El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado una Orden Europea de Detención (OED) a las autoridades de Francia con la que solicita el procesamiento de la que fuera dirigente de ETA María Soledad Iparraguirre (alias Anboto) por el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.

Así consta en un auto, fechado este miércoles, en el que Castellón explica que Anboto, también conocida como Marisol, ya fue entregada a España con anterioridad a que se formalizara su imputación por estos hechos.

Por ello, de acuerdo con el llamado principio de especialidad, el Estado miembro de la UE que desee procesar o condenar a una persona por un delito distinto a aquel que motivó su entrega deberá obtener el consentimiento del otro país por estos nuevos hechos. Así lo tiene reiterado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a fin de evitar que un Estado reclamante se extralimite.

La etarra Anboto, en su declaración judicial el 21 de julio de 2022, ya confirmó que no aceptaba su entrega por el caso Miguel Ángel Blanco y que se acogía a este principio de especialidad y a su derecho a no declarar.

"Por tanto, para poder procesar por los hechos nuevos a la persona que se acoge al principio de especialidad, resulta necesario la emisión de una segunda orden de detención europea", asegura el juez.

El auto recuerda que la investigada era la responsable de los denominados comandos legales de ETA y estaba integrada en la cúpula ejecutiva de la organización (la llamada zuba) en la época que se cometió el secuestro y asesinato del concejal de Ermua. Era, de hecho, un relevante miembro de la misma.

En otra resolución, también conocida este miércoles, el magistrado desestima la solicitud del PP en esta misma causa para que se acuerde ya el procesamiento de varios exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Considera el juez prematura esta solicitud, al estar pendientes todavía varias diligencias de investigación.

Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del Partido Popular en Ermua (Vizcaya) fue secuestrado el día 10 de julio de 1997, cuando salió de su domicilio paterno para acudir a su trabajo en una consultoría.

Su secuestro fue reivindicado por ETA mediante una llamada realizada en la tarde del mismo día al diario Egin. La banda exigía el acercamiento y reagrupamiento de los

presos de ETA en las cárceles del País Vasco en un plazo de cuarenta y ocho horas como condición para su puesta en libertad. Y, en caso de que no se cumplieran esas exigencias, los etarras anunciaron que el concejal del Partido Popular sería asesinado.

Una vez transcurrido el plazo, sobre las 16.45 horas del día 12 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco fue encontrado moribundo, tras haber recibido dos disparos en la cabeza, en las afueras de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa). Murió en las primeras horas del día 13 de julio de 1997.

El 17 de marzo de 2022, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella por estos hechos. Fue presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y dirigida contra los exjefes de ETA —entre ellos, Anboto— que formaban parte de la zuba cuando Blanco fue asesinado.