El ministro de Guinea Ecuatorial Nicolás Obama Nchama ha culpado a la diabetes de la muerte en una prisión del país de Julio Obama. Se trata de uno de los dos ciudadanos nacionalizados españoles que acusaron de secuestro y torturas a Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos de Teodoro Obiang, el dictador que preside la nación centroafricana.
Así se pronuncia la abogada de Nchama en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. A lo largo de sus doce folios, desmenuza los motivos por los que solicita el archivo de la causa para el ministro guineano.
El titular del Juzgado, el juez Santiago Pedraz, citó a declarar para el próximo día 28 a este dirigente, así como a Isaac Nguema, director adjunto de la Seguridad de la Presidencia, y a Ovono Obiang, quien, además de hijo de Teodoro Obiang, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Un avión del Gobierno de Guinea y la foto de Carmelo Ovono, hijo de Teodoro Obiang.
Un informe policial incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que los tres investigados usaron un avión presidencial del Gobierno ecuatoguineano para secuestrar en Sudán del Sur, en 2019, a Julio Obama y a Feliciano Efa.
Ambos, que formaron parte de las Fuerzas Armadas españolas —el primero, como legionario y el segundo, como paracaidista—, eran miembros del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) organización opositora al régimen de los Obiang.
En su escrito, la defensa de Nchama recuerda que un pariente de Julio Obama manifestó ante la Policía que temía por la vida de este último, "ya que es diabético y su tratamiento con insulina es diario". "Dicha enfermedad grave del señor Julio Obama y su posibilidad de fallecer a consecuencia de la misma ya ha sido puesta de manifiesto por el familiar del denunciante", recalca.
"La insinuación siquiera de que el señor Julio Obama haya podido fallecer como consecuencia de cualquier tipo de represalia es, cuando menos, altamente injuriosa, aparte de carente de toda lógica", reitera la defensa. La Audiencia Nacional ya ha solicitado a las autoridades de Guinea que el cuerpo de Obama sea repatriado para realizarle una autopsia. Pero los restos mortales aún no han llegado a España.
No declarar en España
La abogada de Nicolás Obama Nchama en su escrito, avanza que, "dadas sus ocupaciones", el ministro no puede desplazarse a España.
A su vez, critica que "los supuestos secuestrados se escuden bajo la inocente apariencia de una asociación de nombre motivador para continuar maquinando y atentando contra un Estado soberano, siendo reconocidos terroristas que han colaborado con mercenarios cameruneses, chadianos y centroafricanos".
Asimismo, pone en duda que la Audiencia Nacional sea competente para investigar estos hechos. Entre otros asuntos, los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional se encargan de investigar delitos de terrorismo, narcotráfico a gran escala, graves delitos económicos o los cometidos por españoles en el extranjero.
"Recalcar que Nicolás Obama ni es español ni reside habitualmente en España, con independencia de que sea portador de un permiso de residencia, pues es evidente que su cargo de ministro le impide ausentarse de su país [Guinea Ecuatorial] por el tiempo mínimo para considerar siquiera dicha posibilidad acorde a la normativa española de extranjería", señala la abogada del ministro guineano de Seguridad Nacional.
La abogada de Nicolás Obama también cuestiona "que los supuestos secuestrados sean españoles y, aunque así fuera, no consta que hayan renunciado a su nacionalidad ecuatoguoneana para la adopción de la española". Y reitera que las presuntas víctimas tienen, desde hace años, su domicilio habitual en Guinea.
"Tampoco se ha probado que fueran siquiera residentes en España", añade, tras descartar, a su vez, que existan indicios de los supuestos delitos de terrorismo o de lesa humanidad. "En todo caso, (...) la supuesta detención de los opositores al régimen vigente en Guinea Ecuatorial, consistió en (...) detener y poner a disposición de las autoridades judiciales de dicho país a los presuntos autores de un delito contra el orden constitucional de Guinea Ecuatorial", expone.
"Otra cosa es si las vías utilizadas para llevar a efecto dicha detención se ajustan o no a la legalidad o si en el proceso se observaron las irregularidades denunciadas", matiza.
Muerte de Julio Obama
Esta causa judicial se inició con la admisión a trámite de una querella presentada, precisamente, por el MLGE3R.
La organización señala que los tres investigados secuestraron en 2019 en Sudán del Sur a Julio Obama y Feliciano Efa, dos guineanos nacionalizados españoles. El primero murió recientemente en una prisión ecuatoguineana, poco después de que, una vez la Justicia española notificara la querella a los imputados, éstos pudiesen volver al país africano. El Movimiento sospecha que el fallecimiento de Obama fue una "represalia".
La Policía Nacional también acusa a Ovono de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, la CGI asegura que creó una empresa en España para camuflar las vigilancias y seguimientos que coordinaba contra los disidentes políticos.
Una vez Ovono fue localizado en Madrid, el juez Pedraz, instructor del caso, modificó su criterio previo —antes, había ordenado a la Policía que le detuviese— y optó únicamente por notificarle la querella del MLGE3R.
Además de Efa y Obama, otras dos personas —ambas, ciudadanos ecuatoguineanos y militantes del MLGE3R— también habrían sido secuestradas y, posteriormente, encarceladas. En su escrito dirigido al Juzgado, la defensa de Nchama las menciona: "Hay otras tres personas en esta misma causa en prisión, todas ellas vivas, y que además llevan desde 2019".
Puigdemont, Sánchez, Pegasus...
En su escrito, la defensa de Obama Nchama también compara el habitual discurso en contra de la Justicia española del "refugiado" Carles Puigdemont, expresident de Cataluña, con las críticas de las supuestas víctimas al régimen de los Obiang.
"Esta situación que vive actualmente Guinea Ecuatorial, y que se refleja en este procedimiento, no es muy distinta de la vivida por España con el independentismo catalán, con personajes como Puigdemont, refugiado en Bruselas porque 'la Justicia española no ofrece garantías' y buscado por similares delitos que los supuestos secuestrados", indica la letrada.
Del mismo modo, tacha de "pueriles" las declaraciones de los testigos protegidos de esta causa, que aseguraron que los investigados sometieron a torturas a los dos activistas secuestrados a fin de obtener las contraseñas de sus dispositivos electrónicos.
"No pueden sino resultar grotescas, cuando estamos hablando de personas que, como el caso de mi representado, es ministro de Estado de Seguridad y en su ministerio hay profesionales sobradamente competentes y que cuentan con tecnología avanzada que hace sobradamente innecesaria dicha cuestión, siendo de público conocimiento que con software similares a Pegasus pueden piratear hasta el móvil de [el presidente del Gobierno] Pedro Sánchez, pese a la seguridad que se supone que debe tener, por lo que resulta carente de toda lógica que las torturas estuvieren dirigidas a obtener claves de móviles o de redes sociales", indica.