El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha pedido a la fiscal anticorrupción Inmaculada Violán que revise si la reciente reforma del delito de malversación implica algún cambio en su acusación en el denominado caso Acuamed y reduce las penas que próximamente solicitará.
Así consta en un auto, fechado el pasado 29 de diciembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En él, el magistrado, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, señala que "sería necesario dar nuevo traslado [a la fiscal] a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario" del procedimiento.
El caso Acuamed gira en torno a la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas S. A., que dependía del Ministerio de Medio Ambiente, y afecta a cargos tanto del PSOE como del PP, por supuestos contratos irregulares por obras hídricas y medioambientales concedidos por gobiernos socialistas y populares.
Asimismo, a la espera de que la fiscal se pronuncie, Gadea opta por prorrogar la instrucción de esta causa otros tres meses, hasta el 29 de marzo de 2023. El caso lleva investigándose judicialmente casi ocho años, desde febrero de 2015.
Ahora, será la fiscal Violán la que, a solicitud del instructor, deberá responder si la causa debe transformarse por la vía del sumario —tal y como ya solicitó el Ministerio Público—, aplicable en los casos en los que las penas por los hechos delictivos superan los nueve años de prisión, o no, tras la reciente reforma legal pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.
El juez quiere saber si, debido a esta modificación del Código Penal, la fiscal va a solicitar ahora la continuación de los trámites por la vía del procedimiento abreviado, propia de delitos a los que van asociados un número menor de años de cárcel.
Tal y como recuerda Gadea en su auto, la reforma del delito de malversación ha modificado los "límites penológicos" del mismo. "Lo cierto es que podría suponer una revisión del escrito de la fiscal", expone.
"Esta nueva norma contempla la reforma del artículo 432 del Código Penal [malversación], modificando, además de su contenido, los límites penológicos. Aunque la norma prevé un plazo de 20 días para su entrada en vigor, lo cierto es que podría suponer una revisión del escrito de la fiscal, en la medida que sería necesario dar de nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario", expone el auto del juez Gadea.
Entre las personas investigadas por la Audiencia Nacional, cuyos nombres figuran en este auto, se encuentran: Arcadio Mateo del Puerto, María Gabriel Mañueco Pfeiffer y Nicolás Steegman. Los delitos que se han investigado son, entre otros, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.
La Audiencia Nacional instruye una parte de la investigación del caso Acuamed. No obstante, existe un procedimiento gemelo, centrado en la trama que salpica al PSOE, en los Juzgados de Valencia. De forma reiterada, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido que la reforma del delito de malversación no iba a beneficiar, en ningún caso, a políticos corruptos.