El CGPJ cumple 4 años en prórroga con el deber pendiente de elegir al TC y el TS señalando a Llop

Por el camino han quedado un presidente, Carlos Lesmes, que dimitió hastiado de que PSOE y PP no llegaran a un acuerdo; una vocal fallecida, Victoria Cinto, y otro jubilado, Rafael Fernández Valverde.

Y ya son historia cuatro pactos frustrados en el último momento para elegir a 20 nuevos vocales, siempre con Pedro Sánchez en el Gobierno y con Pablo Casado y luego Alberto Núñez Feijóo al frente del PP.

"Menos mal que no cerramos el acuerdo, habríamos quedado como idiotas", dicen en el principal partido de la oposición a la vista de los pasos que Sánchez ha dado en las últimas semanas, con la supresión del delito de sedición para confort judicial de los responsables del proceso independentista catalán y con el nombramiento de dos perfiles políticos -el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Presidencia Laura Díez- para el Tribunal Constitucional.

Corresponde al CGPJ completar la sustitución de cuatro miembros del TC, lo que permitirá el Gobierno convertir en progresista la actual mayoría conservadora del tribunal de garantías.

El retraso en la renovación del Constitucional no es escandaloso. Los actuales presidente y vicepresidente, Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares terminaron su mandato el pasado 12 de mayo. Nada que ver con los tres años que se tardó en reemplazar a la expresidenta del TC María Emilia Casas (progresista) y otros tres magistrados.

Una parte, además, del retraso del CGPJ en la renovación del TC es responsabilidad del Gobierno. Sánchez decidió en marzo de 2021 quitar al Consejo en prórroga varias competencias, entre ellas la de hacer nombramientos discrecionales.

Esa reforma -impugnada ante el TC, que tiene metido en un cajón el asunto con ponencia de dos magistrados progresistas- impidió al Consejo hacer nombramientos hasta que, en julio pasado, ya con el mandato de un tercio del TC vencido, el Gobierno tuvo que impulsar una contrarreforma para levantar el veto para la designación de los dos nuevos miembros del Constitucional.

"¿Ahogar al Supremo?" 

Pero sólo para eso. Sánchez mantiene maniatado al CGPJ para elegir a jueces del Tribunal Supremo, lo que ya ha generado 16 vacantes, un 20% de la plantilla del alto tribunal.

La situación en algunas Salas del Tribunal Supremo -entre ellas, la Tercera, que es precisamente la que controla a la Administración- es "insostenible", afirman fuentes judiciales.

"Hemos dicho por activa por pasiva al Ministerio de Justicia que tiene que reforzar el gabinete técnico del Tribunal Supremo y permitir el nombramiento de más letrados en comisiones de servicio que ayuden a sacar adelante el trabajo. ¿Qué quieren? ¿Ahogar al Tribunal Supremo?", manifiesta un destacado vocal del sector progresista.

"Podemos entender que el Gobierno tenga vértigo en dar marcha atrás en la reforma de 2021, pero Llop [Pilar Llop, ministra de Justicia] tiene que ser ejemplar en solucionar los problemas que se están creando", añade el mismo consejero.

[El CGPJ activa un plan para hacer frente al colapso del TS con más letrados que palíen la falta de jueces]

Pero la obligación más urgente del CGPJ es completar la renovación de Tribunal Constitucional, so pena de extender a este órgano el deterioro institucional.

Las negociaciones entre los dos sectores del Consejo no están rotas, pero sí en un impasse. Los vocales del grupo mayoritario han pedido a la minoría que ponga sobre la mesa a más candidatos. Aunque no lo dicen de forma expresa, no están dispuestos a respaldar la designación del magistrado José Manuel Bandrés, cuyo perfil consideran "progubernamental".

El sector progresista se niega a ceder, pero cada vez es más consciente de que enrocarse en Bandrés es abocar la negociación a un callejón sin salida.

En la última conversación entre Álvaro Cuesta (interlocutor del grupo minoritario) y José Antonio Ballestero el pasado viernes, el primero pidió al representante de la mayoría que le diera una "pista" de qué nombres considerarían aceptables.

Ballestero insistió en que lo que su grupo quiere evitar es que la designación de los dos nuevos miembros del TC sea un mero "intercambio de cromos". La idea es lograr que los dos nombres sean asumidos por los dos grupos.

Bandrés -aunque Ballestero no lo verbalizó- no entra en esa ecuación, y menos después de que Pedro Sánchez haya optado por perfiles tan políticos para el TC.

El sector mayoritario, que desde el pasado noviembre ya tiene una preselección de seis candidatos, tampoco ha determinado aún los dos o tres nombres por los que apostará.

Esta reserva irrita a la minoría, que se queja de que su candidato está sufriendo un enorme desgaste incluso antes de ir a una votación, sin que los candidatos de la mayoría tengan un solo rasguño.

Quedan 18 días para el Pleno en el que los vocales se han comprometido a hacer una votación. Si no hay algún tipo de acuerdo que garantice los 11 votos mínimos requeridos para que salgan adelante los dos nombres, las posibilidades de éxito son escasas.

En esa tesitura, la crisis institucional no sólo se extenderá al TC, sino que puede tener consecuencias en el propio Consejo en términos de un mayor deterioro, que siempre es posible.

"Habrá vocales que se pregunten qué hacen aquí si ni siquiera somos capaces de cumplir una obligación con otro órgano constitucional, después de quejarnos de cómo nos tienen a nosotros", augura un consejero.

Otro vocal cree que la única forma de levantar el desprestigio del CGPJ es "demostrar que somos capaces de hacer una gestión. No sólo por el bien de la carrera, sino también por nuestra propia dignidad". Pero eso, claro, "siempre que renovemos el TC".