El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el empresario José Suárez Esteve y el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, en una imagen que aparece en el sumario.
La juez pide a la Fundación de Exteriores los contratos adjudicados a la empresa de drones de 'Mediador'
La Policía ha acreditado varios pagos del dueño de la compañía de drones al general de la Guardia Civil que coordinaba los proyectos de la Fundación FIIAPP.
2 marzo, 2023 02:47La juez que investiga el llamado caso Mediador ha ordenado a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le entregue el expediente completo de cuatro contratos que adjudicó a una de las empresas implicadas en la trama de corrupción.
La empresa beneficiaria de estos contratos es la mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones SL, cuyo propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, que quedó en libertad tras ser detenido. Aunque oficialmente figura como responsable de la empresa su hija.
La Policía sospecha que José Santiago Suárez Estévez se benefició de su contacto con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (el único implicado que permanece en prisión), que coordinaba el proyecto GAR-Si Sahel de la Fundación FIIAPP.
La juez instructora ha incorporado al sumario la transcripción de una conversación en la que Suárez Estévez explica al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte: "Todo lo que hago con África, a través de Papá, ¿vale?", dice en alusión al general de la Guardia Civil. "El contrato que tengo ahí metido con el Ministerio... o sea, con la Fundación", añade. De hecho, la Policía ha conseguido acreditar distintos pagos que el empresario realizó tanto al general Espinosa Navas como al mediador Navarro Tacoronte.
Su empresa Asesoramiento y Servicios de Drones SL recibió en julio de 2020 un contrato de FIIAPP de 30.991 euros para suministrar drones al programa GAR-SI Sahel financiado por la Comisión Europea. En este caso, la sede del proyecto es Mauritania.
En un segundo expediente, la mercantil proporcionó en Níger drones para el mismo proyecto FIIAPP por 43.801 euros. En septiembre de 2021, Asesoramiento y Servicios de Drones SL recibió otro contrato de la fundación pública, por valor de 14.000 euros para suministrar equipos a la Gendarmería de Mali.
Por último, la juez también ha pedido a la fundación que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores el expediente de un cuarto contrato, adjudicado en 2021 a la empresa de drones por 24.900 euros, para suministrar sistemas de detección e inhibición de UAVs portátiles.
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En conjunto, la compañía de Suárez Estévez se embolsó un total de 113.692 euros de la Fundación FIIAPP, que preside la ministra de Economía, Nadia Calviño.
La juez instructora del caso, la magistrada María de los Ángeles de Lorenzo, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, quiere analizar si hubo irregularidades en estos expedientes. Y así lo ha hecho constar en un reciente auto, fechado a mediados de febrero y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Todos estos contratos tenían el objetivo de dotar de material a las misiones de formación que dirigía en la zona del Sahel el general de división de la Guardia Civil jubilado Francisco Espinosa Navas (alias Papá).
La juez ha solicitado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que rastree todos los bienes que el general Francisco Espinosa Navas pueda poseer en Mauritania, Níger, Mali, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, países a los que ha viajado durante los últimos tres años como responsable de la Fundación FIIAPP.
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Del mismo modo, la juez remitió el pasado mes de diciembre a Bélgica una Solicitud de Asistencia Judicial en Materia Penal, para confirmar si el general de la Guardia Civil tiene una cuenta bancaria en aquel país, en la que habría ocultado una parte de su patrimonio de forma ilícita, según las sospechas de la Policía.
El sumario de esta causa, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sitúa al militar en una de las dos cúspides de la supuesta trama corrupta, dedicada a cobrar mordidas a empresarios para conseguir adjudicaciones o eliminar sanciones. La otra cabeza de la red, según los investigadores, sería el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni), que ya ha sido suspendido en el PSOE tras su arresto.
Pero además de estos contratos públicos, la empresa dedicada a la venta de drones recibió, a lo largo de los últimos tres años, adjudicaciones de otros ministerios y de diversas administraciones locales. Uno de ellos fue el que le concedió el Ejército de Tierra en noviembre del año 2021, según los datos consultados por este diario. El objeto del mismo era la "adquisición de aeronaves no tripuladas", por valor de 14.997 euros.
Según consta en el sumario del caso, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife señala que el diputado Tito Berni ostentaría "la cúspide de una organización criminal asentada en Canarias". Su interés no sería otro que el de "enriquecerse ilícitamente mediante delitos relacionados con la corrupción".
Además del diputado, como intermediario en esta trama figuraría Marcos Antonio Navarro Tacoronte —el mediador del que el caso toma el nombre—, que sería el encargado de conseguir el pago de dádivas por parte de empresarios que se beneficiarían de los tejemanejes, tanto para obtener subvenciones y anular sanciones como para extender su negocio al archipiélago. La Policía enumera estas dádivas: "prostitutas, cocaína, viagra, cenas...".
En otro auto dictado el pasado 14 de febrero, la juez instructora ha pedido a la Consejería de Agricultura y Ganadería del gobierno canario que le facilite todos los expedientes que haya tramitado respecto a ocho empresarios del sector quesero y ganadero.
La juez ha realizado esta diligencia tras constatar que los ocho empresarios hicieron pagos al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, a su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez (que en aquel momento era director general de Ganadería del ejecutivo regional) y al intermediario Marcos Antonio Navarro Tacoronte.
La trama corrupta reclamaba estos pagos a los empresarios del sector, bien para garantizarles que se beneficiarían de subvenciones del gobierno autonómico, o para lograr que se archivaran los expedientes sancionadores que tenían abiertos.
