Alud de abstenciones de los jueces nombrados por Sánchez en el TC: Campo y Díez dejan cinco asuntos

Lo hará con una composición mermada de aceptarse, como es previsible, esas abstenciones en el Pleno del TC convocado para la próxima semana. El nuevo Constitucional, ahora con una mayoría progresista, nace, además, incompleto porque el PSOE rechaza cubrir la vacante creada por la renuncia del magistrado Alfredo Montoya.

Los socialistas se niegan a renovar esa plaza desde hace ya medio año y seguirán en esa postura alegando que antes el PP tiene que aceptar cambiar el Consejo General del Poder Judicial, en prórroga de funciones desde diciembre de 2018.

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El TC cuenta, por tanto, con 11 de los 12 miembros y de ellos habrá que restar, en determinados asuntos, a los magistrados que se tengan que abstener.

Es el caso de Laura Díez, a la que inicialmente había correspondido la ponencia de la cuestión de inconstitucional promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la normativa aprobada por al Generalitat de forma exprés para soslayar el fallo judicial que ordenó que un mínimo del 25% de la enseñanza en las escuelas catalanas se imparta en castellano como lengua vehicular.

Díez no podrá intervenir en ese asunto porque avaló la normativa del Govern cuando era vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Y, por ende, tampoco podrá participar en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PP y Ciudadanos contra esas mismas normas que postergan el castellano a la condición de lengua curricular.

Por su parte, el exministro de Justicia y exdiputado del PSOE Juan Carlos Campo ha presentado ya su abstención en cuatro asuntos, a los que tendrán que seguir otros porque, además de esos cargos, con anterioridad fue secretario de Estado de Justicia.

Las abstenciones de Campo no se deben sólo a su actividad política sino también a su relación de pareja con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Campo se ha apartado por el momento de tres recursos de amparo interpuestos por el diputado Alberto Casero, el Grupo Popular del Congreso y Vox contra la negativa de Batet a repetir la votación de la reforma laboral el pasado 3 de febrero. Esta trascendente reforma salió adelante justo gracias al voto equivocad de Casero, que alega que hubo un error telemático.

Además, Campo se ha abstenido de intervenir en lo relativo al recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuya admisión al trámite va a ser debatida por el Pleno el TC la próxima semana.

Esta ley, que ya ha favorecido las rebajas de pena a más de 200 autores de delitos de abusos sexuales y violaciones, fue aprobada por el Gobierno cuando Campo era responsable del Ministerio de Justicia.

Vox empieza a recusar

Además de las abstenciones de Campo y Díez en los primeros asuntos sobre los que el TC va a pronunciarse la próxima semana, el tribunal debatirá la recusación promovida por Vox contra varios magistrados en relación con su recurso contra ley que ha eliminado el delito de sedición y ha rebajado las penas por malversación de fondos públicos.

Es la norma con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende favorece a los encausados por el proceso independentista catalán. El recurso de Vox aún no ha sido admitido a trámite.

La recusación se dirige contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano.

La prosperabilidad de esta recusación es improbable, no sólo por razones de fondo sino, de entrada, porque dejaría al tribunal sin quórum. El TC tiene asentada una doctrina de defensa de su jurisdicción por la que rechaza a limine todas las recusaciones que tengan como consecuencia dejarle inoperativo.