La Policía señala a 4 jefes de ETA por su "capacidad para decidir" en la muerte de Miguel Ángel Blanco

La Policía Nacional señala a varios exjefes de ETA por su "capacidad para decidir" sobre el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, ocurridos en julio de 1997.

Así figura en un informe de 160 folios, fechado el pasado 10 de marzo, firmado por un comisario y un inspector jefe de la Comisaría General de Información (CGI) y que ya ha sido enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga los hechos.

Esta causa se inició con una querella de Dignidad y Justicia (DyJ). La asociación de víctimas acusaba a varios líderes de ETA, que conformaban la denominada zuba o comité ejecutivo, por su capacidad de decisión sobre el destino del concejal, una vez fue secuestrado. Éstos serían, a juicio de DyJ, una especia de autores intelectuales del atentado, en cuyas manos estuvo también la posibilidad de evitar que Miguel Ángel Blanco fuese, finalmente, asesinado.

El informe policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sí confirma la "estructura sumamente jerarquizada" de la banda terrorista.

"Sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño, este responsable les trasmitía las órdenes emanadas de otro responsable superior o, directamente, del órgano directivo", indica la CGI. "No  existe otra posibilidad en el caso del asesinato que aquí nos ocupa que los integrantes del comité ejecutivo autorizaran el atentado", concluye.

Tras examinar decenas de documentos, la Policía subraya que, cuando Miguel Ángel Blanco fue secuestrado en julio de 1997, "los máximos responsables" de cada uno de los aparatos en los que se estructuraba ETA eran: Ignacio Miguel Gracia Arregui (alias Iñaki de Rentería, encargado del aparato militar logístico), José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri; aparato militar y comandos ilegales), María Soledad Iparraguirre (apodada Anboto o Marisol; aparato militar y comandos legales) y Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza; aparato político).

"Los miembros de la zuba son conocedores, gestores y directores de la actividad de los comandos, de forma colegiada, y, por tanto, corresponsables de su accionar armado", subraya el dosier. "Solamente el comité ejecutivo (...) tenía la capacidad de tomar una decisión de la magnitud del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido", destaca.

Estructura militar

"Su estructura [de ETA] era muy cerrada y casi de naturaleza militar", señala la Policía, que recuerda que cada miembro de la banda conocía la existencia de esta zuba, de la que emanaban las órdenes, que respondían a "un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el comité ejecutivo".

"La capacidad de elección que tenía un militante una vez que decide entrar en ETA es nula: su futuro, incluso su salida de la organización, lo decide el comité ejecutivo, ejerciendo un total dominio sobre el militante", añaden los investigadores de la Policía.

La CGI señala que la cúpula de la banda también es la que facilita a los comandos ejecutores los recursos necesarios para atentar y la que decide los objetivos. "Los miembros del comité ejecutivo tenían la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista. Es más, en el caso de pretender atentar contra objetivos especiales, la dirección de ETA tenía que dar su autorización", insiste.

De hecho, la Policía recuerda que los jefes de la banda terrorista dieron la "orden expresa" de asesinar concejales del Partido Popular, como parte de su estrategia de "desestabilización del Estado". Y esa orden la recibieron varios comandos; entre ellos, el denominado Donosti, al que pertenecían Javier García Gaztelu e Irantzu Gallastegui, los autores materiales de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Ambos etarras ejecutaron el asesinato y ya fueron condenados, junto a un cómplice que colaboró en el secuestro.

En sintonía con la querella presentada por Dignidad y Justicia, los investigadores policiales también recalcan que los miembros del comité ejecutivo de ETA "no dieron la orden de poner en libertad a Miguel Ángel Blanco", pese a que tenían "pleno dominio del actuar de sus comandos armados". Pudieron —señala la Policía— "haber impedido su asesinato". Y no lo hicieron.