La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga las adjudicaciones públicas de la era Aznar el archivo del caso, que constituye una pieza separada del conocido como los papeles de Bárcenas.
Así reza un escrito, firmado por el fiscal Antonio Romeral y fechado el pasado 9 de diciembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El Ministerio Público toma esta decisión después de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, no detectase ilegalidades y no pudiese concluir si varias empresas pagaron mordidas a cambio de estos contratos públicos.
"Han sido numerosas las diligencias practicadas para esclarecer y averiguar la posible relación entre los pagos anotados y los contratos adjudicados", recuerda el fiscal.
Sin embargo, "el resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa y, principalmente, del informe pericial de 4 de noviembre de 2022, que concluye que no encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable, imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados", asume.
[Hacienda no aprecia irregularidades en los contratos de la 'era Aznar' que investiga el juez]
Tal y como informó este periódico, un informe del IGAE, enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, no apreció "irregularidades relevantes" en los contratos que se investigan judicialmente en esta pieza separada.
Aquel documento, de 94 folios, analizó los pliegos y los criterios de concesión de varios contratos licitados por los ministerios de Defensa, Interior, Fomento y Medio Ambiente cuando José María Aznar era presidente del Gobierno.
También, otros ofertados por organismos como la Entidad Pública de Suelo (SEPES), la compañía pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Confederación Hidrográfica del Tajo o el Instituto de Turismo de España (Turespaña). Y Hacienda en ningún caso vio vínculos entre las presuntas mordidas anotadas en la libreta del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y las adjudicaciones que consiguieron.
Pedraz, instructor del caso, consideraba muy relevante este informe, que solicitó por primera vez en octubre de 2021. Tanto es así que, antes de que le fuera entregado, el magistrado citó presencialmente a los dos peritos que lo estaban ultimando. Este análisis de las contrataciones era la última diligencia que quedaba pendiente.
Fachada de la Audiencia Nacional.
El documento de la IGAE, titulado Informe sobre la legalidad de los expedientes de contratación remitidos por empresas y entidades públicas desde la reapertura de la pieza separada, sí señalaba que en varias de estas licitaciones se incrementaron los precios inicialmente previstos, pero sin llegar, en ningún caso, a superar los límites máximos que marca la ley.
Hacienda también avaló los métodos de valoración de las ofertas técnicas y confirmó que "eran conformes con la normativa aplicable".
Uno a uno, el IGAE analizó más de veinte contratos, que suman más de 569 millones de euros y que Pedraz ordenó investigar para determinar si las adjudicaciones estaban vinculadas a las presuntas donaciones de empresarios al Partido Popular. Se trata de las llamadas comisiones finalistas.
Fue en diciembre de 2020 cuando el juez ordenó reclamar los expedientes de contratación de 23 obras adjudicadas al empresario Alfonso García Pozuelo entre 2002 y 2004 —época del Gobierno de Aznar—.
García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica (antes llamada Assignia Infraestructuras), resultó adjudicatario de esos contratos, en solitario o mediante una unión temporal de empresas (UTE) junto a otras mercantiles.
Algunas de éstas (Sando, Copasa, Copisa o Azvi), lo mismo que el propio García Pozuelo, figuran como supuestos donantes del PP en las anotaciones realizadas por el extesorero del partido Luis Bárcenas.
García Pozuelo, al igual que el considerado cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, fueron interrogados durante esta instrucción. Ambos fueron citados en 2017 y se acogieron a su derecho a no declarar.
"Las declaraciones prestadas por los investigados (...) no han aportado elemento alguno que permita establecer esa conexión; los investigados que hubieran podido aportar esos elementos o contribuido a esclarecer los hechos se han acogido a su derecho a no declarar", admite el fiscal Romeral en su escrito.