El Partido Popular ha recusado al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo Laura Díez en un total de siete recursos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional, del cual estos dos juristas son magistrados.
Así lo ha confirmado este miércoles el PP, que considera que, por haber formado parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y haber estado vinculados a varios de los asuntos en disputa, ambos deberían abstenerse en la votación.
Concretamente, entre los recursos en los que el Partido Popular pide la recusación de ambos destacan: el que impugna la Ley de Educación (la llamada Ley Celaá, por la exministra socialista de esta materia, Isabel Celaá), el presentado contra la norma que limitó las competencias del CGPJ en funciones, el que cuestiona la llamada Ley Rider, el que impugna la Ley de la Eutanasia y el presentado contra decreto del Parlament catalán que trataba de burlar la obligación judicial de impartir el 25% de las clases en castellano en las aulas de la comunidad autónoma.
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El PP también ha presentado una recusación al exministro de Justicia para evitar que participe en el recurso de amparo, presentado por la formación conservadora, en relación a las enmiendas sobre las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del CGPJ, que el Gobierno de Pedro Sánchez trató de introducir en la reforma de los delitos de sedición y malversación.
El PP considera que ambos magistrados, por haber formado parte del Gobierno —Campo, como ministro de Justicia y Díez, como alto cargo en Presidencia— "incurren en alguna de las causas de recusación previstas en el apartado 13 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)".
La LOPJ contempla como una de las posibles causas de recusación "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".
La catedrática barcelonesa Laura Díez ya anunció que se abstendrá en la redacción de la ponencia que se le había encargado para dar respuesta a los recursos del PP y Ciudadanos contra las normas aprobadas por el Parlament catalán para tratar de esquivar la obligación judicial de impartir un 25% de las clases en castellano.
Fachada del Tribunal Constitucional.
El pasado 26 de abril, antes de ser nombrada como magistrada del Tribunal Constitucional, Díez se despidió de la Moncloa para ser elegida vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, gracias a un pacto entre ERC, Junts y el PSC.
Desde ese puesto, la jurista, junto a resto del Consell, avaló las dos últimas normas del Gobierno de Pere Aragonés sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
El Consell, que se encarga de valorar si las leyes de la Generalitat se ajustan a la Constitución y al Estatut, respaldó que esos textos no incluyan expresamente al castellano como lengua vehicular de la enseñanza. También apoyó que no se estableciese un porcentaje mínimo de asignaturas troncales que deban impartirse en castellano.
Con esas normas, el Govern desactivó, de facto, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que garantizaban que al menos el 25% de las materias troncales se impartieran en la lengua oficial del Estado. Un porcentaje que, posteriormente, consagró el Supremo.
Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el TSJC también elevó al Tribunal Constitucional —el mismo TC en el que Díez ocupa ahora un asiento— una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el Govern catalán trató de "bloquear la aplicación de la sentencia" y, con ello "la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables".