Vocales del CGPJ alertan del "debilitamiento" del Poder Judicial y de la lucha anticorrupción a Reynders

El escrito, dirigido a la vicepresidenta Věra Jourová y al comisario de Justicia, Didier Reynders, contiene "respuestas complementarias" a las que la Comisión Permanente del CGPJ ha dado a la Comisión Europea de cara a la elaboración del informe sobre el Estado de Derecho de 2023, previsto para el próximo julio.

La Comisión Europea remitió al órgano de gobierno de los jueces un formulario con preguntas que fueron respondidas por la Comisión Permanente del CGPJ sin previa deliberación del Pleno del Consejo.

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El resultado es que "el texto que se ha comunicado a la Comisión Europea sólo ha sido asumido por 6 de los 18 vocales del CGPJ", indican los consejeros José María Macías, María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y Gerardo Martínez Tristán, pertenecientes al sector conservados del Consejo.

Los vocales señalan, en primer lugar, que el CGPJ sigue sin renovarse y que las negociaciones llevadas a cabo el año pasado concluyeron de manera infructuosa "como consecuencia de la crisis provocada por la modificación del Código Penal" que eliminó el delito de sedición y reformó la malversación de fondos públicos.

Una reforma, añaden, que "ha degradado el castigo de delitos relacionados con la corrupción de funcionarios y autoridades, que debilita el efectivo control de que los fondos públicos se asignan a los fines realmente previstos en las leyes y los presupuestos, con el perjuicio que ello ocasiona a la calidad del Estado de Derecho en España".

Elección del CGPJ por políticos

El escrito destaca que la controversia de fondo que dificulta la renovación del CGPJ es el sistema de elección de los vocales del Consejo que deben ser jueces o magistrados, actualmente en manos de las fuerzas políticas.

Los consejeros firmantes recuerdan los estándares europeos fijados por la propia Comisión y por la jurisprudencia de los tribunales europeos (que se ha aplicado, entre otros, a países como Polonia), según los cuales la elección de los vocales judiciales debe ser hecha por los propios jueces, sin ninguna interferencia política.

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"El Gobierno ha expresado su rechazo total a la modificación del modelo de gobierno judicial español para su adaptación a los estándares europeos sobre Estado de Derecho", destacan los consejeros.

Limitación de competencias

El escrito critica duramente la ley promovida por el Gobierno en marzo de 2021 que impide al CGPJ hacer nombramientos judiciales discrecionales.

"Esta ley está perjudicando gravemente el funcionamiento regular de algunos tribunales, como el Tribunal Supremo, cuyos efectivos no se pueden reponer, y también está produciendo unos efectos intensamente nocivos en algunas jurisdicciones, como la militar", relatan los consejeros.

A su juicio, esa restricción de competencias "debilita de manera considerable la independencia del Poder Judicial en España desde la perspectiva de los pautas europeos de Estado de Derecho".

Ese "debilitamiento" se ha hecho "más evidente" con las modificaciones sucesivas de las competencias del CGPJ realizadas durante 2022 para que el Consejo pudiera nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional.

"Con ello se ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del Gobierno", denuncian los vocales, para los que "resulta incomprensible que se considere irrenunciable el nombramiento de los magistrados de un alto tribunal, como el Tribunal Constitucional, y no las de otro alto tribunal, como el Tribunal Supremo".

"Crítica" situación del TS

Los vocales califican de "crítica" la situación de algunos órganos judiciales, como el Tribunal Supremo. De los 79 magistrados que deberían integrarlo, sólo tiene 60 y durante el año 2023 se producirán cinco vacantes más.

Otro alto tribunal, el Tribunal Militar Central, no cuenta con ningún efectivo y sus puestos van a ser desempeñados provisionalmente por jueces militares de otros tribunales inferiores en grado que no ostentan la categoría exigida por la ley.

"No se ha proporcionado ni por el Gobierno ni por el Legislativo una explicación razonable de las razones por las que un CGPJ cuyo mandato está prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado", afirman.

"Ello obliga a entender que la razón por la que se ha debilitado la independencia del Poder Judicial en España, mermando las competencias de su órgano de gobierno, no guarda relación con la situación de prórroga del mandato del CGPJ, sino que se utiliza como fórmula de presión en el debate entre partidos políticos, aunque sea a costa de las exigencias del Estado de Derecho", añaden.

Reformas sin consultas

El escrito amplía también la contestación dada por el CGPJ a Bruselas en el apartado en el que se pregunta por las reformas realizadas en el último año, la calidad del proceso legislativo y, en particular, si se han consultado las modificaciones judiciales al propio Poder Judicial y a otras partes interesadas.

"Durante 2022 se ha seguido la misma fórmula de reforma de la legislación que afecta al Poder Judicial que se inició en 2020: las reformas se llevan a cabo por vía de proposición de ley, en lugar de la habitual en la práctica constitucional española del proyecto de ley. Con ello se elude la participación de todos los órganos consultivos y de los sectores implicados, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como los jueces a través de sus asociaciones, como la Comisión de Venecia y demás actores cualificados, en franca violación de los estándares europeos de Estado de Derecho", contestan los vocales.

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Añaden que "se ha instalado también la práctica de aplicar la tramitación de urgencia y aprobación en lectura única, con lo que las reformas se llevan a cabo en escasas semanas".

Incluso se introducen en iniciativas ajenas al Poder Judicial enmiendas heterogéneas que sí le afectan. "Esta situación ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional se haya visto obligado, por primera vez en su historia, a suspender la tramitación de una ley dirigida a modificar el Código Penal y en la que se presentaron enmiendas para modificar otras leyes de contenido ajeno al Código Penal, concretamente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con aspectos sustanciales del nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Las enmiendas iban dirigidas, entre otros aspectos, a limitar los controles relativos a la legalidad de los nombramientos [de miembros del TC] que realiza el Gobierno", subrayan.

"Paso atrás" contra la corrupción

En el apartado relativo a la "penalización de la corrupción", de especial interés para la Comisión Europea, el escrito de los consejeros se refiere a la aprobación el pasado diciembre de una reforma del Código Penal que "en términos resumidos, y pendiente de evaluación por el Tribunal Supremo, despenaliza o degrada la sanción penal de determinadas conductas criminales que durante el año 2017 provocaron un gravísimo conflicto político y jurídico en España", en alusión al proceso soberanista catalán.

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La reforma "puede dejar sin contenido buena parte de la sentencia que condenó a altos responsables políticos por delitos de sedición que, además, y para cometer esos delitos, utilizaron fondos públicos, lo que motivó también su condena por una modalidad de corrupción (malversación de fondos públicos)".

Esta reforma "ha supuesto que no sólo se ha modificado el Código Penal para suprimir el delito de sedición con aparente generalidad pero para dejar sin contenido una sentencia concreta, sino también para limitar el delito de malversación a lo supuestos en los que existe 'apropiación' personal de los fondos públicos, pero no se sancionará que a esos fondos se les dé un destino distinto al previsto en la Ley", afirman en referencia a la desaparición de la modalidad de la malversación de fondos públicos consistente en su administración desleal.

"Ello supone un paso atrás y un debilitamiento de la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción de los altos cargos públicos, incluso cuando manejan volúmenes importantes de fondos públicos", afirman.

Percepción social

También hay aportaciones complementarias de estos vocales en el apartado en el que la Comisión Europea pregunta por las novedades significativas susceptibles de influir en la percepción del público en general sobre la independencia del Poder Judicial.

Vuelven a referirse a que se ha modificado el Código Penal en delitos de corrupción de modo que las penas "dan un trato más favorable a quienes desvían fondos públicos respecto de su fin legal".

Además, en la misma línea del intento llevado a cabo en 2020 de rebajar las mayorías necesarias para nombrar a los vocales judiciales del Consejo, se ha pretendido bajar igualmente la mayoría precisa para que el CGPJ elija a los miembros del Tribunal Constitucional.

Esta reforma, de nuevo tramitada "con procedimientos legislativos acelerados, sin participación de los sectores interesados e incluso con limitación de la participación de los grupos parlamentarios de la oposición", fue frenada por el propio TC.

"Esta continuada sucesión de reformas e intentos de reforma de las normas que rigen el Poder Judicial, llevadas a cabo en estos términos, inevitablemente trasladan a la ciudadanía una percepción negativa sobre la independencia del Poder Judicial en España", consideran.

Los miembros del CGPJ informan igualmente a la Comisión Europea de que durante 2022 y lo que llevamos de 2023 "han sido continuas las manifestaciones públicas insultantes y ataques de miembros del Gobierno y del Legislativo contra jueces y magistrados con el objetivo de desmerecer su crédito ante la opinión pública, violando con ello nuevamente los estándares de Estado de Derecho de la Unión Europea".