman más de 950 millones de euros para el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.
Recientemente, la Audiencia Nacional envió al banquillo de los acusados a Miñanco y a otras casi 50 personas que compondrían una organización criminal dedicada a la introducción de droga en España.
El narco, que habría ejercido de líder de la misma, fue detenido en 2018 en el marco de la Operación Mito, que frustró su intento de introducir 4.000 kilos de cocaína en nuestro país.
Concretamente, el Ministerio Público pide para Sito Miñanco, "por un delito contra la salud pública cometido en el seno de una organización criminal y concurriendo la condición de jefatura y la circunstancia de extrema gravedad", la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y dos multas: una de 524 millones de euros y otra de 393.119.208€.
Por el delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, el fiscal antidroga Ignacio de Lucas solicita la pena de 9 años de prisión para Sito y una multa de 33.705.000 euros.
Por la supuesta falsificación de documento oficial, cuatro años y medio de prisión y una multa de 450.000 euros. En total, por los tres delitos, las multas suman 951.433.152 euros.
Su 'modus vivendi'
La Fiscalía relata en su escrito de acusación, fechado el pasado lunes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que, a pesar de que Miñanco trabajaba en un párking mientras disfrutaba de un tercer grado penitenciario, "su única y verdadera actividad profesional" seguía siendo la de introducir droga en España.
"El narcotráfico era su modus vivendi", resume. Para ello, "mantenía sus contactos y la confianza de las organizaciones suministradoras de la droga en Suramérica" y contaba con logística y personal para esa tarea.
"Dirigía todas estas operaciones para introducir la droga en España, con el propósito de ocultar los beneficios obtenidos como consecuencia de su distribución y venta y disponía de la infraestructura encaminada a la posterior recogida y almacenamiento de los beneficios, así como a su ulterior ocultación, introduciéndolos a través de distintos sistemas en el mercado financiero para enmascarar su origen ilícito", relata el escrito.
Fachada de la Audiencia Nacional.
El fiscal subraya que Prado Bugallo contaba con una "pléyade de individuos" que le ayudaban a introducir la droga en España. Algunos de ellos, "acumulaban una notable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico" y ejecutaban, "de forma casi reverencial", los encargos del supuesto líder de la organización.
'Operación Mito'
Según la investigación policial que provocó su detención, la denominada Operación Mito, el conocido narcotraficante pontevedrés dirigía un entramado con la finalidad de introducir 4.000 kilos de droga en España.
Miñanco fue detenido por estos hechos en febrero de 2018, cuando disfrutaba de un régimen carcelario de semilibertad. Los investigadores le seguían la pista desde el año 2016. El encargado de la causa judicial fue el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular es la jueza María Tardón.
La pasada semana, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también mandó a juicio, por presunto blanqueo de capitales, al abogado de Bugallo, Gonzalo Boye, al denegar el sobreseimiento de la causa que éste había solicitado.
Boye también es letrado del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez o del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. La Fiscalía pide para Boye nueve años de cárcel —cinco, por un presunto delito de blanqueo y cuatro, por falsedad documental— y multas que rebasan los tres millones de euros.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el pasado enero, la juez Tardón acordó la libertad provisional para Sito Miñanco por esta causa. No obstante, el histórico narcotraficante siguió interno en la prisión de Algeciras, ya que fue condenado por el Supremo a tres años y nueve meses de cárcel en abril de 2021.
Asimismo, además de la dictada por el Alto Tribunal, Prado Bugallo fue condenado por sentencia firme en febrero de 2006 a 16 años y 10 meses de cárcel por tráfico de drogas y organización criminal.
Tiroteo
Durante la operación policial, se produjo un tiroteo entre los agentes del Grupo de Operaciones Especiales, que acompañaron a la Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) y a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y uno de los ahora procesados.
La Policía accedió a la vivienda que Manuel González Rubio ocupaba en una nave de Alpedrete (Madrid). El recinto también albergaba una galería de tiro.
El sospechoso, tirador profesional con licencia para armas, para tratar de evitar su detención, abrió fuego contra ellos, al menos en nueve ocasiones, con una pistola de calibre 45. Varios agentes resultaron heridos, así como el propio González, que sólo paró de disparar cuando se le acabó la munición.
La Fiscalía acusa a éste de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental, dos delitos de homicidio en grado de tentativa, dos delitos leves de lesiones, un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro de tenencia ilícita de armas.
Además, tal y como narra el escrito de acusación, los miembros de esta red, "conocedores de los medios de investigación policiales, fruto de su dilatada
experiencia criminal y sus respectivas condenas", adoptaron sistemas de contravigilancia para evitar ser escuchados o localizados por la Policía.
"Disponían de información reservada sobre matrículas de vehículos policiales y recurrían a cabinas telefónicas o locutorios para comunicarse entre ellos hasta que Prado Bugallo adquirió numerosos teléfonos y un programa de encriptación que distribuyó entre todos los miembros del entramado criminal", expone el fiscal. Los detenidos también utilizaron diversos motes o alias para dificultar su identificación.