López Madrid no logra que la Audiencia Nacional le levante un embargo millonario por el caso Lezo

El presidente de Ferroglobe y exconsejero de OHL tiene bloqueados vehículos de lujo, productos bancarios y una finca en Sotogrande (valorada en 3,8 millones de euros según una tasación presentada por el empresario) desde el 18 de mayo de 2017 por orden del juez instructor del caso Lezo, Manuel García-Calderón. 

El 4 de junio de 2021, García-Castellón abrió el juicio oral contra López Madrid, el expresidente del Gobierno madrileño Ignacio González y otros cuatro encausados por la adjudicación a OHL del tren Móstoles-Navalcarnero a cambio, presuntamente, de una comisión ilegal que habría ascendido a 1,8 millones de euros.

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En mayo de 2022, el juez declaró la solvencia del empresario y mantuvo las medidas cautelares acordadas. 

Cinco meses después, la defensa de López Madrid instó el levantamiento de esas medidas alegando que, en contra de lo que establece la ley procesal penal, el instructor no le había exigido la prestación de fianza cuando abrió el juicio oral.

Esgrimió, además, que sus responsabilidades pecuniarias ya estarían cubiertas con la prestación de una fianza de dos millones de euros efectuada a su favor por la aseguradora AIG el pasado septiembre.

La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional ha denegado el levantamiento de los embargos.

En coincidencia con la posición de la Fiscalía, la Sala argumenta que, cuando abrió el juicio oral en esta pieza el caso Lezo, el instructor acordó realizar una investigación de la capacidad económica de los acusados a los efectos de la posible multa
interesada en el escrito de acusación y de la responsabilidad civil solicitada.

"Atendiendo a los bienes que ya le fueron embargados por auto de 18 de abril de 2017", una resolución dictada el 25 de mayo de 2022 "declaró su solvencia y el mantenimiento de las medidas adoptadas".

"No puede negarse, pues, la existencia de una resolución judicial que se pronuncia sobre el aseguramiento de las medidas cautelares acordadas respecto a Francisco Javier López Madrid y su mantenimiento", indica la Sala.

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Respecto a la alegación de que procedería levantar el embargo de sus bienes tras el afianzamiento de los dos millones de euros realizado por AIG, el tribunal señala que "no puede obviarse que el auto de apertura de juicio oral estableció un importe total de sus responsabilidades pecuniarias en la cuantía de 3.921.500 de euros (2.121.500 de euros de multas y 1.800.000 euros de comiso)".

"Partiendo de esta cuantía, el importe de las medidas cautelares de aseguramiento - sin tener en cuenta las costas, además, del tercio legalmente previsto – estaríamos en cantidades muy superiores a los dos millones de euros afianzados por AIG", concluye.

La acusación

López Madrid -que también está imputado en el caso Púnica y en el caso de la doctora Pinto- se enfrenta en el caso Lezo a una acusación por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil.

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Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la empresa pública Madrid Infraestructura del Transporte (Mintra) adjudicó en octubre de 2007 a OHL el tren Móstoles-Navalcarnero gracias a que, de las siete empresas que licitaron, obtuvo la máxima puntuación por lo ventajoso de su oferta económica-financiera.

La Fiscalía sostiene que la presentación de esa oferta obedeció a un plan ideado por López Madrid y otro exdirectivo de OHL "consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta".

Para lograr ese propósito -adjudicación inicial y posterior modificado- López Madrid habría abonado 2,5 millones de dólares -aproximadamente 1,8 millones de euros- como "ilícita comisión" destinada a lldefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González González "a fin de que ejercieran su influencia sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de Mintra".

OHL presentó dos propuestas a la baja (en la tarifa técnica y renunciando a la banda de ingresos mínimos) que, "si bien aparentemente resultaban compatibles con el pliego de condiciones, impedían claramente la normal ejecución de la obra".

Dadas las dificultades arrastradas desde la adjudicación del contrato "debidas a las limitaciones económicas de la oferta", OHL pidió y obtuvo en octubre de 2010 un nuevo plazo para la ejecución de las obras.

Luego solicitó una modificación del contrato aduciendo causas imprevistas, "incluyendo ahora las siguientes propuestas económicas que, de haberse incluido en la propuesta inicial, habrían determinado la desestimación de su oferta", señala el escrito de acusación.

Esa petición no fue aceptada por la Consejería de Transportes "a pesar de la actividad desplegada al efecto por Jesús Trabada". La empresa de OHL adjudicataria, Cercanías Móstoles Navalcarnero, acabó en concurso de acreedores en 2016, "no llegando a ejecutar las obras".

En su escrito de defensa, López Madrid afirma que su puesto de consejero dominical de OHL era "meramente institucional y sin funciones ejecutivas". Por ello, "carecía de poderes que le permitieran actuar en representación de OHL, ordenar pagos o instruir a terceros para que lo hicieran".

Asegura, además, que en aquella fecha "no tenía relación alguna" ni con Ignacio González ni con Ildefonso de Miguel.

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