El retraso impuesto por el TC da un nuevo plazo al Poder Judicial para pactar sus dos magistrados

La paralización impuesta por el Tribunal Constitucional respecto a la reforma que busca favorecer la posición de la minoría del CGPJ y facilitar la elección de Bandrés (por la vía de rebajar las mayorías necesarias para nombrar a los integrantes del TC) abre un nuevo e inesperado plazo para un eventual acuerdo. El pacto evitaría esa modificación y permitiría mantener la regla del consenso que ha regido esos nombramientos durante los últimos 42 años.

El PSOE ha anunciado que presentará esta misma semana una nueva proposición de ley a la que volverá aplicar la vía de urgencia y que reproducirá el contenido de las enmiendas cuya tramitación ha paralizado el Tribunal Constitucional.

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Al tratarse de una proposición específica y no de enmiendas incorporadas a una iniciativa legislativa completamente ajena (la reforma penal de la sedición), ya no existirá la tacha que ha dado lugar al recurso de amparo de los diputados del PP admitido a trámite por el Constitucional.

Una consolidada doctrina del TC considera contraria a la Constitución la aprobación de reformas legales gracias a enmiendas incorporadas a iniciativas de objeto distinto. Ese procedimiento impide a los parlamentarios ejercer su derecho de enmienda (no se puede enmendar una enmienda), derecho que forma parte del núcleo esencial de su función.

Fuentes parlamentarias estiman que la nueva iniciativa tardará, como mínimo, entre cuatro y seis semanas en ser aprobada. Será preciso habilitar el mes de enero y aplicar una tramitación sumarísima también contraria a los estándares europeos, además de volver a prescindirse de los informes de los órganos consultivos.

Tampoco se preguntará su opinión sobre la reforma a los propios afectados, el CGPJ y el TC, como reclaman las instituciones europeas cuando se trata de alterar el estatuto de las instituciones clave del Estado de Derecho.

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Fuentes del sector mayoritario del CGPJ consideran que la de ayer fue "la última oportunidad" de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional con el consenso que requiere una mayoría reforzada de tres quintos.

El órgano de gobierno de los jueces celebrará un Pleno ordinario mañana, jueves, en el que el presidente suplente, Rafael Mozo, del sector minoritario, no ha incluido la renovación del TC.

Los vocales propuestos por el PSOE e IU, que llevan meses intentando acelerar la elección hablando incluso de responsabilidades penales por el retraso, no tienen ahora interés en el consenso: la futura ley les permitirá elegir cómodamente a Bandrés.

Para entonces, la demora en la renovación del Constitucional, tan criticada por el Gobierno, sumará al menos un mes más.