El Tribunal de Cuentas acepta que Puigdemont declare en el juicio por los gastos del 'procés'

La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez ha aceptado este viernes que el expresidente catalán Carles Puigdemont declare en el juicio por la responsabilidad contable en la que él y otros 34 excargos públicos catalanes habrían incurrido por destinar fondos públicos al 'procés'.

Es la primera vez que un órgano jurisdiccional español admite la declaración de Puigdemont, prófugo de la Justicia desde el otoño de 2017. La forma en la que el expresidente catalán declarará no ha sido determinada y el juicio tampoco tiene aún fecha.

Hernáez ha rechazado, en cambio, la declaración del exministro Cristóbal Montoro alegando que es 'innecesaria' porque no aportarían un conocimiento 'técnico' de lo que a la consejera le interesa aclarar.

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Tampoco ha aceptado que Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí puedan beneficiarse del privilegio de la inmunidad como eurodiputados para eludir el proceso por responsabilidad contable que se tramita contra ellos.

Hernáez ha presidido la vista preliminar del procedimiento abierto en 2019 por los fondos empleados para financiar el referéndum ilegal del 1-O y para la promoción del proceso independentista en el extranjero a través de Diplocat. El procedimiento ha entrado ya en fase de enjuiciamiento.

Con el apoyo de la Fiscalía, la consejera ha rechazado la cuestión previa planteada por el abogado de Puigdemont, Comín y Ponsatí, Gonzalo Boye, que ha alegado que la continuación del procedimiento sin haber pedido el suplicatorio al Parlamento Europeo "es una vulneración de la inmunidad y genera una nulidad respecto a este procedimiento".

"No estamos diciendo que el Parlamento Europeo vaya o no a levantarles la inmunidad. Pero este procedimiento no puede continuar", ha sostenido el letrado, según el cual si la Sala Penal del Tribunal Supremo ha tenido que tramitar el suplicatorio para investigar a los tres exmiembros del Gobierno catalán, el Tribunal de Cuentas también debe hacerlo.

Hernáez, in voce, ha comunicado que desestima la alegación del defensor "como cuestión procesal obstativa" de que el procedimiento pueda continuar.

"Esto no es un procedimiento sancionador. Tampoco planteamos ninguna dificultad para la movilidad de los eurodiputados. Es simplemente una restitución, en su caso. El procedimiento es reparador. Nada más. Y nada menos"

El rechazo de la cuestión ha sido respaldado por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Manuel Martín-Granizo ha sostenido que en el ámbito de la exigencia de responsabilidad contable "no se contempla la inmunidad" porque el procedimiento no afecta de ningún modo al ejercicio de la función de eurodiputados. 

Tampoco los posibles responsables contables están imputados ni procesados en el Tribunal de Cuentas, que es la situación procesal para la que rige la inmunidad. "Extender el ámbito" de ese privilegio "iría en contra del Derecho Europeo", ha sostenido el representante del Ministerio Público.

Mantiene la demanda

Martín-Granizo ha mantenido su demanda contra exresponsables políticos y exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña por haberse gastado indebidamente 3.093.198 millones de euros en el proceso soberanista.

El fiscal ha retirado hoy su reclamación de 336.000 euros correspondiente a una factura emitida por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por la emisión de la campaña Civisme, que se hizo para promover la votación en el referéndum ilegal de autodeterminación.

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La factura no fue pagada por la Consejería de Presidencia y la CCMA no ha reclamado su abono, por lo que tanto la Fiscalía como Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acción popular, han retirado este apunte de sus demandas.

Ello ha determinado la exclusión del procedimiento de Jaume Mestre, exresponsable de difusión institucional de la Generalitat, que sólo se enfrentaba al eventual resarcimiento de ese gasto.

Quedan, así, 35 posibles responsables contables del 'procés'. Los incluidos inicialmente en el procedimiento fueron 42.

Entre ellos están Puigdemont y el también expresidente Artur Mas, a los que se reclama 2.486.790 y 739.918 euros, respectivamente.

El exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras es demandado por la misma cantidad que Puigdemont y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Collel por idéntica cuantía que Mas.

El exconsejero de Acción Exterior Raül Romeva deberá responder por una reclamación de 2.277.101 euros; la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, por 987.964 euros; Jordi Turull, por 995.822 euros y los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, en la actualidad prófugos de la Justicia, por 826.649 euros.

Rebaja del fiscal

El fiscal presentó el pasado abril una demanda que, salvo en lo referido a la campaña Civisme, sigue adelante.

El Ministerio Público rebajó las estimaciones iniciales de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas sobre la cifra indebidamente destinada al 'proces'.

La Fiscalía reclama 883.695 euros por los gastos de celebración del 1-O, mientras que el importe de la liquidación provisional ascendía a 3.903.294 euros.

Respecto a la actividad de promoción del 'procés' en otros países, el fiscal cifra la cantidad a reintegrar en 2.209.503 euros. La delegada instructora la elevaba por este capítulo a 5.150.711 euros.

Por su parte, Sociedad Civil Catalana reclama 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.