Un error procesal ha provocado que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya vuelto a imputar a la exconsejera de Educación madrileña Lucía Figar en el caso Púnica.
El pasado octubre, el juez instructor, Manuel García-Castellón, archivó esta causa para ella, para Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y Justicia; para el exviceconsejero Manuel Pérez, para quien fuera director de Prensa de la Consejería de Educación Pablo Balbín; para el empleado de comunicación Luis Sánchez y para la empresaria María Luisa de Madariaga.
Sin embargo, Anticorrupción se opuso al sobreseimiento de Púnica para todos ellos y recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Figar dimitió de su cargo en 2015, tras ser imputada por primera vez en esta causa.
Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso de la Fiscalía y ordena volver a imputar a Lucía Figar, a Manuel Pérez, a Luis Sánchez y a Pablo Balbín. La Audiencia Nacional, por contra, sí confirma el archivo para Madariaga y para el exconsejero Salvador Victoria, de quien la Sala recalca que no hay suficientes indicios en su contra como para mandarle a juicio, más allá de las tesis de Fiscalía.
En un auto fechado este lunes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los magistrados señalan que el juez instructor tomó la decisión de archivar la causa para Figar, Pérez, Sánchez y Balbín en el marco de la pieza 9 del caso Púnica, cuando éstos formaban parte de la número 10, que se abrió para investigar los posibles delitos vinculados a la Consejería de Educación. Es por esta "incorrección procesal" por la que la Sala opta por volver a imputarles, aunque avisa: el juez instructor podrá volver a archivar la causa para ellos en la pieza correcta, la décima.
El tribunal compuesto por Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri reprocha que el Ministerio Público pudo interponer un recurso de reforma; es decir, solicitar al propio juez instructor la modificación de su auto del pasado octubre. Pero Anticorrupción recurrió en apelación, ante la instancia superior al Juzgado, la Sala de lo Penal.
"Podría igualmente el Ministerio Fiscal haber articulado previamente el recurso de reforma, dando la oportunidad al magistrado instructor, si, como dice, echaba en falta lo que señala, para que reparase la cuestión suscitada", establecen.
El pasado octubre, García-Castellón exoneró a más de 70 personas en esta causa. No obstante, el juez sí propuso mandar a juicio a, entre otros, el exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados.
Los fiscales del caso no recurrieron la decisión del juez de librar a Esperanza Aguirre del banquillo. Al final de la instrucción, la propia Fiscalía se opuso a acusar a la expresidenta madrileña, al no ver suficientes indicios en su contra.
Esperanza Aguirre e Ignacio González, en una imagen de 2012.
Lo mismo sucedió con quien fuera su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien el magistrado también sobreseyó provisionalmente la causa.
Archivos
En un largo auto de 257 páginas, dictado el pasado 14 de octubre, el juez García-Castellón propuso sentar en el banquillo a un total de ocho personas y a dos empresas por esta pieza del caso Púnica, que indagó en la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid y en los trabajos de reputación online que disfrutaron dirigentes de la formación.
En aquella resolución, el juez sí exoneró a quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. "Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada", concluyó.
"Lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los [hechos investigados]", concluyó García-Castellón, quien recordó que los supuestos delitos electorales vinculados a las campañas autonómicas de 2007 y 2011 habrían, además, prescrito.
El sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era el político Francisco Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una caja B en el PP regional.
Contratos
El magistrado sí reconocía en su auto que, desde abril de 2012 hasta su dimisión, Esperanza Aguirre se benefició de los servicios de reputación digital y posicionamiento online prestados por las empresas del experto informático Alejandro de Pedro, uno de los imputados que García-Castellón propone juzgar.
"No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", razonaba aquel auto.
La expresidenta del PP madrileño fue citada a declarar como investigada en Púnica debido a un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba a ciertos servicios de reputación online que habrían sido prestados sin que existiese un contrato firmado entre la compañía y el Partido Popular o la Comunidad de Madrid.
Además de Aguirre y González, también se libraron del banquillo en Púnica, entre otros, el constructor David Marjaliza, el exministro y fundador de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, también empresario y yerno del anterior, además de consejero delegado del Grupo Villar Mir.