El juez del caso Mascarillas ha imputado a Alberto Luceño un nuevo delito de falsedad documental debido al carné falso que la Policía halló al registar su casa el pasado verano.
Luceño ya está siendo investigado por la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid, al que vendió productos sanitarios en la peor etapa de la pandemia de la Covid-19.
Según consta en un nuevo auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechado este mismo lunes, el magistrado Adolfo Carretero quiere comprobar si "el citado documento, un carnet del Centro Nacional de Inteligencia, elaborado (...) con mucha similitud al verdadero, puede ser utilizado para facilitar las relaciones comerciales del investigado con autoridades o empresas en Asia, ya que el señor Luceño se hizo pasar en el Ayuntamiento como un agente exclusivo en Europa de la compañía asiática Leno".
Leno es la empresa malasia que proveyó las mascarillas, guantes y test contra el coronavirus que los investigados, Luceño y el aristócrata Luis Medina, hicieron llegar al consistorio de la capital por varios millones de euros. Por esta operación de intermediación, ambos —especialmente, el primero— cobraron abultadas comisiones.
Fue la Fiscalía Anticorrupción la que, el pasado abril, interpuso una querella contra los dos por estafa. El Ministerio Público señalaba que el material recibido no era de la calidad esperada.
Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d)
Así lo recuerda el juez en este nuevo auto: "[Luceño] parece distorsionar su actividad y profesión para facilitar el presunto engaño realizado al Ayuntamiento de Madrid en el negocio criminalizado que se investiga: estafa mediante la venta de productos sanitarios en época Covid con precio sobredimensionado y exorbitado con ocultación de comisiones excesivas".
El magistrado, además, considera que este supuesto nuevo delito guarda conexión con los que ya se investigaban, por lo que opta por que sea su juzgado el que indague también en este presunto ilícito. Además, ordena al Ayuntamiento de Madrid, considerado perjudicado por esta estafa, que aclare "la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos (...) expresando claramente si se trata de pares o unidades y, en el caso de que se hubiesen recibido en distintas remesas, la fecha y los detalles de cada una de las operaciones de importación, aportando documentación justificativa que obren en su poder".
Carné del CNI
Tal y como publicó este periódico, la Policía encontró "seis hojas con impresiones de imágenes de tarjeta del CNI, del DSN (Departamento de Seguridad Nacional), del Ministerio de Defensa y del Cuerpo Nacional de Policía" al registrar la vivienda de Alberto Luceño.
Así figuraba en el acta policial de entrada y registro, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL el pasado septiembre. Según el documento, la Policía halló dichos folios en el interior de una "cartera negra" que estaba en el domicilio, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Fragmento del acta de entrada y registro.
Además, los agentes hallaron "un portaplacas negro con placa de agente de la autoridad [del] Centro Nacional de Inteligencia". Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este diario que Luceño, al ser preguntado por la supuesta placa del CNI, alegó que se trataba del elemento de un disfraz, que era "de juguete".
El juez Carretero ordenó este registro en el marco de una pieza (entonces, secreta) del caso Mascarillas. El objetivo de esta operación era el de recabar información sobre la relación de Luceño con el empresario asiático que figura como responsable de la empresa malasia Leno, San Chin Choon.
Fue Anticorrupción la que solicitó esta diligencia al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. La Fiscalía sospecha que un correo electrónico, enviado al juez y firmado a nombre del ciudadano malasio fue, en realidad escrito por Luceño. En dicho e-mail, Leno, aparentemente, confirmaba que ambos investigados eran sus "agentes exclusivos" de venta. Fue entonces cuando, al registrar el domicilio del empresario, la Policía descubrió la placa falsa del CNI.
'Caso Mascarillas'
A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.
Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Por ello, ambos ya están investigados por falsedad documental. En el caso de Luceño, suma ahora un nuevo delito por este motivo en lo relativo a la placa falsa del CNI.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Además de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.