La fiscal de Sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha acordado archivar las diligencias de investigación abiertas en relación con los incidentes ocurridos en la frontera de Melilla con Marruecos el pasado 24 de junio, cuando se produjo una avalancha en la que murieron 23 personas.

La fiscal no aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes de la Guardia Civil, aunque da traslado de sus conclusiones al director adjunto Operativo de la Benemérita por si la actuación de algunos agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes fuera constitutiva de infracción disciplinaria.

La investigación de la Fiscalía ha durado seis meses. Se ha realizado una inspección ocular, se ha tomado declaración tanto a personas migrantes como a agentes de las Fuerzas de Seguridad y se han analizado los videos y audios disponibles.

El decreto de archivo señala que los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Por tanto, "son las autoridades marroquíes las que disponen de todos los elementos probatorios (cuerpos de los fallecidos, testigos, migrantes heridos, etc)".

En la investigación realizada por la Fiscalía, se constata que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles.

De la investigación practicada "no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente".

Tampoco ninguno de los agentes actuantes en el operativo "tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio".

Incluso de haberlo sabido, no podrían haberles prestado ese auxilio sin riesgo propio, señala la fiscal, ratificando la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Aval a los rechazos en frontera

La Fiscalía afirma que ese día se llevaron a cabo 470 rechazos en frontera, lo que los agentes hicieron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y sobre la base de las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.

En su decreto, la fiscal recuerda a los Ministerios implicados su obligación de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, “a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.

Subraya la mayoría de las personas migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedoras de protección internacional.

“Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto”, afirma.