Álvaro Cuesta, al fondo, junto con los vocales Concepción Sáez y Rafael Mozo, en una imagen del pasado 13 de octubre./ Efe
El chat del vocal del CGPJ afín al PSOE que desvela la maniobra: "Si nos vamos 8, no se constituirá el pleno"
Álvaro Cuesta convoca al sector progresista del Consejo para el próximo martes con el fin de proponer una dimisión en bloque.
24 marzo, 2023 02:45El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto reunirse el próximo martes para debatir la propuesta de Álvaro Cuesta -el consejero más próximo al PSOE, partido del que fue diputado durante 29 años- de que dimitan todos ellos en bloque para dejar sin quorum al Pleno de la institución, que no podría reunirse.
La idea fue explicitada por Cuesta en un mensaje enviado este jueves a los vocales de su grupo, con los que comparte un chat. Según fuentes del CGPJ, Cuesta proponía celebrar una reunión hoy mismo, viernes, aunque finalmente se pospuso al martes por la imposibilidad de asistir de varios consejeros.
Según Cuesta, tras la dimisión de Concepción Sáez, presentada el pasado día 13 y aún no aceptada, "nuestra presencia en el CGPJ queda en evidencia".
Tras mencionar la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces por parte del Parlamento, el vocal considera que "ya hemos cumplido" y que "nuestra obligación es abrir el debate sobre la situación del CGPJ y la posible dimisión de los vocales".
"Con el artículo 600.4 [de la Ley Orgánica del Poder Judicial] parece que la válida constitución del Pleno requiere 10 vocales y el presidente. Si nos vamos ocho como mínimo, ya no se constituiría válidamente el pleno".
El boicot del Pleno por falta de quorum exigiría la dimisión de todos los miembros del sector progresista, incluido el presidente suplente, Rafael Mozo. Dado que la LOPJ establece que, para ser efectiva, la renuncia de un vocal debe ser aceptada por el presidente, se daría la llamativa situación de que Mozo tendría que aceptarse a sí mismo la renuncia como vocal.
Hasta el momento, de los ocho integrantes de ese sector sólo ha dado el paso de dimitir Sáez. A finales de 2020, Cuesta -privilegiado con su integración en la Comisión Permanente desde el principio del mandato hasta la actualidad- amagó con renunciar, pero no llegó a hacerlo.
En los últimos meses ha esgrimido la exposición de motivos de la Ley Orgánica 4/2021 para sostener que es preciso "garantizar que no se produzca una parálisis en el funcionamiento" del CGPJ, tal como ordena esa norma, que limitó las competencias del Consejo en prórroga.
Ahora Cuesta recupera la idea de una dimisión masiva, movimiento sobre el que hay dos interpretaciones. Una, más benévola, es que la renuncia de Concepción Sáez "ha puesto de manifiesto la incoherencia de Cuesta y, además, ella le ha pasado por la izquierda".
Pero la creencia más extendida en el Consejo es que "ha recibido la indicación política de montar follón" aprovechando la dimisión de Sáez. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Cuesta para obtener su versión, sin que el vocal haya respondido.
Debate en el Pleno
Además de convocar la reunión interna del sector progresista, Álvaro Cuesta ha anunciado que pedirá a Mozo que incluya el debate sobre la situación del Consejo en el próximo Pleno, previsto para el jueves día 30.
El CGPJ está en prórroga de mandato desde diciembre de 2018 y no hay perspectiva de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo sobre su renovación en este momento, a las puertas de las elecciones locales y autonómica de mayo.
La dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo el pasado 9 de octubre no sirvió para forzar la renovación. En el ámbito interno, tras la conmoción inicial, no hubo ninguna otra renuncia sino más bien lo contrario: los vocales de ambos sectores se conjuraron para mantener la institución a flote.
Al día siguiente de que se rompieran por última vez las negociaciones para sustituir al CGPJ (27 de octubre de 2022), Cuesta manifestó a este periódico que "aunque nos lo pida el cuerpo, no podemos ni plantearnos la dimisión porque el marco legal lo impide. Quienes jalean que hagamos lo que Lesmes y nos marchemos no se dan cuenta de que la LOPJ nos encomienda unas funciones que nadie puede ejercer en nuestra ausencia".
En aquel momento, Álvaro Cuesta priorizaba, en sintonía con el Gobierno, la renovación del TC (que se lograría finalmente dos meses después). "El Consejo no se puede permitir no elegir a los dos magistrados que le corresponden. Habría incluso responsabilidades penales por un incumplimiento intencionado y manifiesto de la ley, que impide bloquear las instituciones", declaró entonces a este periódico.
Ese mismo argumento era recordado este jueves por otros vocales del CGPJ, pero aplicado a la 'resurrección' de la dimisión conjunta: "Ojo, que el artículo 409 del Código Penal sigue ahí". ["A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años].
