La Audiencia Nacional investiga si el Grupo Prisa pagó, a finales de los 90, una cantidad de dinero en efectivo al exjuez Baltasar Garzón para frenar el denominado caso Sogecable.
Aquella causa se inició en el año 1997, con una querella dirigida a, entre otros, el presidente de la empresa Sogocable y uno de los dueños de Prisa, Jesús Polanco, grupo que, a su vez, aglutinaba a El País y la Cadena SER.
La querella le acusaba de un supuesto delito de apropiación indebida, ya que, según narraba, Sogecable empleó un sistema para apropiarse de las fianzas abonadas por los abonados de Canal Plus para la instalación del paquete de televisión privada en domicilios. Según la querella, Sogecable y Canal Plus habrían actuado como sociedades paralelas, traspasándose fondos de la segunda a la primera.
El primer juez encargado del caso fue el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño.
En 1998, Polanco denunció a Liaño por prevaricación. Y el juez fue condenado y apartado de la carrera judicial al año siguiente por el Supremo. Uno de los magistrados del Alto Tribunal que votó a favor de su expulsión fue Enrique Bacigalupo, afín al PSOE de Felipe González.
Pero en 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio "independiente ni imparcial". Una vez fue apartado de la causa, el caso Sogecable cayó en manos del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Ahora, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pretende investigar si Prisa le pagó para anular esta investigación judicial. Y, por ello, ha citado como testigo a Manuel Lozano, quien, según apuntó Gómez de Liaño, le reconoció haber recibido una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y haberlo entregado personalmente a Garzón, en su despacho de la Audiencia Nacional.
Fachada de la Audiencia Nacional.
Esta investigación se enmarca en el denominado caso Villarejo. Y fue, precisamente, el comisario jubilado que le da nombre, José Manuel Villarejo, quien también manifestó que Prisa y el PSOE, partido afín al grupo mediático, recurrieron a él a finales de los 90 para boicotear a Gómez de Liaño.
El pasado julio, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenó al Juzgado considerar a este último como perjudicado y concluyó que sí existen indicios, que debían ser investigados, de este posible boicot al exjuez que inició la investigación contra Sogecable.
Por ello, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, en sintonía con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, cita como testigo a Lozano.
El Ministerio Público, además, destaca en un reciente escrito dirigido al Juzgado que la declaración de Gómez de Liaño coincide con la versión de Villarejo sobre estos hechos. El comisario, en 2019, presentó una denuncia en la que reconocía su supuesta vinculación con esta operación de boicot y mencionaba a Baltasar Garzón.
Asimismo, en la denuncia que presentó en los Juzgados de Plaza de Castilla, el excomisario aseguraba que Prisa pagó 200.000 dólares a Bacigalupo por condenar a Liaño.