El Tribunal Supremo descarta por ahora ordenar la demolición del gigantesco hotel Algarrobico, levantado en la playa del mismo nombre del municipio almeriense de Carboneras hace casi 20 años y considerado como uno de los símbolos de la destrucción de la costa. Está situado a escasos metros del mar y sus obras llevan paralizadas más de 15 años por violar la Ley de Costas.
En concreto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha desestimado el recurso planteado por Greenpeace contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En julio de 2021, el tribunal andaluz concluyó que ese derribo no se puede llevar a cabo mientras que el edificio siga teniendo en vigor la licencia de obras que el Ayuntamiento concedió a la promotora en 2003. Ahora el Supremo lo avala y rechaza anularla de oficio.
[La denuncia de un vecino destapa dos construcciones ilegales en la provincia de Zamora]
El TSJA consideró en su fallo judicial que lo adecuado era que el Consistorio iniciase procedimiento de revisión de oficio de ese permiso y rechazó anularla, así como ordenar el derribo. Insistió en la sentencia en que "mientras no se estableciera lo contrario" una vez concluido ese trámite, el hotel "seguía teniendo un título jurídico válido".
Al admitir a trámite el recurso, el Supremo concluyó que había interés casacional para la formación de jurisprudencia y planteó si era necesario que el Ayuntamiento iniciase un procedimiento de revisión de oficio que ya había rechazado previamente por silencio administrativo.
O, si, por el contrario, por "economía procesal", debía prescindirse de este paso y declarar directamente, el propio tribunal desde el ámbito jurisdiccional, la nulidad.
En suelo no urbanizable
También indicó en su momento que se adoptaría la decisión tomando en consideración que la construcción del edificio se llevó a cabo en suelo no urbanizable y de especial protección el parque natural de Cabo de Gata- Níjar, invadiendo la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre. Todo ello con vulneración de la Ley de Costas y sustentada en un planeamiento urbanístico que ha sido declarado nulo.
El texto íntegro de la sentencia del Supremo se conocerá en los próximos días. Por su parte, según publica El País, Greenpeace pretende seguir presionando al Ayuntamiento para que anule la licencia de obras y continuará pidiendo al TSJA que sancione al alcalde, el socialista José Luis Amérigo.
Además, ya ha anunciado, a través de un comunicado, que recurrirá al Tribunal Constitucional. Considera que no se vulneraría el principio de seguridad jurídica si se anulara la licencia de obras, así como que este fallo supone "postergar de nuevo la agonía" del inmueble, cuyo derribo queda a expensas de que sea el Ayuntamiento el que anule la licencia, a lo que fue obligado por el TSJA en una sentencia de julio de 2021.
[Socios de Greenpeace en Residuo Cero ocultan que reciben dinero de una multinacional noruega]
Su historial judicial es largo. Hasta 13 fallos acumula sólo en el Supremo este hotel, que impulsó la promotora Azata con el beneplácito en su momento de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras.
En sus escritos de oposición al recurso de Greenpeace, el Consistorio trasladó al Supremo que prescindir de la anulación de la licencia de obras "que ampara" el hotel y ordenar directamente la demolición es una "solución inadmisible". Por su parte, la promotora señaló que la licencia es firme, ya que, en su día, en ningún caso fue impugnada por la Junta de Andalucía, lo que "impide" que pueda ser declarada nula.
Un nuevo proyecto de demolición
Por su parte, el Gobierno andaluz ha garantizado que cumplirá con sus obligaciones en relación con el hotel y que cuenta con capacidad financiera para llevar a cabo las actuaciones que le correspondan.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón
Fernández-Pacheco, ha asegurado que la Junta estudiará la sentencia y cumplirá con la parte que le corresponda.
En relación con la posible demolición del edificio, ha expuesto que, ante todo, habría que redactar un proyecto de demolición y llevar a cabo un plan ante la ingente cantidad de residuos que ello conllevaría.