A escasos días de que se celebre el 8-M, Día Internacional de la Mujer, no hay acuerdo entre PSOE y Podemos para corregir la Ley del sólo sí es sí. Mientras, el goteo de delincuentes sexuales beneficiados suma y sigue: la aplicación de esta norma ya ha dejado en libertad a 74 agresores sexuales.
El proyecto estrella del Ministerio de Igualdad también ha reducido las condenas de 721 pederastas, agresores o violadores. Y aún quedan decenas de sentencias por revisar.
Éstos son los datos comunicados este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, las cifras reales son, sin duda, superiores, ya que no todos los órganos judiciales han aportado al CGPJ la información actualizada.
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Este recuento tampoco incluye las revisiones de pena tramitadas por los Juzgados de lo Penal, que enjuician algunos de los delitos sexuales más leves, cuya tipificación no alcanza los cinco años de prisión. El Tribunal Supremo también ha informado de que existen 224 recursos de casación pendientes, en los que ya se ha dado traslado a las partes para que efectúen alegaciones.
Con todo ello, la Ley Orgánica 10/22 —su nombre oficial— sigue sin reformarse y aún enfrenta a las dos alas del Gobierno. La intención del PSOE de corregirla —presentó hace varias semanas una proposición para ello— provocó la reacción airada de Podemos, que acusó a los socialistas de "tratar de volver al Código Penal de La Manada", en alusión a la violación grupal de los Sanfermines de 2016.
"El PSOE no se quiere sentar a hablar", mantienen fuentes parlamentarias de Podemos. El próximo 7 de marzo, un día antes del 8-M, se producirá la toma en consideración de la proposición de ley socialista para corregir el sólo sí es sí. Es decir, el Pleno de la Cámara Baja decidirá entonces si acepta la tramitación de esta proposición.
Aunque no retoma la diferencia entre los tipos penales de abuso sexual y de agresión, la intención del PSOE sí pasa por recuperar, en gran parte, el marco de delitos anterior, el previo a la modificación que impulsó la norma estrella de Irene Montero. La LO 10/22 fundió ambos ilícitos en uno, el de agresión sexual. Y modificó a la baja su horquilla de penas, abriendo así la puerta a las revisiones de condena. Aunque Irene Montero y su equipo, en un inicio, lo negaran.
En su propuesta de reforma del texto, los socialistas optaron por agravar las conductas cometidas con violencia o intimidación y castigar más levemente aquéllas que no la emplean, pese a la oposición de su socio en el Gobierno.
Por otro lado, a pocas horas de este trámite parlamentario y a unas pocas más de que las feministas salgan a la calle, los aliados del Gobierno —los socios del llamado bloque de investidura— siguen reclamando una respuesta pactada para reformar el sí es sí.
La propia Irene Montero, ministra de Igualdad, también reclamó este sábado una respuesta "unitaria" del Gobierno. "Le vamos a seguir pidiendo al PSOE que se siente y que podamos alcanzar lo antes posible un acuerdo; nosotras no nos hemos levantado de la mesa", declaró antes de participar en un evento feminista.
"Mi voluntad es tener un acuerdo antes de que haya un debate en el Pleno [del Congreso] que permita a la derecha y a la ultraderecha negacionista de la violencia contra las mujeres, y también de las violencias sexuales, sumar sus votos para volver al Código Penal de la violencia o la intimidación", ha añadido.
Desde Podemos insisten en el mismo leitmotiv: "proteger el consentimiento". Fue esta idea en la que se basó la fusión de la agresión sexual y el abuso sexual en un único tipo penal. Sin consentimiento, todo debe ser considerado agresión. Y sigue siendo una de las líneas rojas del partido izquierdista, que mantiene su negativa a diferenciar, como antes, los dos delitos.
La proposición del PSOE
Por contra, la proposición del PSOE sí agrava las agresiones sexuales cometidas con violencia o intimidación. Todas ellas; las violaciones (agresiones con penetración) y las que no lo son. No obstante, no recupera en ningún caso el tipo de abuso sexual, aunque sí explicita la existencia de agresiones sexuales cometidas sin violencia, que serán castigadas de forma menos severa.
Así lo resumía la exposición de motivos de la proposición de ley: "Respetando este modelo, es importante blindar la ley en favor de las víctimas y evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mínimas de los nuevos marcos penales, que son más amplios, para que en casos graves no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas".
"Pero sin afectar al corazón de la norma, ya que se mantiene la íntegra definición del consentimiento", añadía el preámbulo, antes de considerar necesario "establecer unas penas distintas y más graves para las agresiones sexuales (...) cuando se realicen con violencia o intimidación o sobre una víctima con voluntad anulada".