El juez embarga al hijo de Obiang acusado de torturas 3 casas en Toledo, Barcelona y Marbella

Se trata de Carmelo Ovono Obiang, que también es secretario de Estado del país. En España, está investigado por su supuesta intervención directa en el secuestro y tortura de cuatro opositores al régimen de su padre. Dos de ellos tienen nacionalidad española.

El listado de bienes que serán embargados incluye un piso en Barcelona, un apartamento en Marbella (Málaga) y un chalé en el residencial Señorío de Illescas (Toledo), situado junto a un campo de golf.

Tras tener conocimiento de que Carmelo Obiang tenía previsto pasar las Navidades en España, el juez Pedraz dictó el pasado 10 de diciembre un auto en el que ordenaba a la Policía "poner a disposición judicial" al hijo del dictador, para tomarle declaración.

En la misma resolución, el juez autorizó a la Policía para que interviniese todos los dispositivos electrónicos que Carmelo Obiang tuviera en su poder en el momento de la detención, con el fin de hallar documentos que acrediten los hechos investigados.

[Un hijo de Obiang utilizó el avión presidencial para secuestrar a dos opositores con pasaporte español]

Atendiendo la petición de la Fiscalía, el juez también ordenó a la Policía bloquear y embargar todos los activos que poseyera en España; bien bajo su nombre o bien, a través de la sociedad Dereck Edita y Hermanos S. L., que tiene su sede en Málaga.

Esta sociedad fue constituida hace un año y medio, el 14 de mayo de 2021, con un capital social de 3.000 euros y el propio Carmelo Obiang consta como administrador único.

El pasado 2 de junio designó apoderada a su madre, Sonia Shaw Champion, una de las cinco esposas de Teodoro. La empresa tiene como objeto social el "alquiler de bienes inmuebles".

Entre los bienes que el juez ha ordenado embargar se encuentran tres viviendas: un piso de 130 metros cuadrados situado junto a la Avenida Diagonal de la Ciudad Condal, un apartamento en el residencial Carolina Park de Marbella y otro chalé en la urbanización toledana.

Edificio de Marbella (Málaga) en el que tiene su sede la sociedad Dereck Edita y Hermanos SL, de la que Carmelo Obiang es administrador único.

El juez Pedraz también ha ordenado a la Policía embargar al menos dos vehículos que el hijo del dictador de Guinea posee en España: un Mercedes-Benz V 220 D y un Jeep Wrangler. Por último, el magistrado ha dado también instrucciones para bloquear las cuentas bancarias y cualquier tipo de activo financiero de Carmelo Obiang en tres entidades españolas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dictó esta resolución después de que la Comisaría de Información de la Policía Nacional le comunicara que el hijo del dictador había adquirido un billete para viajar a Madrid el pasado 11 de diciembre.

"Existen numerosos casos que apuntan a una sistemática de secuestros de personas opositoras al régimen de Guinea", indica el informe remitido por la Policía al juez. "Este hecho sitúa a Carmelo Obiang en el centro de la necesaria operativa que para este fin se debe estar llevando a cabo", dado su cargo de secretario de Estado de Seguridad Exterior y número dos del servicio secreto de aquel país.

Una "amenaza" para España

"La presencia de Carmelo Ovono Obiang —añaden los investigadores— supone una amenaza para la comunidad opositora guineana residente no sólo en España, sino en toda Europa, teniendo en cuenta los delitos cometidos, su formación militar especializada, su más que probable adiestramiento por parte de servicios internacionales especializados y su posición jerárquica en el aparato de represión exterior del país".

La Policía también había pedido al magistrado que ordenara el registro de los tres inmuebles citados, en busca de pruebas sobre los delitos cometidos, tales como expedientes de seguimiento a líderes opositores en España, dinero en efectivo destinado a pagar tareas de espionaje e inteligencia, herramientas de encriptación de comunicaciones, vínculos con los vuelos utilizados en los secuestros y cualquier otro documento sobre "estructuras de control y coacción de la comunidad ecuatoguineana residente en España".

La Policía no le detuvo

Sin embargo, el hijo del dictador Teodoro Obiang logró dar esquinazo a la Policía.  Finalmente, no llegó a España el 11 de diciembre a través del aeropuerto de Barajas, sino que lo hizo en un vuelo posterior.

Con todo, los agentes lograron confirmar su presencia varios días después en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. La Policía y la Fiscalía volvieron a solicitar entonces al juez Santiago Pedraz que ordenara la detención de Carmelo Obiang.

Pero esta vez, el magistrado dictó un auto, fechado el pasado 29 de diciembre, en el que únicamente ordenó a los agentes notificar al secretario de Estado guineano la querella por la que ya ha sido imputado.

Los agentes le entregaron esta documentación el mismo 29 de diciembre a las 16.20 horas. A preguntas de los policías, Carmelo Obiang aseguró que "no tiene domicilio en España, ni familiares residentes en España para recibir las citaciones".

Algo que contrasta con los datos recabados por la Comisaría General de Información, que, en ese momento, ya tenía constando que el hijo del dictador es titular de tres inmuebles: en Barcelona, Marbella y Toledo.

Una vez levantado el secreto de sumario y notificada la querella a Carmelo Obiang, la Comisaría de Información ha solicitado al juez Pedraz autorización para ejecutar, de forma efectiva, la orden de bloqueo y embargo, dictada el pasado día 10, de todos los bienes que el político guineano posee en España.

Carmelo, imputado

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al sumario de la causa en la que este alto cargo guineano está imputado. Un reciente informe policial señala que Ovono y los otros dos investigados —Nicolás Obama e Isaac Nguema— usaron el jet gubernamental para el supuesto secuestro de estos dos españoles.

Viajaron, "junto con los secuestrados, en el avión presidencial", señala la CGI en su dosier.

El hijo del dictador también es el secretario de Estado del ministerio guineano encargado de la Seguridad Exterior del país. Obama es el ministro encargado de la Seguridad Nacional. Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.

Los secuestrados son cuatro, pero sólo dos tienen DNI español. Se trata de Julio Obama y de Feliciano Efa. Ambos fueron miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país. El primero, cabo del Ejército de Tierra en la Legión. El segundo formó parte de la Brigada Paracaidista y llegó a estar desplazado en una misión en Líbano.

Al igual que los otros dos secuestrados —de nacionalidad ecuatoguineana—, son militantes del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), un grupo opositor al régimen de Obiang, quien gobierna el país con puño de hierro y, según multitud de denuncias, perseguiría a sus rivales políticos que residen en el extranjero.

Las conclusiones del informe son claras. En base a los testimonios de los propios secuestrados y de varios testigos protegidos, la Policía señala que el 15 de noviembre de 2019, los cuatro miembros del MLGE3R fueron detenidos en Yuba, la capital de Sudán del Sur.

Hasta allí se habían trasladado para buscar apoyos internacionales y financiación para su movimiento. El 12 de noviembre habían partido desde Madrid. Hicieron escala en Frankfurt (Alemania). Después, tomaron un vuelo a Addis Abeba, la capital etíope. Yuba era su última parada.

Pero, en el aeropuerto sudanés, tal y como relata la Policía, les esperaba un jet privado perteneciente al presidente de Guinea Ecuatorial. "En el avión, habrían sido introducidos con un saco en la cabeza y un paño en la boca, estando esposados de pies y manos. Una vez dentro, les habrían puesto una inyección con una sustancia desconocida", relata el informe de la Policía Nacional, basándose en los testimonios de las víctimas y los testigos protegidos.

Según su versión, los cuatro opositores, una vez fueron trasladados a la cárcel guineana de Oveng-Azém, sufrieron torturas, "de forma reiterada", durante las primeras semanas de internamiento.

Así lo confirmó también uno de los testigos protegidos, un funcionario de prisiones encargado del pabellón donde fueron encerrados. La Policía destaca su "papel fundamental en la trasmisión de los mensajes, audios y vídeos, grabados y escritos por las víctimas y enviados a las personas de su confianza en España".

Este funcionario también fue quien señaló a Carmelo Ovono Obiang y a Isaac Nguema como los encargados de dirigir las sesiones de tortura y quienes daban órdenes a los que ejecutaban los castigos.