El juez afea a Podemos que pida la imputación de la funcionaria de Madrid que negoció con Luceño

El juez Adolfo Carretero, instructor del caso Mascarillas, ha afeado a Podemos, que ejerce la acusación popular en esta causa, que insista en solicitar la imputación de Elena Collado. Se trata de la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid que negoció con el empresario Alberto Luceño la compraventa de guantes, mascarillas y test contra la Covid-19 en marzo de 2020, al inicio de la pandemia.

En dicha causa, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid investiga la supuesta estafa sufrida por el consistorio de la capital en esta operación comercial. Como únicos imputados figuran Luceño y el aristócrata Luis Medina. Ambos cobraron abultadas comisiones por su labor de intermediación.

Podemos había solicitado al juez que tomase declaración a Collado "como autora de un delito de prevaricación administrativa por omisión en concurso medial con un delito de malversación impropia". Según el partido, la funcionaria, que firmó los contratos con Luceño y Medina, permitió "con su conducta precios excesivos en beneficio de los investigados" y causó al Ayuntamiento "un perjuicio de 625.000 euros, en el caso de los guantes, y un perjuicio de 2.000.000 euros en el caso de los tests".

El empresario Alberto Luceño, en una imagen de archivo. Europa Press

Pero en un auto fechado este miércoles, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Carretero lo deniega e insiste: "Este instructor ya ha dicho en diversas resoluciones, sin que la Audiencia Provincial le haya corregido, sino, más bien confirmado, que el Ayuntamiento de Madrid tiene la condición de perjudicado en el presente procedimiento, por lo que no se van a admitir diligencias como las solicitadas por Podemos, encaminadas a investigar la conducta de los cargos municipales para ver si tienen alguna relación directa o indirecta con la estafa investigada, sin que se haya acreditado indicio serio que justifique las mismas".

Carretero subraya que Collado "no cometió ningún delito de prevaricación expresa al no dictar resolución alguna". Y tampoco ningún delito de prevaricación por omisión, ya que facilitó la documentación de los contratos al Consejo de Administración de la funeraria municipal, que fue la empresa pública a través de la cual se encargaron los guantes, mascarillas y test contra la Covid-19. Elena Collado ya declaró en esta causa como testigo.

El Consejo de la funeraria "no puso objeción alguna a la firma de los contratos", recuerda el juez, quien recalca también que "no correspondió" a Collado exigir el cumplimiento de los contratos, sino a la empresa municipal. Carretero también insiste en que la funcionaria solicitó a Luceño la devolución del coste de los guantes cuando se descubrió que eran defectuosos y le trasladó su queja por los defectos de los test anticoronavirus.

"Y todo lo anterior, teniendo en cuenta que la señora Collado nunca supo que los investigados Luis Medina y Alberto Luceño hubieran aumentado el precio del material por sus abultadísimas comisiones, de modo que no consintió dolosamente que se malversaran los fondos públicos", concluye el magistrado.

Carretero recalca que, en esta instrucción, no se investiga "si la señora Collado fue mejor o peor gestora en los contratos investigados, sino si participó de alguna manera en la presunta estafa al Ayuntamiento, prevaricó en la contratación o consintió que los investigados se apropiasen de dinero público". Y todo ello ya ha sido descartado a lo largo de la investigación.

"El partido político Podemos no aporta una prueba bastante que haga cambiar el criterio de este instructor, que es el mismo que mantiene el Ministerio Público y la Audiencia Provincial de Madrid", señala. Por ello, deniega a Podemos todas las diligencias que había solicitado.

'Caso Mascarillas'

A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho —a ojos de Fiscalía— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.

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La funeraria municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.

Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Por ello, ambos ya están investigados por falsedad documental. En el caso de Luceño, suma ahora un nuevo delito por este motivo en lo relativo a la placa falsa del CNI que la Policía encontró en su casa.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Además de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.